Cas Mas de Enric: primero aclarar los hechos, y después las responsabilidades

Las cárceles catalanas han vivido un día de protestas generalizadas a raíz del asesinato de una cocinera en el centro penitenciario Mas Enric por parte de un recluso que acabó suicidándose. Se trata de un episodio muy trágico, del que no existen precedentes en democracia, y que debe investigarse para determinar qué falló en los protocolos de seguimiento de los presos y las condiciones de seguridad en las prisiones. Se puede entender la rabia y la impotencia de los funcionarios de prisiones, y ahora más que nunca deben escucharse sus reivindicaciones, pero ahora la prioridad no debe ser pedir la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, o el secretario de servicios penitenciarios, Amand Calderó, sino esclarecer los hechos para identificar los errores que se hayan podido cometer y comprobar si ha habido algún tipo de negligencia.

Básicamente se trata de discernir si se trata de un caso aislado e imprevisible (uno entre un millón) que no debe poner en riesgo un sistema de rehabilitación que globalmente ha demostrado su eficacia, o un error sistémico que se ha producido ahora pero que podría haber ocurrido mucho antes y en más ocasiones. Para los testigos de los propios funcionarios compañeros de la víctima, no puede deducirse que el preso tuviera un perfil conflictivo, más bien lo contrario, aunque había sido condenado por asesinar a una prostituta con arma blanca. Parece evidente que algo falló en los exámenes psicológicos de esa persona, que en estos momentos no sabemos si sufrió una enajenación mental transitoria o llevaba tiempo planeando el ataque. El hecho de que después se suicide añade más interrogantes y hace más difícil la resolución del caso.

Este caso sí debe servir para dirigir la mirada hacia la realidad compleja y conflictiva de las prisiones. En eso sí que tienen razón, los funcionarios. Sólo nos acordamos de ellos cuando hay noticias desgraciadas. Es el momento de ser conscientes de una realidad en la que los trabajadores deben afrontar casos de trastornos mentales y drogadicciones y para los que quizás no están suficientemente preparados ni tienen los medios suficientes. El perfil de preso ha cambiado en los últimos años, en paralelo a la sociedad en su conjunto, y ahora hay mayores dificultades para instaurar un régimen de disciplina, según se quejan los funcionarios.

La conselleria debe afrontar todas estas reclamaciones y negociarlas con los sindicatos, pero este diálogo no debería mezclarse con el caso del asesinato de Mas Enric, que debe ir por otro conducto. Será sólo cuando se sepa qué ocurrió con exactitud que se podrán reclamar las dimisiones y responsabilidades políticas que se crea conveniente. Lo que sí es cierto, y es una crítica legítima, es que la consellera ha tardado en ofrecer explicaciones y dar la cara. Pero, en cualquier caso, lo que no se puede hacer es reclamar dimisiones como condición sine qua non para dialogar con los responsables de la conselleria. Primero es necesario aclarar los hechos y después exigir responsabilidades. Éste es el orden lógico y correcto.