La Generalitat y el gobierno español firman la paz en el Tribunal Constitucional

BarcelonaHabía un tiempo en el que la relación entre la Generalitat y el gobierno español estaba casi monopolizada por el Tribunal Constitucional (TC). La conflictividad entre ambas administraciones alcanzó máximos históricos durante el Proceso, en el que el gobierno del Estado no sólo impugnaba leyes sectoriales –en las que el conflicto ha sido habitual– sino también declaraciones políticas del Parlamento e incluso impedía que se celebraran determinados debates. También el gobierno catalán, a su vez, batallaba en el alto tribunal las leyes de ámbito estatal que, consideraba, invadían los poderes de la Generalitat. Ahora estos tiempos parecen superados si se observan las cifras de conflictividad constitucional que publicita la propia Generalitat. En los últimos años, ya durante el mandato del presidente Pere Aragonès, los litigios cayeron bajo mínimos y ahora, con Salvador Illa al frente del gobierno catalán, sólo quedan dos: el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el ejecutivo de Aragonés contra la ley de vivienda estatal por invasión de competencias, y otro conflicto de competencia interpuesto por la Generalitat por un decreto estatal sobre formación profesional. Nada más, puesto que desde hace meses se ha practicado una política de acuerdos extrajudiciales.

Esta dinámica no se inicia ahora, sino que todo proviene del anterior mandato, cuando todavía estaba la coalición entre Esquerra y Junts. Tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del 2 de agosto del 2021, en la que se acordó "reducir" la conflictividad institucional, los servicios jurídicos por un lado y otro recibieron la directriz de explorar los acuerdos antes de presentar un pleito. Es decir, esquivar al TC. Esto se reflejó en una reactivación de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Uno de cada tres litigios autonómicos en el TC es sobre Cataluña

Desde 2011 ha habido 130 pleitos entre la Generalitat y el Estado por discusiones competenciales en el Tribunal Constitucional. Se trata del 21% de todos los litigios desde 1980, en los que tal y como publicó el ARA en 2021, llegan a 603. Es decir, la conflictividad constitucional no es nueva, Cataluña es líder seguida del País Vasco desde el inicio de la democracia, pero los datos muestran que durante el Proceso hubo un aumento significativo de la batalla entre la Generalitat y el Estado y una disminución de los acuerdos extrajudiciales.

De acuerdo con los datos publicados en la web de la Generalidad, en la legislatura que se inicia en el 2010 con Artur Mas de president hay quince recursos de inconstitucionalidad (tanto del gobierno catalán como del español) en sólo dos años. Y en ningún acuerdo extrajudicial. 2014, la cantidad de pleitos llega a 62, con sólo un acuerdo extrajudicial "parcial" en una ley sectorial de simplificación de la actividad administrativa.

La misma dinámica sigue en la legislatura de la presidencia de Carles Puigdemont, con el referéndum del 1-O del 2017: en sólo dos años también existen 34 conflictos de competencia. Todo ello durante la presidencia de Mariano Rajoy y la mayoría absoluta del PP. De estos 34 pleitos, sólo se derivará un acuerdo extrajudicial que llegará más adelante con nuevas caras a ambos lados de la mesa: el 23 de octubre de 2018 con Quim Torra en el Palau de la Generalitat y Pedro Sánchez en la Moncloa , sobre la ley de universalización de la asistencia sanitaria.

Es precisamente en la legislatura de Torra y Sánchez, entre 2018 y 2021, que la conflictividad institucional empieza a bajar, ya que los recursos se reducen a la mitad (15) y se llega a acuerdos en tres procedimientos diferentes . Así, se salvó buena parte de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2020 que preveía varios impuestos ambientales, la ley de ordenación del litoral y una parte de la ley de promoción de vivienda protegida. Ahora bien, los artículos que sí llegaron al Constitucional acabaron tumbados, como el aumento del mínimo exento del IRPF para beneficiar a las clases más populares, porque la mayoría del TC lo tumbó considerando que se invadían competencias estatales. Sea como fuere, la conflictividad empieza a reducirse al mínimo a partir de ese momento: con la presidencia de Aragonès los conflictos ya se sitúan sólo a cuatro pleitos, uno de los cuales acabó en acuerdo.

El gobierno de Pedro Sánchez, pues, optó por ir abandonando la vía del TC. Sin embargo, sí impugnó una medida clave: la ley de vivienda catalana que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de poner una demanda de desahucio. Se llegó a un acuerdo parcial para salvar la norma, pero igualmente quedó anulada en el Constitucional por un recurso del PP. Más adelante fue la Generalitat la que interpuso un recurso contra la ley estatal de vivienda por invasión de competencias, todavía pendiente de resolver. El último que también impugnó al gobierno de Pedro Sánchez fue el acuerdo de la mesa del Parlamento para tramitar la ILP que reclamaba la DUI. Una decisión que ya ha quedado anulada por el alto tribunal.

Los demás recursos pendientes

Que los pleitos entre el Estado y la Generalitat se hayan reducido al mínimo no significa que no existan recursos pendientes. Los hay: los que no ha interpuesto ni al Estado ni a la Generalitat. Para empezar, la ley de amnistía, que han llevado tanto al PP como a Vox, así como a la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en contra del decreto y de la nueva ley para mantener la inmersión lingüística. También los populares han impugnado el decreto de la Generalitat sobre medidas urgentes de las viviendas de uso turístico, que obliga a este tipo de negocios a tener una licencia municipal en los lugares más tensionados.