Tres semanas a la deriva: tres supervivientes, 24 muertos y 32 desaparecidos de un 'cayuco'

MartorellTres supervivientes en un cayuco con 24 cadáveres –con al menos dos niños– a bordo en medio del Atlántico. Es la última tragedia conocida y la más grave en la última década de la que se tiene noticia en la ruta migratoria entre la costa oeste de África y las islas Canarias, recuperada el año pasado después de años de tránsito residual y convertida en la más mortífera. Los tres supervivientes son dos hombres y una mujer, que fueron rescatados en un estado grave, al límite de sus fuerzas, sin poder casi ni aguantarse de pie, deshidratados y sin comida en medio literalmente de la nada. La barcaza había salido de la costa de Mauritania el lunes 5 de abril con 59 personas, pero después de 22 días en alta mar, no hay ningún rastro de 32 personas, según ha denunciado la activista Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, una ONG de apoyo a los migrantes y sus familias que alerta a las autoridades de salvamento de los barcos a la deriva.

La localización de la barcaza fue casual. Un avión del ejército español hacía el lunes por la tarde un entrenamiento rutinario y salió del área habitual donde se hacen las prácticas. Los militares vieron el cayuco y han descrito a la agencia Efe la operación de rescate "en medio de la nada", a 490 kilómetros de la isla del Hierro, como la misión "más dura", porque las tres personas que han sobrevivido al naufragio estaban tan débiles que apenas podían levantarse para salir del rudimentario barco, mientras que los soldados tenían problemas para cogerlos y no pisar los cadáveres que se esparcían por el interior del barco. En un primer momento, el desconcierto fue tan grande que se contaron 17 personas muertas, una cifra que finalmente se ha elevado a 24.

La ONG de Maleno, que ha denunciado ser víctima de acoso por parte de Marruecos y España para que deje de ayudar a los migrantes, ha pedido al gobierno que acelere los trámites de la identificación de los viajeros del cayuco para poder contactar con sus familias. En esta ruta canaria se calcula que solo se llegan a recuperar menos del 5% de los cuerpos de las personas que mueren. Las últimas cifras del proyecto Missing Migrantes apuntan que este 2021 han muerto 94 personas en la travesía hacia territorio español, entre las que hay al menos ocho menores de edad. Esto supone que de cada 50 viajeros que suben al cayuco, 49 consiguen llegar a destino y uno muere en medio del mar, pero incluso la Organización Internacional para las Migraciones, organismo de la ONU, admite que es solo la punta visible de un drama humanitario mucho mayor, porque un número indeterminado de los cadáveres se quedará por siempre jamás en el Atlántico. El 2020 cerró con 1.850 muertos localizados, un millar más que el año anterior.

El carácter clandestino de las rutas dificulta los rescates y la identificación de las personas que se embarcan porque no hay ningún registro de viajeros, así que solo se tiene noticia de un naufragio si otras embarcaciones localizan el cayuco a la deriva o si las familias alertan de que han perdido contacto con sus parientes. Si se hace un ranking de las peores tragedias, teniendo en cuenta el número de muertos, en el registro histórico no había tantas defunciones desde que una barca naufragó con 25 jóvenes magrebís a bordo, el 14 de febrero del 2009. En cuanto a desaparecidos, en octubre del 2019 se asumió que habían muerto 140 personas de los 200 ocupantes de una embarcación que hizo aguas a pocas millas de la costa de Senegal.

Una política europea a la defensiva

La ruta canaria se inauguró en 1994 y, a pesar de que hasta el 2006 fue muy utilizada, había quedado como residual en favor de otros más sencillas y cortas para llegar a Europa, como las del Mediterráneo Oriental (hacia Grecia e Italia). Pero la política migratoria de la Unión Europea, basada en la defensa de las fronteras más que en el auxilio de los náufragos, confiada a los militares de Turquía y a los guardacostes libios, ha reactivado el tráfico hacia las islas Canarias. Marroquís, pero también muchos jóvenes subsaharianos, eligen el camino de la inmigración al comprobar la falta de oportunidades en Marruecos, Mauritania, Senegal o Gambia –por mencionar solo unos cuantos países de donde provienen los migrantes– debido al hundimiento del sector turístico por las restricciones del coronavirus y del pesquero por los convenios draconianos que los países africanos firman con Bruselas para favorecer el negocio de las pesquerías europeas.

La llegada diaria y constante de cayucos con estos jóvenes migrantes en las Canarias no ha ido acompañada de políticas sociales del gobierno español, que tiene competencias en inmigración y control de las fronteras. ONGs y el Defensor del Pueblo han denunciado el abandono y la vulneración de los derechos de los migrantes, a los que no se les daba la oportunidad de presentar la solicitud de asilo, tal como reconoce el derecho internacional, y durante meses tuvieron que vivir amontonados, sin condiciones dignas ni higiénicas contra el covid, en el muelle del puerto de Arguineguín.