Son muchas las diferencias que existen entre la “crisis pandémica” y la Gran Recesión que golpeó nuestras economías en aquel lejano 2009. De las políticas de austeridad y los recortes hasta las medidas para construir un “escudo social”. Y esto se ha visto reflejado también en los presupuestos autonómicos. La crisis de 2009 supuso no sólo que el déficit de las regiones se disparara, sino que no encontraran respuesta a los mercados financieros. La crisis de deuda hizo que nadie quisiera prestar a muchas comunidades autónomas, o que lo hicieran a un tipo de interés prohibitivo para cubrir el riesgo que asumían.
Esta dificultad de acceso a los mercados privados impulsó la creación de mecanismos extraordinarios de financiación por parte del Estado. Para evitar una situación de insolvencia de muchas comunidades, el ministro Montoro diseñó varios instrumentos de financiación, como el fondo de liquidez autonómico (FLA) y el fondo de facilidad financiera (FFF). Se trataba de mecanismos de rescate para hacer frente a pagos pendientes con sus proveedores, que obligaban a las comunidades autónomas a seguir ciertas condiciones para controlar los gastos financieros. Como resultado de estos instrumentos el Estado se convirtió en el principal acreedor de las comunidades autónomas, siendo España el país de la OCDE donde la deuda regional aumentó más desde el inicio de la crisis financiera.
El FLA y el FFF eran mecanismos temporales que se han quedado y que, en el marco de los pactos y negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, han cobrado mayor protagonismo que nunca. Durante la pandemia, los recursos y fondos extraordinarios en las comunidades autónomas fueron avanzando, con el gobierno central actuando como paraguas financiero. Sin embargo, ahora las condiciones cambian. Se terminan los programas de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, devuelven las reglas fiscales y todos aquellos que pagamos una hipoteca sabemos lo altos que son los tipos de interés. Esto hace que las comunidades tengan que asumir muy altos costes financieros, y si quisieran acudir a los mercados financieros privados seguramente tendrían primas de riesgo impagables.
Es en este contexto en el que deben situarse las negociaciones del Estado con Cataluña, y la condonación de parte del FLA. Esta medida, extensible a todas las comunidades autónomas de régimen general, debería ampliarse a otros mecanismos de financiación como el FFF para evitar grandes desequilibrios entre regiones. En la historia financiera de muchos países hay momentos en los que la carga de la deuda es insostenible y deben encontrarse medidas para aliviarla. Es una medida inevitable y necesaria. Asimismo, no exenta de problemas. El primero, lo que los economistas llaman riesgo moral. Existen fuertes diferencias entre las comunidades autónomas y las deudas asumidas con el gobierno central, entre las que ya han devuelto deudas o las que emitieron deuda en los mercados financieros privados. Saber que si el Estado te presta dinero puede que no tengas que devolverlo, hace que se puedan generar acciones indeseables.
Asimismo, puede que la condonación del 20% del FLA no sea suficiente para que Catalunya pueda asumir una gran deuda y volver a los mercados financieros. El argumento que se da desde la Generalitat es que este aumento del endeudamiento se debe al hecho de estar peor financiados. Y, si bien es cierto, ésta no es la negociación que se ha tenido ahora sobre la mesa. El sistema de financiación de las comunidades autónomas debe reformarse. Es una discusión incómoda, y en la que lo mejor de los escenarios será encontrar ajustes que no satisfagan a nadie del todo.
Aún tenemos dos grandes reformas pendientes: el sistema de financiación de las comunidades autónomas y la coordinación de competencias entre el Estado y éstas. Este tipo de soluciones se dan a menudo cuando la aritmética electoral obliga a ello, como es el caso ahora mismo. Ya pasó en los 90 con los acuerdos de CiU y distintos gobiernos del Estado. Con Felipe González se pactó la cesión del 15% del IRPF, el acceso a fondos europeos de cohesión y mayor autogobierno. Después, junto a Aznar, dentro del Pacto del Majestic, la cesión de nuevas competencias, la ampliación de la recaudación del IRPF y nuevos impuestos.
Quizás, más allá de la polémica de la condonación de parte de la deuda, era el momento de luchar por un nuevo marco de relaciones fiscal-financieras entre el Estado y las comunidades, dentro de una reflexión más amplia sobre la solidaridad interterritorial y la equidad en el reparto de recursos. No es un debate fácil, ni tenemos un contexto de consenso, pero los vientos electorales pocas veces nos habían sido tan favorables.
