¿Cuáles son las condiciones para hacer un referéndum en el Quebec?

BarcelonaEscocia y el Quebec han sido los dos referentes más claros del independentismo catalán desde el inicio del Procés por el papel del Reino Unido y de Canadá en la vehiculación de las demandas de autodeterminación. Pero, si bien el caso del Reino Unido y Escocia ejemplifica las bondades del pacto político –el referéndum del 2014 es el resultado–, la comparación con el Quebec y Canadá no sigue los mismos parámetros. Dos referéndums unilaterales en 1980 y 1995 –con fracaso de la reforma constitucional de por medio– provocaron que el gobierno estatal pidiera opinión a la Corte Suprema de Canadá para que fijara jurisprudencia sobre el tema. Lo hizo en 1998 concluyendo que la independencia unilateral no estaba amparada por ninguna ley, pero instando al gobierno canadiense a entrar en negociaciones para definir con claridad las condiciones de un eventual futuro referéndum acordado.

Este es el contexto con el que se llega a la ley de claridad del año 2000 y la que este martes ha puesto como ejemplo el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En el caso catalán, sin embargo, las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional rechazan que se pueda preguntar por la independencia y, de hecho, solo validan que los catalanes se puedan posicionar en referéndum sobre un nuevo Estatut. En todo caso, Aragonès simplemente ha planteado la vía para llegar ahí: acumular fuerzas favorables al derecho a la autodeterminación en Catalunya y, después, ir a negociar un "acuerdo de claridad" con el Estado. Pero se hace difícil hacer un paralelismo con el caso canadiense porque ahí fue precisamente el gobierno estatal, con los independentistas en contra, el que impulsó la ley.

¿Qué definía esa ley? Otorgaba competencias al Parlamento canadiense para validar, antes de la votación, la claridad de la pregunta del referéndum en un periodo de 30 días desde la propuesta del gobierno regional. Pero también le daba, a posteriori, la potestad para decidir sobre la claridad de la mayoría en caso de que ganara el sí. En definitiva, dejaba en manos del Parlamento de Canadá la interpretación sobre el resultado del referéndum. Por eso, pocos días después de la aprobación definitiva de la ley de claridad, el Parlamento del Quebec –todavía con la influencia de los independentistas, que hoy en día ha desaparecido– impulsó otra ley para insistir en la soberanía del Quebec para convocar un referéndum de independencia sin la tutela de Canadá, que fijaba la mayoría del 50% + 1 de los votos como suficiente para iniciar un proceso de secesión.

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Más allá de si el paralelismo con la ley de claridad es más o menos afortunado, en Catalunya se ha hablado mucho de ello. De hecho, no es la primera vez que un dirigente de ERC pone la cuestión encima de la mesa. Lo hizo, por ejemplo, Roger Torrent cuando presidía el Parlament en una conferencia en Madrid. Los comuns incluso llevaron la ley a votación en el debate de política general de 2018 y consiguieron entonces el apoyo de ERC, pero la abstención de JxCat y el voto en contra del resto de partidos. Aún así, los socialistas catalanes también habían sido defensores de la vía canadiense tanto con Pere Navarro al frente del partido como después con Miquel Iceta. Todo ello se acabó definitivamente en 2016, cuando rechazaron una propuesta de resolución en su congreso que contaba con el visto bueno del propio Iceta.

En un artículo en el ARA , los politólogos Ferran Requejo y Marc Sanjaume reflexionaban sobre la falta de claridad de la ley de claridad. Un juego de palabras con el que pretendían poner en evidencia que el derecho de veto del Parlamento canadiense sobre un referéndum de independencia impedía saber los criterios objetivos para sacarlo adelante. Probablemente por eso, el propio Aragonès dudaba de la eficacia de la vía canadiense en 2016 citando un artículo del ex vicepresidente del Parlament Josep Costa, que este jueves y viendo el cambio de opinión del president, ha decidido recuperarlo.