Seguridad climática como derecho humano
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) seguramente ha establecido, en serio, una referencia histórica al haber condenado al gobierno de Suiza por su inacción contra el cambio climático. El alto tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la argumentación de que una política poco diligente en materia medioambiental puede comportar vulneraciones de los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Así lo presentaba la demanda presentada por la asociación KlimaSeniorinnen Schweiz, a la que ha dado la razón el TEDH. Esta asociación está formada por más de 2.500 abuelas suizas (la mayoría de ellas, cómo podemos leer en la noticia de Laia Forès en este diario, pasan de los setenta y cinco años), pero el aire simpático de este dato no debería despistarnos de la importancia del hecho: existe una sentencia firme de un tribunal europeo que dice que gobernar sin tener en cuenta el cambio climático, o sin dedicarle la atención y los esfuerzos suficientes, atenta contra los derechos humanos. La jurisprudencia que se establece es importante ahora, y lo será aún más si, como todo hace prever, las elecciones europeas de junio llevan un significativo aumento de los partidos de extrema derecha y negacionistas en el Parlamento Europeo. Y es importante, también, porque es preciso recordar que las sentencias de los tribunales europeos son de aplicación a los estados miembros de la Unión Europea, exactamente igual que si fueran sentencias emitidas por los tribunales de esos estados. Esto hay que subrayarlo en un país como España, cuya magistratura tiende a olvidar, cuando le interesa, sus obligaciones con el derecho comunitario. Y con un sistema autonómico actualmente lleno de gobiernos del PP y Vox, que encuentran un placer especial en legislar desde el negacionismo climático y contra los objetivos marcados por la Agenda 2030.
Una de estas comunidades son Baleares, donde, como suele decirse, siempre ocurre todo antes. Justamente el Parlamento de Baleares fue pionero hace un año en aprobar la ley del bienestar de las generaciones futuras, fruto de una iniciativa legislativa popular promovida por el GOB (una entidad ecologista de referencia en Baleares), que significó dos cosas : un avance importante en la legislación contra el cambio climático y un éxito de la participación ciudadana, que veía cómo una ILP se convertía en ley gracias al consenso político de todas las fuerzas progresistas. Y con la oposición, por supuesto, del PP y Vox, que recientemente han contraatacado con una desregulación urbanística del suelo rústico que constituye, en la práctica, una letra de convite y carta blanca a la especulación desatada.
La sentencia del TEDH no trata tan sólo de las exigencias de las madrinas suizas sino, justamente, del futuro de los europeos. Buena parte de la discusión política ya trata, y tratará aún más, del enfrentamiento entre aquellos que intenten imaginar un urbanismo que pueda responder a la emergencia climática ya los cambios demográficos y sociales, y aquellos que prefieran apurar las últimas restos de un modelo caduco de explotación intensiva del territorio, tanto rústico como urbano.
