El poder judicial entra (una vez más) en campaña

BarcelonaEl primer día de campaña de las elecciones catalanas de 2021, los presos políticos (a excepción de Carme Forcadell que lo haría al día siguiente) salían de prisión con la concesión del tercer grado. Arrancaba así una carrera electoral en la que el independentismo tenía como gran reto rehacer su unidad en unos comicios a remolque de la inhabilitación del presidente Quim Torra. La misma fecha electoral de las elecciones del 2021, el 14 de febrero, también tuvo la intervención de los jueces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó el aplazamiento de los comicios que solicitaba el entonces vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonés, con el argumento de evitar contagios de la cóvido. Tres años después, con los indultos aprobados, la amnistía en camino y la sedición ya fuera del Código Penal, la cita electoral vuelve a estar condicionada por los movimientos de los jueces. Ya no hay dirigentes políticos en prisión, pero sí una nueva ola de exiliados que condicionará la campaña desde el primer día. De hecho, cuando el juez les cite a declarar, los investigados por terrorismo por el caso Tsunami podrían pasar a ser presos políticos.

La causa de Tsunami se ha ido hinchando y ya suma siete exiliados que se enfrentan a imputaciones por presunto terrorismo: los últimos en anunciar que se han ido a Suiza para evitar la cárcel son el dirigente de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el activista y empresario Josep Campmajó. Siguen los pasos del diputado Ruben Wagensberg, que acude a las listas de Esquerra y, si hace campaña, deberá hacerlo desde el extranjero ―así lo hizo en uno de los últimos grandes actos de Esquerra―; lo mismo hará la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también investigada por Tsunami, pero que no acude a las listas. Ante esta nueva ola de exiliados, Òmnium ha puesto en marcha una campaña que alerta de que, pese al diálogo con el Estado, la "causa general contra el independentismo" continúa. La primera actuación ha sido en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, ​​lugar insignia de las protestas de Tsunami.

El caso todavía podría dar un nuevo giro después de las elecciones y, tal vez, a las puertas de una investidura. Tanto Wagensberg como Carles Puigdemont, aforados ante el Tribunal Supremo, han sido citados a declarar entre el 17 y el 21 de junio, como presuntos cerebros de protestas como la del aeropuerto, el intento de bloqueo de Barajas o el corte de la AP-7 en La Jonquera. Eso sí: por videoconferencia, una fórmula a la que nunca se había prestado hasta ahora el juez García-Castellón. La gran incógnita –y de la que podría llegar a depender el futuro Gobierno– es cómo y cuándo aplicarán los jueces la ley de amnistía, que debería ver la luz en mayo. A la ofensiva pública de la cúpula judicial contra la norma y la posible avalancha de recursos judiciales se suman las reticencias de los jueces que tendrán que aplicarla y la guía para esquivar su aplicación que ya circula en algunos sectores de la magistratura.

El propio Puigdemont ha organizado una campaña condicionada por los jueces. Rompiendo con el precedente de 2017 y 2021, cuando hizo campaña telemática, el candidato de Junts se ha instalado en la Catalunya Nord después de más de seis años en Waterloo y desde allí hará el gran grueso de los actos electorales. La esperanza del expresidente (y la condición para que su promesa de restitución sea posible) es la amnistía: esto es lo que le permitiría volver libre de todas las causas que cuelgan del Proceso tanto en el caso del referéndum, el de Tsunami Democrático y una posible imputación, si llegara, por presunta traición en el caso Volhov.

Los efectos en las listas

Efectos de la cruzada judicial contra el 1-O también resuenan en las listas del 12-M. Meritxell Serrat, consejera de Acción Exterior y miembro en su día del Gobierno de Puigdemont, no puede presentarse aunque su condena por el referéndum aún no sea firme: la ley electoral estatal declara "inelegibles" a los condenados por un delito contra la administración, aunque estén pendientes de revisión. Es lo que también le ocurrió en el 2021 a Bernat Solé, exconsejero de Acción Exterior. En la CUP, el exdiputado Pau Juvillà se ha quedado fuera de la candidatura porque la justicia le comunicó que expiraba su inhabilitación por no descolgar lazos amarillos de la Paeria días después de que su partido hubiera registrado sus listas.

Siguen las instrucciones y las condenas, como las que deben ingresar en prisión los activistas Adrián Sas y Dani Gallardo, pese a que algunos expedientes hayan quedado aplazados a la espera de los efectos de la amnistía. La Audiencia Provincial de Barcelona pospuso este viernes un juicio a una activista acusada de desórdenes en las protestas postsentencia. Una decisión que se suma al aplazamiento del caso sobre el corte de las vías del AVE en Girona que se instruía en juzgado de Gerona; ya la suspensión de un recurso de apelación en el TSJC sobre el Proceso. El juicio contra Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y Natàlia Garriga también quedó aplazado en su caso por no coincidir con una campaña electoral en la que los jueces volverán a ser protagonistas.