Salvador Illa anunció, en el pleno del Parlament del 8 de octubre, un ambicioso plan para mejorar el acceso a la vivienda. Su objetivo es ampliar el parque público en 50.000 pisos en seis años, hasta el 2030. Esto significa multiplicar por siete el ritmo de producción de los hogares asequibles. Yo ya llevo un par de décadas sufriendo y aprendiendo cosas sobre el mercado de la vivienda y no me he construido un hogar, pero sí una red de colegas con los que siempre contrasto mis percepciones. Y detecto un escepticismo tan grande, y tanto miedo a la burocracia, que me asusto. Los cambios sólo son posibles si los proyectos son compartidos. El sector debe creer que estas cifras son posibles, y me atrevo a compartir algunas reflexiones que pueden ayudar a plantear un método.
Se acabó la época del diagnóstico. Se debe pasar del plan a la ejecución: es necesario volver a poner grúas, hacer cimientos y rehabilitar. Celebro que se haya desbloqueado el convenio para los 1.700 pisos de Barcelona, que marca un camino que seguirán a otras ciudades como Lleida y Girona.
El método implica simplificar la secuencia que va del planeamiento a la obtención de los suelos, los concursos de proyecto y las licitaciones de las obras, pasando por la entrega de las llaves. Para los operadores privados, requiere compartir riesgos con la administración con clara orientación al interés general.
Estamos en un momento diferente del 2006. En el 2008 estalla la burbuja inmobiliaria y se detiene todo, venden recortes y se pierden hogares, y también oficio. Pero en 2010 se aprueba la ley de urbanismo, que impone nuevos derechos y deberes a los propietarios de suelo. En el ámbito legislativo, creo que ya no podemos redactar más leyes y normas. A estas alturas tenemos a raudales y lo único que hace falta es aplicarlas.
Ahora existe buena coyuntura económica, el sector de la promoción se ha saneado. Los estudiantes que salen ahora de las Facultades de Arquitectura ya no quieren hacer grandes chalés en la costa o urbanizaciones de vacaciones. A muchos les interesa el campo de la vivienda pública. Quien más quien menos ha viajado por Europa y ha caminado por barrios que están llenos de edificios nuevos, eficientes energéticamente y asequibles. No es necesario inventar la sopa de ajo. Ahora nos toca ser tan europeos como ellos.
La administración pública debe ser eficaz y rendir cuentas periódicamente con los avances, con algunos indicadores sencillos. A continuación enumero unos cuantos que pueden ser útiles: número de pisos protegidos construidos; de éstos, cuántos serán de venta y cuántos de alquiler; cuántos por iniciativa pública y cuántos por iniciativa privada, y cuántas compras serán de pisos vacíos o rehabilitados. Lo inadmisible es que los departamentos y organismos autónomos generen superávits importantes a finales de año: éste sí que es un indicador de mala gestión, cuando hablamos de hacer frente a la emergencia habitacional.
Isla anunció un registro de solares sin edificar (lo prevé la ley de urbanismo a nivel municipal) y es bueno que la Generalitat lo agrupe. Hay que animar, pues, a todos los ayuntamientos a que inscriban todas las parcelas, porque el recuento será muy útil, y no podemos tardar un año en hacerlo, en la época del big data y la inteligencia artificial.
Los pisos se hacen de 50 a 50; por tanto, habrá que tramitar a la vez unos 1.000 proyectos. Esto genera trabajos técnicos de alta calificación en fase de proyecto, y trabajos manuales y puestos de trabajo industrial en fase de obra. ¡Es una actividad intensiva en capital humano! Sólo una advertencia: pisos públicos no significa minipisos, ni cajas de zapatos, ni construcción precaria. Estos pisos durarán 200 años y deben hacerse bien hechos. La calidad importa, porque hablamos de las casas de la gente; esto es material sensible.
¿Los 1.100 millones anuales serán suficientes? Imposible decirlo si no se desglosan las partidas: qué se pagará con impuestos, cuánto dinero será en concepto de ayudas, cuánto vendrá de las fianzas depositadas, cuánto dinero será préstamos que se recuperarán a largo plazo y cuánto se espera que allí invierta el sector privado. Históricamente, de 2006 a 2010 los presupuestos de la Generalitat ya invertían unos 1.000 millones anuales para producir unas 6.000 viviendas. De 2011 a 2010, los presupuestos se redujeron a 400 o 500 millones para vivienda, y en 2022, con el gobierno Aragonés, se recuperaron los 1.000 millones. Unos números grandes para entender las magnitudes: 50.000 pisos a 160.000 euros de coste son 8.000 millones. Si el Gobierno invierte 4.400 en un mandato, se entiende que el resto tendrán que aportarlo los privados.
No quiero terminar sin mencionar los 3.500 pisos de la Sareb en Catalunya, así como sus solares con capacidad hasta 15.000 pisos, algunos de los cuales tienen problemas que requerirán ingeniería y urbanismo. El sector bancario recibió muchos pisos procedentes de las ejecuciones hipotecarias; alguna implicación moral al convertirse ahora en parte de la solución también ayudaría: reformar los pisos, mantenerlos como toca y ponerlos en alquiler, con contratos decentes que den estabilidad a los inquilinos.
