Un acuerdo que marca el terreno del conflicto
El documento firmado en Bruselas por Junts y el PSOE supone un acuerdo de investidura y un acuerdo de legislatura condicionado a los resultados de las negociaciones sobre la canalización y solución del conflicto histórico de fondo entre Catalunya y España. La estabilidad irá de la mano de los resultados. Se trata de un acuerdo marco dinámico, no estático; un acuerdo abierto, no cerrado. Habrá que analizarlo y evaluarlo de forma continuada. Creo que no tiene mucho sentido en estos momentos decir si se trata de un acuerdo o no. Esto se verá en un futuro próximo. Solo al final se podrá saber si ha significado o no un acuerdo histórico en términos de reconocimiento nacional y de un merecedor autogobierno de este nombre.
Un adelanto del acuerdo lo conforman tres condiciones previas para la negociación. En primer lugar, el reconocimiento del independentismo como una opción legítima, no solo en la retórica política de los actores, leyes e instituciones, sino también en el momento de establecer prácticas pacíficas y democráticas para conseguir su principal objetivo. La situación actual, sin embargo, es el guion de una comedia cínica del engaño. En segundo lugar, la honesta aceptación de una desconfianza mutua basada sobre todo en los reiterados incumplimientos de los gobiernos centrales, que hace imprescindible la intervención de actores internacionales en tareas de mediación y control de los acuerdos. Por último, una amnistía que incluya a todas las personas enjuiciadas por actos relacionados con el Procés de los últimos años (su contenido concreto deberá comprobarse en los próximos días).
Los negociadores han rehuido establecer un listado de temas a tratar. Sin embargo, puede inferirse una amplia agenda que incluye varios grupos temáticos: 1) simbólicos (la lengua en el ámbito interno, estatal y europeo; el uso preferente de los símbolos nacionales del país; las selecciones deportivas, etc.); 2) socioeconómicos (dejar atrás el crónico e injusto déficit fiscal; las inversiones y las infraestructuras –las reales, no las presupuestadas y después no ejecutadas–, el puerto, el aeropuerto, la hacienda propia, la transición energética y ecológica, etc. ); 3) competenciales (capacidad de decisión diferenciada, no como en materias como educación, sanidad, servicios sociales, inmigración, vivienda, cultura, política europea e internacional, etc.); 4) canalización de la aspiración a la autodeterminación colectiva del país. Hay mucho que elegir, negociar y acordar.
Este acuerdo supone el inicio de una nueva experiencia. Resultará decisivo tomarse en serio tanto las prácticas institucionales que muestra la política comparada de las democracias desarrolladas, especialmente las de carácter plurinacional, como los posicionamientos que han ido tomando las jurisdicciones europeas e internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, tribunales europeos y de la UE). También serán de ayuda las actuales teorías de la democracia, que señalan los déficits conceptuales y sombras prácticas del liberalismo político y del constitucionalismo tradicionales en sociedades presididas por fuertes componentes de pluralismo nacional y cultural (derechos, instituciones y políticas públicas).
Por parte catalana resultará necesario mostrar una capacidad técnica solvente en el momento de negociar. Esto no debería ser un problema, ya que el país cuenta, afortunadamente, con muy buenos profesionales de los distintos ámbitos (economistas, investigadores, ingenieros, politólogos, médicos, juristas, sociolingüistas, etc.). Es necesario que las constituciones y las leyes se adapten a los derechos y principios emancipadores, y no al revés. Recuerdo aquí de nuevo lo que el Tribunal Supremo de Canadá establece literalmente: que en una democracia plural y avanzada, la Constitución no puede convertirse en una “camisa de fuerza”. Más claro, imposible.
Desde la perspectiva del PSOE, ¿qué puede significar el acuerdo? Aparte, naturalmente, de asegurarse la investidura y, tal vez, la estabilidad en la nueva legislatura. No sé si desde Madrid se dan mucha cuenta, pero este acuerdo podría hacer de Pedro Sánchez un estadista pese a sus prácticas precedentes. Los estadistas son políticos que asumen riesgos para encauzar y solucionar problemas estructurales que dirigentes anteriores han sido incapaces de solucionar o ni siquiera plantear. En relación con el histórico e irresuelto conflicto entre Catalunya y España, el acuerdo incentiva a Sánchez a actuar como un estadista, y no como un mero presidente de gobierno español más, perfectamente sustituible. Enfrente tiene un reto importante, pero también la oportunidad de hacer historia.
La política es seguramente la actividad humana más compleja. Lo es más que la moralidad, la física, la economía, la bioquímica o las matemáticas. Estamos frente a una oportunidad de doble sentido. En ambas orillas encontramos paisajes de desconfianza. Veremos cuál es finalmente el estilo y solidez del puente que este acuerdo quiere construir. Por el momento, tenemos unos planos prometedores, elaborados con trabajo y discreción. Pero solo son planos. A partir de ahora les toca a los constructores.
