Esta propuesta se podría definir como un déjà-vu, puesto que es casi igual que la petición de pacto fiscal que en el 2012 llevó a la Moncloa Artur Mas y que Mariano Rajoy rechazó. La propuesta también aparecía de forma casi idéntica al proyecto de Estatuto de Autonomía que había aprobado el Parlament de Catalunya en el 2005 y que acabaría recortado en las Cortes españolas. Uno de los puntos que cayeron primero del redactado presentado por la cámara catalana en el Congreso fue justamente el sistema de financiación.
La última propuesta del Gobierno es la misma de siempre: un sistema de financiación propio para Cataluña basado en una Agencia Tributaria de la Generalitat que recaude la totalidad de los impuestos que pagan los ciudadanos y empresas catalanas. A efectos prácticos, pues, Cataluña pasaría a tener una financiación foral como la que la Constitución garantiza en el País Vasco y Navarra. Es el modelo que defienden Esquerra y también Junts, ya que ambos partidos lo han reflejado en su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez.
Actualmente Cataluña se financia a través del sistema que comparten 15 comunidades autónomas: el Estado recauda y reparte el dinero a cada comunidad de acuerdo con un complicado sistema de cálculo. De acuerdo con la nueva propuesta, Catalunya quedaría al margen de este sistema y el Gobierno catalán pasaría a ser quien recaudara todos los impuestos en Catalunya. ¿Qué pagaría la Generalitat en el Estado? Dos transferencias acordadas en una negociación bilateral: una primera para compensar todo el gasto e inversión de la administración central en Cataluña (infraestructuras, subsidios, etc.) o en beneficio de los catalanes (diplomacia, defensa, etc.), y una segunda de "solidaridad" para ayudar a las comunidades con menos renta.
Según el departamento de Economia, uno de los puntos fuertes de la última propuesta es que está mejor trabajada jurídicamente que las anteriores. La Generalitat argumenta que para llevarla a la práctica no es necesaria ninguna reforma constitucional, sino una modificación de la Lofca, la ley orgánica de financiación autonómica, que puede lograrse con una mayoría de diputados en el Congreso. También asegura que no existe ningún requisito para que todas las autonomías tengan el mismo sistema, ya que existen precedentes de diversas autonomías funcionando con sistemas diferentes a la vez, lo que beneficiaría a territorios como Baleares, ahora mismo en una situación similar a la de Cataluña.
La consejera de Economía, Natàlia Mas, aseguró que el gobierno catalán no se opondrá a las peticiones de otras comunidades de adoptar ellas también este nuevo modelo de financiación basado en la recaudación. Éste es el punto que desde el PP consideran menos viable, aunque la propuesta pone como ejemplo a Alemania, donde los estados federados recaudan el 100% del IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades.
La propuesta de Mas llegó poco después de que 20 instituciones de la sociedad civil y empresarial publicaran un manifiesto reclamando una reforma del sistema de financiación "muy profunda y amplia", ya que consideran que el sistema actual, caducado desde 2014, representa un freno al desarrollo económico de Catalunya.
Pero no todas las opciones políticas en Catalunya lo ven igual. La primera fuerza actual en el Parlament, el PSC, no quiere ir tan allá. El candidato del PSC, Salvador Illa, ha criticado el modelo actual, que considera injusto, pero su propuesta pasa por crear una agencia tributaria consorciada entre Estado y Generalitat y respetar el principio de ordinalidad. Es decir, reformar el sistema actual para que las comunidades que más dinero por habitante aportan a la caja común no sean las que menos reciben. En esta propuesta, la Generalitat seguiría recibiendo recursos en el marco del régimen común de las autonomías. "No estamos de acuerdo en que Catalunya sea la tercera en aportación de recursos y la decimocuarta en recepción", resumió Illa durante la precampaña electoral.
La inclusión de la ordinalidad que propone el PSC habría aportado entre 3.400 y 4.500 millones adicionales a las arcas catalanas en el 2021, entre un 7% y un 20% más de lo que recibió en realidad. En cambio, la Generalitat, con su propuesta y siguiendo el ejemplo del 2021, habría recaudado todos los 52.000 millones que pagaron los catalanes en impuestos y entonces habría pagado las transferencias correspondientes al Estado.
¿Es necesaria una financiación singular para Cataluña? ¿Cuáles deberían ser sus bases?
Els partits amb representacióARA
La postura de los partidos
PSC: ambivalente
El PSC apuesta por mejorar el actual modelo de financiación autonómica y por crear del Consorcio Tributario de Catalunya, paritario Estado-Generalitat, que prevé el Estatut para recaudar y gestionar todos los impuestos generados en Catalunya.
ERC: a favor
Su propuesta la presentó Aragonès en marzo: gestión del 100% de los impuestos y capacidad normativa plena, transferencias al Estado por los servicios que presta en Cataluña y un fondo de solidaridad con otras comunidades.
Juntos+: a favor
La propuesta de Junts es introducir una cláusula en la ley orgánica de financiación para que Catalunya salga del régimen común y el Estado ceda a la Generalitat la recaudación y gestión del 100% de los tributos que se pagan en Catalunya.
Vox: en contra
No quieren que Cataluña tenga una financiación singular, y en lugar de atribuir la falta de financiación al déficit fiscal, la atribuyen al “despilfarro de los recursos por la causa independentista”.
CUP: en contra
La CUP rehuye el debate de la financiación singular, que califica de debate autonomista. Defienden que la forma de tener más recursos por Cataluña es la autodeterminación y la independencia.
Comunes Sumar: a favor
Los comunes están a favor de un acuerdo de financiación que sea propio, pero solidario, de la misma forma que Cataluña tiene competencias de autogobierno singular como seguridad o prisiones.
Cs: en contra
Descartan una financiación singular por Cataluña y proponen que la financiación sea justa, pero en el marco del modelo de financiación económica.
PP: en contra
Para el PP una mejor financiación puede negociarse si se acaba con el Proceso y se entra en un “clima de negociación leal”. Sin concretar su modelo, aunque siempre dentro del régimen común autonómico, dicen que es necesario realizar una mejor gestión desde la Generalitat.
![Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalidad, en su despacho en la Consejería de Economía y Hacienda.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
![Els partits amb representació](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 600"%3E%3C/svg%3E)
