Formación Profesional
Sociedad 07/09/2021

La reforma de la FP multiplica las horas lectivas en la empresa para reducir el paro juvenil

La nueva ley aprobada por el gobierno español permitirá acreditar las competencias de millones de trabajadores y conecta la FP con la universidad

ARA
4 min
La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes.

El gobierno español quiso hacer una declaración de intenciones desde el principio con la formación profesional y la colocó, por primera vez, en el nombre del ministerio. Después de la aprobación de la ley de educación –llamada popularmente ley Celaá–, este martes el consejo de ministros ha aprobado en segunda ronda la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP). Es uno de los principales compromisos del gobierno español, que espera que la reforma sea un revulsivo educativo y sobre todo laboral para miles de personas: por un lado, el ejecutivo quiere incrementar el número de alumnos que optan por la FP (todavía es del 12% en España, ante casi el 30% en el resto de Europa) y, por otro, reducir como sea las alarmantes cifras de paro juvenil, disparado al 37%. El caso es que se calcula que la mitad de nuevos trabajos requerirán una formación técnica como la que da la FP y, según ha recordado la ministra de Educación, Pilar Alegría, la tasa de paro entre los graduados de FP es seis veces más baja que entre el resto de jóvenes de su edad.

La normativa, que llega en un momento decisivo para la FP en Catalunya , con miles de aspirantes pendientes de si obtendrán una plaza pública, prevé flexibilizar los estudios, dar más protagonismo a las empresas –con un fuerte impulso de la formación dual– y dibuja, por primera vez, un sistema único dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como en el paro. "Cualquier persona, más allá de la edad y su situación, podrá encontrar una oferta formativa adecuada a sus necesidades", ha dicho Alegría.

La novedad más importante es que se unifica en un mismo sistema la formación para estudiantes y para los trabajadores. Esto permitirá agilizar la acreditación de competencias profesionales que tienen millones de trabajadores que, pese a disponer de amplia experiencia laboral, no tienen títulos oficiales que las acrediten. Hasta ahora el proceso era "lento y poco eficiente", hasta el punto que en una década solo 300.000 personas han podido acreditar sus competencias laborales. Según el ministerio, con la nueva ley se podrán acreditar las competencias de más de 3 millones de trabajadores en activo en cuatro años.

Cinco niveles

El grado A será el más básico y el E el más especializado

La nueva oferta de FP se estructura en cinco niveles, de grado ascendente según la duración de los cursos, con el objetivo de que cada trabajador o estudiante adapte su itinerario. El nivel más básico, el A, se ha denominado de "microformaciones" y consistirá en unidades formativas de poca duración y carga de trabajo que acreditarán parcialmente las competencias adquiridas. El segundo nivel, el B, supondrá realizar un módulo completo, por ejemplo acumulando diferentes cursos del grupo A. El siguiente escalón es el nivel C, a través del cual se podrá obtener un certificado profesional y hacer prácticas en empresas. El grado D hace referencia a los actuales ciclos formativos: los grados básicos (para mayores de 15 años), los grados de ciclo medio (después de la ESO) y los grados de ciclo superior (después de bachillerato). Y el nivel E se logrará con cursos de especialización de entre 300 y 800 horas.

Carácter dual

Más implicación de las empresas

Hasta ahora, todos los alumnos de formación profesional tienen que hacer algunas horas de estancia en la empresa, con porcentajes muy desiguales según el tipo de grados, el territorio o la implicación de los institutos y las empresas. Algunos hacen un 15% de horas de prácticas, mientras que los que eligen hacer FP dual, una modalidad en la que prácticamente se combina la formación en la empresa y en el aula, llegan a hacer un 30% o 40%. Hoy por hoy, solo un 4,2% de los estudiantes españoles de FP hacen este tipo de formación, a pesar de que tiene una altísima inserción laboral. Con la nueva normativa se quiere imprimir este carácter a todos los grados, sea cual sea el modelo que elija el estudiante.

Así pues, a pesar de que los ciclos de los grados C y D se dividirán en dos regímenes diferentes, las horas de estancia en la empresa se multiplicarán en los dos casos. En el caso de la FP dual general, se establece un tiempo en la empresa de entre un 25% y 35% del total de la formación, y esta tiene que aceptar el compromiso de participar en un 20% de los contenidos formativos. Este convenio de prácticas no genera ningún vínculo contractual con la compañía ni tampoco es retribuido. En cambio, en el caso de la FP intensiva o avanzada la formación en la empresa será como mínimo de un 35% del total de la duración y no habrá un máximo de horas (a pesar de que en un primer momento se fijó en un 50%, finalmente se ha eliminado el tope máximo). En este caso, se prevé establecer un contrato de formación entre el estudiante y la empresa, cuyas características de retribución dependerán de la futura reforma de la ley laboral que negocia el ministerio de Trabajo con los agentes sociales.

En las empresas que ofrezcan prácticas tendrá que haber un tutor dual, que hará de vínculo entre la compañía y el instituto y se coordinará con los profesores para evaluar los aprendizajes del alumno. Esto ya se hace ahora, con más o menos éxito.

Relación con la universidad

Hasta un 25% de los créditos convalidados

La ley quiere estrechar lazos entre la FP y la universidad, para que los estudiantes por un lado y otro tengan pasarelas sin obstáculos para complementar su formación. Así, los estudiantes de FP podrán convalidar hasta un 25% de los créditos de un grado universitario similar.

Alegría también ha anunciado que con la futura ley de FP se pondrán en marcha hasta 200.000 plazas de formación profesional durante los próximos tres años. La futura ley tiene un presupuesto de más de 5.400 millones de euros que el gobierno español quiere ejecutar durante los próximos cuatro años. Según la ministra, la futura ley servirá de "palanca" para modernizar y transformar el sistema educativo y mejorar la situación de los jóvenes y los trabajadores, y ayudará a reducir la tasa de desocupación. "Le debemos a toda una generación de jóvenes la oportunidad de un empleo de calidad", ha sentenciado.

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