El G7 se compromete con un impuesto sobre sociedades global del 15%

Los ministros de Finanzas de las economías más ricas del mundo impulsan un acuerdo que tiene que pasar ahora por el G20 y la OCDE

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La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, con los ministros de Finanzas del G7 y las cabezas de los bancos centrales a Lancaster House durante la reunión de los ministros de Finanzas del G7 en Londres, Gran Bretaña.

BruselasEl que parecía imposible ya está a la vuelta de la esquina. El grupo de las economías más desarrolladas del mundo, el G7, ha anunciado este sábado un acuerdo "histórico" sobre la reforma del sistema fiscal global, según ha anunciado el ministro de Economía británico, Rishi Sunak. Los ministros del G7 (Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón- han acordado comprometerse con, al menos, un 15% de tasa mínima de impuesto sobre sociedades. El acuerdo requerirá también que los gigantes tecnológicos multinacionales hagan su contribución fiscal, según indicó en una declaración colgada a Twitter.

El anuncio era esperado y llega el día siguiente de que con un artículo al The Guardian, los ministros de Finanzas de España, Francia, Italia y Alemania calentaran el ambiente previo a la cumbre del G-7: "Ha sido una saga con muchas idas y venidas. Es el momento de llegar a una acuerdo", decía el artículo. De este modo, se avanza algo más en la larga travesía por conseguir un impuesto mínimo de sociedades global de, como mínimo, un 15%. La llegada de Biden a la Casa Blanca ha despejado el horizonte para que este verano se alineen los astros y el impuesto global, a estas alturas, esté a la vuelta de la esquina.

También el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, animaba al G7 a dar el paso anunciado este sábado: "Un paso más allá de los ministros de finanzas del G-7 contribuirá a la discusión global". También afirmaba que la discusión para conseguir que las multinacionales paguen los impuestos allá donde corresponde está "muy bien encaminada". Según datos de la misma Comisión Europea, cada año los gobiernos de la Unión pierden entre 35.000 y 70.000 millones de euros en impuestos evadidos, una cifra que permitiría pagar tres veces el programa Erasmus+ del presupuesto europeo. La conciencia sobre esta pérdida constante de recursos económicos para las arcas públicas se ha ido incrementando los últimos meses empujada por la pandemia.

Cambio de mentalidad

"La pandemia está cambiando la agenda fiscal, lo cual tiene que ver también con la redefinición del papel del estado en nuestra sociedad. Empieza a ponerse en cuestión la cultura liberal de los 80 de cuantos menos impuestos mejor porque se ha visto que en una situación de emergencia necesitamos servicios públicos fuertes y sociedades cohesionadas. Esto explica también el cambio de Estados Unidos y la posición más ambiciosa de Biden", dice el eurodiputado de En comú Podem Ernest Urtasun, que esta semana ha celebrado una victoria como negociador dentro de la UE: después de cinco años se ha conseguido aprobar la directiva para que las multinacionales tengan que hacer público lo que ingresan y los impuestos que pagan.

Las organizaciones que luchan por la justicia fiscal consideran la iniciativa poco ambiciosa, pero ha costado cinco años desenterrarla y que se haya conseguido ahora es prueba de este ímpetu. No olvidemos tampoco que Bruselas ha podido empezar este mes a emitir deuda conjunta para repartir en forma de fondo antipandemia. Lo mismo piensa Paul Tang, eurodiputado socialista presidente de la subcomisión de asuntos fiscales del Parlamento Europeo, que esta semana presentó la inauguración del Observatorio Europeo de Fiscalidad: "Se ha cambiado de mentalidad respecto a la primera crisis, se ha entendido que necesitamos invertir, apuntalar la recuperación y hacerla sostenible. Queda claro que hacen falta ingresos fiscales, ¿y qué mejor manera hay de empezar que gravar a aquellos –las grandes corporaciones y los más ricos– que no pagan la parte que les corresponde?"

Próximo acercamiento

La expectativa es conseguir un acuerdo en la cumbre del G-20 de julio que sirva para poner las bases del acuerdo en el ámbito de la OCDE (donde hay 139 países) también este verano. La reunión del G-7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y la UE como invitada) sirve para allanar el camino en la recta final de una compleja negociación a escala mundial en la que Bruselas y una mayoría de gobiernos europeos quieren ir más allá.

Como explica la investigadora de Bruegel, Rebecca Christie, Bruselas está intentando "ser práctica" en el frente fiscal porque si bien tenía el foco puesto en la fiscalidad de los gigantes digitales, ha sabido ver que esta vía podía provocar conflictos o crear nuevos en la negociación en la OCDE. También la administración Biden ha dejado claro que "no aceptará un acuerdo que ponga bajo la lupa empresas norteamericanas", en referencia a las empresas digitales que la Comisión Europea quiere perseguir de manera concreta. Por eso, el foco ha cambiado de la discusión de la famosa tasa Google al tipo mínimo armonizado de sociedades. "La Unión Europea probablemente continuará manteniendo el debate sobre los impuestos a los servicios digitales", dice Christie, que cree que el acuerdo que se espera en la OCDE será "un adelanto muy grande".

Ahora bien, este debate tampoco será fácil dentro de la Unión Europea. Bruselas se ha comprometido a incorpoar inmediatamente el acuerdo de la OCDE en forma de directiva europea y a presentar una propuesta más ambiciosa para el 2023, pero dentro de la Unión países como Irlanda, los Países Bajos o Luxemburgo no serán fáciles de convencer: "Puede pasar que todas estas directivas sean bloqueadas en la UE porque hace falta unanimidad pero también es cierto que ahora Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos tendrán más dificultades para resistirse si hay un acuerdo en el marco de la OCDE", dice Urtasun que lamenta que los ministros del G7 no sean más ambiciosos y apuesten por un mínimo del 21%. De hecho, el eurodiputado irlandés liberal Billy Kelleher explica que su país (Irlanda tiene el tipo impositivo más bajo con un 12,5%) está dispuesto a implicarse, pero avisa que "fijar un impuesto mínimo ataca a la soberanía de los estados de decidir sus propios asuntos fiscales" y cree que la reforma tendría que fijarse, por ejemplo, en las transacciones digitales.

Otros impuestos globales a debate
  • Impuesto al CO2 en terceros países Se espera que este julio la Comisión Europea presente su propuesta para un impuesto sobre las emisiones de CO2 en la importación de productos de fuera de la UE. Según ha publicado esta semana Euractiv, será sobre el cemento, el acero y la energía.
  • El impuesto a las transacciones financieras Esta también es una propuesta que hace tiempo que se negocia con gobiernos como el francés que ya la han implementado. En este caso, sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea no se espera hasta más allá del 2024.
  • La tasa digital Bruselas está comprometida a presentar este verano su propuesta de impuesto digital, a pesar de que ya ha topado con la oposición no solo de Estados Unidos que lo ven como un ataque a sus empresas, sino de gobiernos como el irlandés o luxemburgués que a través de marcos fiscales laxos atraen las sedes de estas empresas
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