Hace unos días, Íñigo Errejón, portavoz del grupo de Sumar, afirmaba: “La vivienda se ha convertido en un agujero negro del estado del bienestar. Y por eso, las políticas redistributivas (pensiones, salario mínimo y reforma laboral), se las estás dando a los caseros”.
Me quedo con lo de agujero negro. Pero debemos añadir que los aumentos salariales también se han ido a inflación (que ha estado por encima de los aumentos de rentas) y a impuestos (que han crecido más que el consumo). Hechas estas salvedades, lo que Errejón dice es cierto en muchas capas sociales. Especialmente entre inmigrantes, jóvenes y rentas bajas o familias monoparentales donde con un salario es muy difícil pagar un alquiler y vivir dignamente.
Ahora bien, el agujero negro no es un agujero. Es parte de la naturaleza y estructura económica española. Esos caseros que dice Errejón que se llevan el dinero son apenas el 10% de los españoles, que son los que declaran tener rentas inmobiliarias. Y ese 10% se nutre de un 25% de españoles que paga alquiler. El resto, un 75%, tiene vivienda en propiedad. España, a pesar de los pesares, en comparación al resto de la Unión Europea, sigue siendo un país con cultura de propiedad. En cuanto puede, la persona independizada se compra un piso y deja de alquilar. El motivo tiene que ver con el propio problema. Si los alquileres son caros, prefiero poner una parte tan importante de mi salario en un piso que, a la larga, será un ahorro. Si voy a pagar, digamos, 1.200 euros de alquiler, que pierdo íntegramente, pues prefiero pagarlos a un banco y que, por decir algo, 300 euros sean de intereses y 900 euros para una vivienda que está a mi nombre y que, el día que venda, recuperaré.
¿Qué sucede? Pues que a tres de cada cuatro españoles y, pequeño detalle, a toda la banca, no le interesa un desplome de los precios. Interesa un mercado de vivienda protegida y otro de vivienda libre. Pero una caída del valor de las viviendas afectaría de pleno a la solvencia de la banca española, así como al ahorro de tres cuartas partes de los españoles. Siempre he dicho que los grandes problemas se solucionan segmentando la cuestión en partes. La vivienda libre no va a lograr regularse –aunque de vez en cuando haya esperanzas engañosas como el dato de la semana pasada sobre el tope de precios en Catalunya–. Pero sí la protegida y la vivienda pública. Y ahí, España dedica 33 euros por habitante a vivienda, mientras que el conjunto de la UE dedica 120 euros por persona.
Ese es el agujero. Y no otro.
