20 años del 11-S

Reed Brody: "Hubo un antes y un después para los derechos humanos a raíz del 11-S"

El abogado Reed Brody es conocido con el apodo de caza dictadores
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Dosier 20 años del 11-S Desplega
1
11-S: veinte años del atentado que nos cambió a todos
2
El 11-S y los otros catalanes
3
Barcelona y Cambrils: El yihadismo autóctono
4
Talibanistán: círculo cerrado
5
Robert Riley, excónsul de los EE.UU. en Barcelona: “Nunca se volvió al ritmo de antes del 11-S”
6
Michael Lomonaco, chef del restaurante de las Torres Gemelas: "Ayudar a las familias de las víctimas me permitió mirar adelante en la vida"
7
Phyllis Rodriguez, madre de una víctima del 11-S: "Mi compromiso con la no-violencia y la reconciliación se ha profundizado desde 2001"
8
"Hubo un antes y un después para los derechos humanos a raíz del 11-S"
9
Nadia Ghulam: "Las imágenes de los atentados las vi muchos años más tarde, en 2010, cuando ya estaba en Catalunya"
10
Alexander García, militar que perdió una pierna en Afganistán en 2011: "No quiero volver a revivirlo todo, estoy sobrepasado"
11
Adsel Sparrow: "Toda mi vida hemos estado en guerra en Oriente Medio"
12
El 11-S que nos explicó la ficción
13
“O estáis con nosotros o estáis con los terroristas”
14
La guerra en Afganistán, un puro teatro
15
Bin Laden, el hombre más buscado del mundo
16
Estados Unidos: Conflicto fuera o dentro
17
Europa, de la fractura post 11-S a la emancipación transatlántica
18
Al Qaeda, una red global para exportar el terror a todo el planeta

BarcelonaEl abogado neoyorquino Reed Brody es el autor del demoledor informe que Human Rights Watch publicó en julio de 2011 sobre las torturas practicadas por la administración Bush en su guerra contra el terror, después de los atentados del 11-S. Las prácticas que describe son aterradoras, ponen los pelos de punta. ¿Alguien ha pagado por aquello? ¿Y cómo es posible que se llegara a este extremo? Brody responde por teléfono desde París. El abogado es conocido con el apodo de Cazadictadores por sus causas abiertas contra Pinochet, Duvalier o los genocidas de Ruanda. A pesar de esto, admite, llevar a George W. Bush ante los tribunales sería muy difícil.

¿Cómo es posible que se aprobara la tortura como práctica habitual?

— La administración Bush, con el apoyo de gran parte de la opinión pública, hizo creer después de los atentados del 11-S que la lucha contra el terrorismo exigía una política implacable, sobre todo en cuanto al tratamiento y al interrogatorio de los detenidos, y que no podía ajustarse a las restricciones del derecho internacional y de la Convención de Ginebra. Supimos que el 17 de septiembre de 2001 el presidente Bush autorizó el programa de detención secreta de la CIA, que fue el detonante que permitió a esta agencia detener en secreto a personas sospechosas de terrorismo.

¿Dónde las llevaban?

— La CIA mandaba a personas sospechosas de terrorismo a países conocidos por practicar la tortura, por ejemplo el Egipto de Hosni Mubárak, la Siria de Bashar al-Asad o la Libia de Muamar el Gadafi. De hecho, en Trípoli se descubrieron documentos que confirmaban que la CIA envió a presuntos terroristas al régimen de Gaddafi e incluso propuso qué preguntas tenían que hacerles sus servicios de inteligencia. También había prisiones secretas norteamericanas en Tailandia, Rumanía, Marruecos... Y en Guantánamo se creó un lugar de no-derecho que quedara fuera del alcance de los tribunales y de la Constitución de los EE.UU..

¿Qué prácticas se llevaban a cabo en estos centros de detención?

— En Afganistán se llevaron a cabo prácticas medievales en la prisión de Bagram, que después se aplicaron en otros lugares. Por ejemplo, colgar a los presos por los brazos durante días, hacerles escuchar música rock a alto volumen, encerrarlos dentro de cajas como si fueran tumbas... También se generalizó el waterboarding [sumergir la cabeza de un preso en agua hasta que esté a punto de ahogarse]. Bush aprobó personalmente esta práctica para dos supuestos responsables de Al-Qaeda, Khalid Mohammed y Abu Zubaydah. El primero fue sometido al waterboarding en 183 ocasiones, y Abu Zubaydah, en 83.

¿Los Estados Unidos habían utilizado estas prácticas antes del 11-S?

— Seguramente sí, en América Latina durante la guerra sucia, pero yo creo que nunca se aprobaron estas prácticas a tan alto nivel. Después del 11-S el departamento de Justicia de Bush escribió un memorándum para darles cobertura jurídica. Por ejemplo, se estableció que para que una práctica se considerara tortura tenía que dejar improntas físicas duraderas.

¿Cuál fue la consecuencia de todo esto?

— Pues la consecuencia fue que después muchos países, como China y Zimbabue, justificaron las prácticas que llevaban a cabo con los detenidos basándose en lo que hacían los Estados Unidos. Es decir, hubo un antes y un después para los derechos humanos. Se puede decir que a partir del 11 de septiembre el paradigma cambió y los gobernantes priorizaron la seguridad a los derechos humanos.

¿Los Estados Unidos siguen usando estas prácticas?

— No, porque Barack Obama abolió las prisiones secretas y prohibió recurrir a la tortura, pero no exigió responsabilidades. O sea, no se abrió ningún caso criminal contra Bush o contra Donald Rumsfeld [que fue secretario de Defensa] por haber autorizado la tortura.

¿Sería posible llevar a Bush ante la justicia?

— Sería muy difícil, pero no podemos aceptar que un responsable que aprobó torturas no sea procesado por ello.

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