24 escuelas comienzan el curso obligadas a aplicar el 25% de castellano

BarcelonaLa disputa judicial sobre el catalán en la escuela ha dejado un goteo constante de resoluciones desde el 17 de diciembre de 2020, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicó la sentencia en la que ordenaba que todas las escuelas catalanas impartieran al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Casi cuatro años después, las escuelas de Catalunya afrontan otro inicio de curso con la enseñanza de la lengua todavía en los tribunales.

Sobre la mesa del TSJC existen diversos recursos con los que tanto la Generalitat como diferentes entidades intentan hacer revivir el decreto, una norma que está suspendida cautelarmente desde julio y que el Govern aprobó hace unos meses para proteger el catalán en las aulas ante la sentencia del 25%. El decreto formaba parte de la ley de educación de Catalunya y estaba pendiente de desarrollar desde el 2009. Con él, el Govern, entonces liderado por Pere Aragonès, reiteraba la exclusión de los porcentajes en los proyectos lingísticos de escuelas e institutos. Añadía que estos planes no podían cambiarse a medio curso —como exigían algunas de las sentencias para casos individuales de familias que pedían que los hijos estudiaran en castellano— y que el único responsable legal de los proyectos sería el departamento de Educación y no las direcciones de los centros.

Ahora este decreto está suspendido a raíz de un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ya la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la validez de la normativa que lo ampara: trata de un decreto del Gobierno y una ley aprobada en el Parlament para blindar el catalán en el sistema educativo, dejando fuera los porcentajes. Ambos se publicaron una vez la sentencia del 25% fue firme y el TSJC ya había dado 15 días para su aplicación.

El propio TSJC constató que estas dos normas impedían aplicar la sentencia del 25% que había dictado el propio tribunal, y optó por enviar tanto el decreto como la ley al Constitucional. La cuestión de inconstitucionalidad ha sido admitida a trámite, lo que explica el último capítulo de la batalla judicial por las lenguas en la escuela: el decreto del Gobierno que el TSJC suspendió cautelarmente en julio se basaba, precisamente, en esta normativa de 2022, que está pendiente del dictamen del TC. Desde entonces, la ejecución de la sentencia del 25% también está suspendida, pero varios recursos de entidades contrarias a la inmersión lingüística han logrado que mientras tanto se aplique en varios centros. Según el recuento de la Plataforma por la Lengua, este inicio de curso habrá 24 escuelas que tendrán que aplicar el porcentaje de castellano en alguna de sus líneas. La entidad se plantea continuar, en las semanas siguientes, el camino judicial hasta Europa para intentar revocar la sentencia del 25%.

Cuatro magistrados recusados

Las entidades que forman parte de la causa han ido moviendo otras fichas a la espera de que el TC se posicione y mientras el TSJC resuelve si anula definitiva o reactiva el decreto que suspendió cautelarmente. Por un lado, Plataforma per la Llengua ha recusado a los cuatro magistrados del TSJC que se encargan del caso, una sala que preside el juez Javier Aguayo. La entidad considera que los jueces se "extralimitaron y prejuzgaron" el caso en la fase de medidas cautelares.

Además, Plataforma por la Lengua no fue admitida como parte en el proceso de ejecución de la sentencia del 25%, y quieren oponerse hasta la última instancia posible. El abogado de la entidad, Ramon Llena, ha explicado al ARA que en las semanas siguientes traerán su recurso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).

Sin autos en catalán

Volviendo al TSJC, donde está congelado el último decreto del Govern para proteger el catalán en las aulas, también interviene en el caso la Asociación de Abogados de Osona, que ha presentado alegaciones porque no han recibido los escritos del procedimiento en catalán. Otra entidad que se ha personado, Juristas por la República, se ha opuesto a la demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que quiere acabar con el decreto. "No tenemos mucha esperanza, aunque consideramos que tenemos toda la razón del mundo… Pero en la sección del TSJC que nos ha tocado, lo tumban todo", lamenta la abogada Teresa Rosell.

Los plazos para resolver todas las cuestiones que el TSJC tiene sobre la mesa no son fijos y dependen del tribunal, si bien fuentes jurídicas calculan que la respuesta podría llegar en los próximos días o semanas. No será hasta después de que se aclaren las recusaciones y recursos a la suspensión cautelar que el TSJC podrá pronunciarse sobre la legalidad del decreto en disputa.

La Fiscalía, partidaria de anular el decreto

Para resolver sobre el decreto que ahora está en vilo, el tribunal recibirá antes el posicionamiento de todos los implicados. Además de la Abogacía de la Generalitat y de las entidades que se han personado en la causa, también está en juego el parecer de la Fiscalía. En un primer momento, el ministerio público se mostró en contra de la suspensión cautelar del decreto, un gesto que según apuntan fuentes judiciales es habitual en la fiscalía porque suele dar prioridad a conservar la norma o ley en disputa a la espera de que se resuelva todo el procedimiento judicial. En la siguiente fase del procedimiento, en que las partes debían pronunciarse ya sobre el contenido de la norma (y no sólo sobre la conveniencia de dejarla en suspenso o no), la Fiscalía se ha mostrado a favor de anular el decreto con el que el Govern quería blindar el catalán en las aulas, apuntan fuentes cercanas al procedimiento.

Cuatro años de camino judicial

Cuando el TSJC dictó la sentencia del 25%, lo hizo a petición de la Abogacía del Estado, que presentó el recurso que inició el procedimiento cuando el ex ministro José Ignacio Wert del PP comandaba Educación. Desde entonces ha habido tres titulares del ministerio de Educación, dos del PSOE, y cuando la sentencia llegó a ser firme -con Pedro Sánchez ya en la presidencia- la Abogacía del Estado se comprometió a no pedir su ejecución. Sin embargo, no pudo evitar que sí lo hiciera la AEB.

La maraña judicial continuó en los meses siguientes a la sentencia del 25% con escuelas en las que la resolución se aplicó cautelarmente cuando todavía estaba pendiente el recurso que presentó la Generalitat con la intención de detenerla. A través de denuncias individuales de padres de alumnos, normalmente representantes por asociaciones como AEB y Hablamos Español, decenas de escuelas se vieron obligadas a aplicar el 25% de castellano al menos en la línea donde estudiara al alumno para quien se había pedido. Entre ellas, el Cerro de Dragón de Canet de Mar, donde familiares de alumnos se personaron judicialmente para impedir que una línea de P5 se quedara sin inmersión lingüística. La escuela también se vio envuelta en el debate político, y aún ahora tres personas están pendientes de juicio por presuntamente acosar con tuits a la familia que logró que se aplicara el 25% de castellano en el aula de su hija.