Todo lo que queda por saber de la empresa pública de vivienda
El anuncio de Sánchez llega en un momento en que España sigue a la cola en lo que se refiere a la financiación pública en materia habitacional
MadridHace poco más de un mes el gobierno español anunció la intención de "blindar a perpetuidad" el parque de vivienda pública. Una propuesta a la que ahora el ejecutivo añade la creación de una empresa pública que sea capaz de "gestionar y construir viviendas" desde la administración general del Estado, tal y como anunció el presidente español, Pedro Sánchez, este domingo durante el 41 Congreso del PSOE en Sevilla. Si bien ambas medidas se han planteado en un momento en que el acceso a la vivienda es ya una "emergencia social" para el gobierno español y después de semanas de presión social con manifestaciones en todo el Estado para bajar los precios de los alquileres, no dejan de ser anuncios pendientes de ponerse negro sobre blanco, lo que en el caso de la empresa pública ha generado más preguntas que respuestas. También escepticismo –Sumar, el socio minoritario en el gobierno, ha abrazado la propuesta, pero ha exigido concreción–. Por ejemplo, ¿cuál será el rol de Sareb, la empresa conocida como elbanco malo, y que el propio gobierno es ubicada en la diana del parque público de vivienda?
La incógnita de la financiación
De entrada, debe tenerse en cuenta que Sánchez ha planteado una empresa pública que no sólo gestione, sino que también construya vivienda. Para Alejandro Inurrieta, economista y expresidente entre los años 2007 y 2008 de la ya extinguida Sociedad Pública del Alquiler, esto es relevante porque ejemplos de entes públicos que se dedican a la gestión de vivienda ya existen en el Estado , aunque a escala municipal. Es el caso del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. Fuera de las fronteras españolas, Viena es el ejemplo europeo más paradigmático con una empresa pública que, principalmente, se dedica también a la gestión del parque de vivienda pública de la ciudad.
En cambio, hablar de construcción significa hablar de una "gran promotora pública", algo que para el economista es sinónimo de mucha inversión. "Es uno de los principales problemas [...]. Habría que ver hasta qué punto los presupuestos generales del Estado podrían financiar toda la vivienda que se quiere construir, o habría que implementar nuevos impuestos", reflexiona Inurrieta, quien incluso plantea la posibilidad de que, en caso de que la empresa se acabe creando, no se descarte la colaboración público-privada con la entrada de capital privado. De hecho, promotoras privadas y sector bancario hace tiempo que esperan con ganas una nueva ley del Suelo para poder construir más.
La inversión pública en vivienda, sin embargo, es un reto pendiente que España arrastra. Así lo recuerda el investigador y director de Vivienda del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera: "Hay que pasar de las declaraciones a los hechos. El gobierno actual rechazó incrementar el 1% del PIB la inversión pública en vivienda", critica Palomera, quien recuerda que actualmente roza el 0,3% del PIB. Aunque es cierto que ha crecido en los últimos años, sigue en la cola de Europa.
Todo ello se suma al poco parque de vivienda que España dedica al alquiler social (un 1,5% del total, muy por debajo de la media de las economías avanzadas). Aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha prometido en reiteradas ocasiones un incremento –sólo en abril de 2023, anunció la movilización de hasta 93.000 pisos, algunos de ellos por construir, destinados al alquiler social–, la dificultad para fiscalizar los datos complica comprobar los avances en esa dirección.
Sin embargo, esta es una cifra que se quería alcanzar con la incorporación de pisos de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida popularmente como el banco malo. Se montó en 2012 con el objetivo que comprar todos los activos tóxicos de la crisis del ladrillo(los pisos impagados) que estaban lastrando las cuentas de los bancos y reflotar así a las entidades financieras. "Toda ella [Sareb] podría haber sido pública, pero se optó por la gestión privada", lamenta Palomera. Actualmente, la Sareb tiene 38.376 unidades de viviendas (en buen y mal estado, muchas con cargas o asociadas a deudas y algunas también ocupadas) que, si no se prorroga su disolución, debe sacarse de encima antes de 2027 .
¿Dónde construimos?
La otra gran incógnita es el suelo del que dispone el Estado para construir. Si bien es cierto que ministerios como el de Transportes o Defensa disponen, Inurrieta cuestiona si sería suficiente para poner en el mercado toda la vivienda pública que se necesita. También qué ocurre con la protección de los inmuebles una vez se han construido. "España invirtió mucho en la construcción de viviendas de protección oficial, pero muchas han terminado en el mercado", recuerda Albert Sales, investigador del Instituto Metrópoli vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Sales cree que el hecho de que el Estado produzca vivienda "puede estar bien, pero también ser una mala idea si después no se mantiene fuera de las dinámicas mercantilistas".
En todo caso, los tres investigadores consultados coinciden en que la medida "no resuelve de forma inminente el problema que ha llevado a la gente a la calle", apunta Sales, quien cree que ahora lo más "urgente" es una apuesta firme por la regulación. También se muestra crítico Jaime Palomera: "Claro que es necesario incrementar la vivienda pública y por diferentes vías, pero el problema actual lo tenemos con unas prácticas especulativas que revierten en el precio".