Feminismos: del Me Too a la división por la ley del 'solo sí es sí'

BarcelonaSe cumplen cinco años de las grandes manifestaciones del 8-M con las que los feminismos irrumpieron en las agendas políticas. Aquella primavera de 2018 el empujón del Me Too, con el cual las actrices de Hollywood denunciaban haber sido víctimas de violencias sexuales, cargó de razones las conciencias de muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, que salieron a la calle –y secundaron masivamente una huelga global– para decir basta. La lista de reclamaciones de los feminismos –en plural, para subrayar las diferencias– es larga para exigir el fin de discriminaciones históricas, desde la brecha salarial o el sobrecoste de productos de higiene femenina, hasta la erradicación de las violencias machistas. Semanas después, en abril de aquel 2018, la sentencia de la Manada de Pamplona que dejaba la violación en grupo a una mujer en un delito de abuso sexual (después lo modificó el Tribunal Supremo) dio más argumentos al movimiento.

En este lustro, el boom feminista se ha hecho fuerte y ha impregnado transversalmente generaciones de mujeres y de hombres, que lo ven como una herramienta para el cambio. Prueba de esta fuerza es que, en paralelo a las grandes demostraciones lilas, el machismo reaccionario se ha removido, negando hechos como las violencias machistas o discriminación flagrante de mujeres en tantos ámbitos. Sobran datos y estadísticas para desmentir posicionamientos ultras: son ellas las que sufren, por ejemplo, más pobreza, más paro, las que se encargan de los cuidados o las que tienen unas pensiones más bajas.

La institucionalización del movimiento

Con este panorama, las reivindicaciones han saltado de la calle a las alfombras institucionales. Tanto el gobierno español como el catalán han dado al feminismo rango de ministerio y conselleria, algo que ha facilitado que nunca como hasta ahora se hayan desarrollado tantas normas e iniciativas a favor de avanzar hacia la igualdad de género. Además, en la calle y en las redes se han denunciado actitudes machistas y abusivas que en otras épocas habrían pasado desapercibidas. Todo, en conjunto, ha permitido avanzar en la pedagogía de la igualdad entre hombres y mujeres: desde el programa de televisión con el que Rocío Carrasco explicaba la violencia que había sufrido en su matrimonio, destapando qué es la violencia vicaria o el maltrato psicológico, hasta los gritos machistas de un grupo de estudiantes de una residencia universitaria de Madrid, vistos demasiado tiempo como una simple broma juvenil; pasando por los ataques gratuitos a una mujer por su orientación sexual o apariencia física o, también, la confirmación, gracias al covid, de que la medicina ha obviado históricamente los efectos de tratamientos en las mujeres porque las investigaciones se han hecho siempre sobre las características de un cuerpo de hombre.

Pero el crecimiento del feminismo también ha evidenciado las diferentes sensibilidades que cohabitan en este. Se ha visto en manifestaciones del 8-M, especialmente en Madrid; en Barcelona se consiguen convocatorias unitarias. De hecho, cada vez se impone más el plural, feminismos, para explicar un movimiento vivo y transversal. Si años atrás básicamente había uno más monolítico, las nuevas generaciones y las nuevas miradas han dado variedad al filtro lila de las gafas. Y las confrontaciones son evidentes en las redes sociales y en el gobierno español (con choques y reproches mutuos de los dos socios de gobierno) en cuestiones como la regularización de la prostitución, los derechos de las personas trans o la ley del solo sí es sí, nacida por la disconformidad del feminismo de base con la sentencia de la Manada.

Precisamente, en la vigilia de la jornada del 8-M, PSOE y Unidas Podemos han votado divididos la enmienda presentada por los socialistas a la ley integral de la garantía sexual, una de las banderas del departamento de Irene Montero, para intentar revertir el goteo de excarcelaciones de agresores sexuales antes de tiempo o la rebaja de condenas que ha provocado la entrada en vigor de la legislación. La norma supone un cambio de paradigma, nacido del feminismo, porque por primera vez introduce el consentimiento en las relaciones sexuales y no la resistencia de la víctima para acreditar si ha habido violencia.

Cinco años después de la gran manifestación del 8-M, España cuenta con una nueva ley de aborto, que a pesar de que no recoge todas las reivindicaciones de las entidades, ha devuelto a las mujeres la plena capacidad de decidir si quieren interrumpir libremente el embarazo, sin necesidad de tener que esperar los tres días que introdujo el PP para hacerlas "reflexionar". Además, las menores de 16 y 17 años también pueden abortar sin autorización de sus tutores legales, en el límite que marca la mayoría de edad para procedimientos sanitarios.