El informe jurídico sobre los expedientes del 30% sostiene que no era necesario retrasar las sanciones

BarcelonaEn todo el lío en torno a las sanciones a los promotores que habían incumplido la reserva del 30% de vivienda social en Barcelona, ​​faltaba una pieza: el informe jurídico que debía desvanecer las dudas sobre cómo aplicarlas. Un documento que había solicitado el anterior ejecutivo municipal con el objetivo de dar todas las garantías a los procesos sancionadores y que el actual gobierno de Jaume Collboni había situado como una de las claves que explicaban el archivo temporal de las multas.

En su comparecencia de este lunes, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, explicó que ante las dudas legales que les generaba la vía sancionadora abierta por el gobierno anterior, decidieron cambiarla. En vez de realizar simultáneamente los procesos de restauración –adecuación de la obra a la legalidad– y los de sanción, el ejecutivo de Jaume Collboni optó por dividir estos dos caminos y esperar a completar el expediente restaurativo antes de volver a abrir la vía de las multas, como se quiere hacer ahora en el caso del edificio de la calle Castillejos. licitado por el anterior gobierno se había hecho para determinar si era correcto hacer en paralelo los procesos sancionadores y restaurativos "en vez de cómo realmente correspondería para dar seguridad jurídica, que es primero restitución y después sancionador". El informe –que el consistorio no había aportado a pesar de las peticiones del ARA, pero al que finalmente ha tenido acceso este diario– avala, sin embargo, la posibilidad de intentar cobrar las sanciones desde el principio sin agotar el expediente restaurativo.

En sus conclusiones, el informe remarca que "no se considera necesario" que haya que esperar al reconocimiento de la infracción por no haber pedido la licencia adecuada antes de iniciar el expediente sancionador porque la finalidad última de éste ya es "garantizar el cumplimiento de la legalidad". "Una interpretación que postule que la determinación de la infracción se produce en el momento en que se solicita una licencia desvirtuaría la finalidad de la potestad sancionadora", añade.

En definitiva, el documento sostiene que la sanción es prioritaria y que antes de iniciar el proceso de multa no es necesario esperar al reconocimiento de la infracción porque de alguna manera ésta es necesaria para esquivar la reserva del 30% de vivienda protegida. Es decir, que siempre habrá hecho falta que hubiera alguna irregularidad como no haber pedido la calificación provisional que establece que es necesario construir vivienda protegida y no haber solicitado la correspondiente licencia de obras mayores.

El informe también avala que se utilice la horquilla de sanciones más alta prevista en la ley por el Derecho a la Vivienda en vez de la Ley de Urbanismo, ya que considera que atendiendo al "principio de especialidad" hay que optar por la aplicación de la norma que prevea el hecho de forma más específica, y que en este D. Algo que permite que, como en el caso de los expedientes archivados, las multas por incumplir el 30% puedan llegar a ser de cientos de miles de euros.

Las dudas del gobierno de Collboni

Sin embargo, fuentes del actual gobierno municipal explican al ARA que aquel informe no les resolvió todas las dudas. Apuntan, por ejemplo, que abordaba la viabilidad de incoar el expediente sancionador, pero "no la viabilidad de imponer efectivamente la sanción si ésta llegaba a ser impugnada en sede judicial sin que antes se hubiera restituido la legalidad urbanística".

Por eso, aprovechando que los expedientes abiertos hasta entonces habían caducado, quisieron pedir más información "para dotarse de la máxima seguridad jurídica y del máximo de argumentos para que los sancionadores por haber incumplido el 30% de VPO tengan todas las opciones de ser validados judicialmente ante futuro". De ahí que, apuntan, se encargó otro informe en octubre de 2023 en el que, entre otros, se pide a los servicios jurídicos precisión para definir el concepto de "gran rehabilitación" a tener en cuenta en la infracción de reserva del 30%.

Aparte, las mismas fuentes cuestionan que el gobierno anterior encargara el informe cuando ya había iniciado los expedientes sancionadores. Remarcan también que el informe llegó cuando esos expedientes ya habían caducado. De hecho, este martes Bonet reprochó a los comunes que tres de los expedientes sancionadores caducaron a principios de junio del 2023, cuando Jaume Collboni aún no había sido elegido alcalde y eran ellos los que tenían la batuta del gobierno municipal, aunque en funciones.

A partir de ahí, el gobierno de Collboni decidió mantener archivados aquellos cinco expedientes sancionadores que acumulaban multas que rozaban los tres millones de euros, y decidió activar sólo de entrada los expedientes restaurativos. Ahora, un año y medio después y con una sentencia judicial avalando uno de esos expedientes restaurativos, el consistorio se prepara para abrir el primer expediente sancionador.

El Ayuntamiento de Barcelona renuncia a las multas a los promotores que incumplieron la reserva del 30%