VitoriaEl Gobierno vasco está trabajando en la nueva ley de educación que sustituirá la que está vigente desde 1998. Las bases sobre las cuales se sostendrá la nueva legislación son las consensuadas en el Parlamento vasco hace tres meses y que contaron con el apoyo del PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, lo que supone más del 90% de la cámara vasca. Se han quedado fuera del pacto educativo el PP, Ciudadanos y Vox, que denuncian que la ley limita la elección de centro por parte de las familias. Se espera que la ley se apruebe la primavera de 2023.
La educación y el euskera han sido tradicionalmente materias muy sensibles y altamente politizadas, lo que ha supuesto que, a pesar de que su actualización era urgente y necesaria, nunca se había podido materializar. Un consenso imposible durante casi 25 años que ahora ha sido posible gracias al acuerdo al cual han llegado el PNV y EH Bildu –primero y por ahora único acuerdo de país al cual han llegado estas dos fuerzas políticas– y que después se ha extendido al PSE y a Elkarrekin Podemos.
El pacto define un solo sistema educativo, con dos redes: la pública y la privada-concertada. El fortalecimiento de la escuela pública, la obligación de cumplir unos requisitos para obtener financiación por parte de una parte de la red concertada –respetando la identidad y el carácter propio de las dos redes–, la lucha contra la segregación, el euskera como eje de un sistema plurilingüe y la apuesta por la autonomía de los centros educativos que se adapten a su realidad social son algunos de los pilares sobre los cuales se construirá la enseñanza futura en Euskadi.
El plan lingüístico se estructura como un "sistema plurilingüe el eje del cual es el euskera" y se articula a través de las dos lenguas oficiales –euskera y castellano– y "al menos una lengua extranjera". Todo esto, "de acuerdo con un patrón fundamental para garantizar la cohesión social y la capacidad de comunicación de la ciudadanía en ambas lenguas oficiales". Además, indica que la futura ley intentará hacer posible que todos los alumnos "independientmente de su origen familiar" conozcan, al acabar los estudios, las dos lenguas oficiales de Euskadi "al mismo nivel" y hayan adquirido conocimientos, como mínimo, de una lengua extranjera. Se establecerán como meta al menos los siguientes niveles de competencia: B1 en las dos lenguas oficiales al acabar la educación primaria, y B2, también en las dos lenguas oficiales, al acabar la ESO.
Críticas a la nueva ley
La gran oposición al pacto educativo no está en el Parlamento, sino en sectores amplios de la comunidad educativa, como directores de centros, AMPA, alumnos y en el sindicato más representativo del sistema, Steilas, todos ellos agrupados en la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro (Orgullosos de la escuela pública vasca).
En cuanto al euskera, la plataforma denuncia que no hay voluntad de superar los modelos lingüísticos, puesto que el acuerdo "no responde a la necesidad de implantar un modelo único de inmersión en euskera". Además, critica que la nueva ley anteponga la hipotética libertad de elección de las familias a la cohesión social, la calidad educativa y la inclusión, lo que dicen que hará que la mayoría del alumnado inmigrante y con nivel socioeconómico bajo siga en la red pública y no se reparta entre las dos redes.
La plataforma destaca que el acuerdo político no incluye ningún compromiso para que la red pública sea prioritaria y, al contrario, "equipara las dos redes, privada y pública, tratando igual lo que es diferente y manteniendo así el actual sistema dual y discriminatorio". Hay que tener en cuenta que en el sistema educativo vasco la red privada y concertada (por la gran presencia de ikastolas no publificadas) escolariza a casi la mitad del alumnado, el 49%. Esto supone una tasa de escolarización a la red privada que solo superan dos estados en toda Europa. Es, por lo tanto, una evidente anomalía.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, del PNV, alaba el consenso al cual se ha llegado y afirma que en Euskadi se tiene que "superar la dicotomía pública versus concertada". "Tenemos que posicionarnos más allá de todo esto y pensar que hay unos alumnos que están en la pública y otros que están en la concertada". En esta línea, afirma que su gobierno –y señala que está incluido en su propio pacto– "ha de responder con calidad y como se merecen los padres y madres que han escogido para sus hijos e hijas la concertada".
![El consejero de Educación balear y la presidenta del gobierno de las Islas, el día que se aprobó la ley de educación.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
