Faltan propuestas para combatir la pobreza energética

Los datos no engañan. En Europa hay 47 millones de personas que sufren pobreza energética, es decir, que en invierno no pueden calentar suficiente casa. De éstos, 10 millones están en España, y de éstos, 1,5 en Catalunya. El mapa que dibuja Eurostat demuestra que, curiosamente, allí donde existe un problema más grave no es en los países donde hace más frío, los del norte, sino en el del sur, como España, pero también Portugal o Grecia. En estos países, alrededor del 20% de la población tiene problemas para calentar su casa. Pero lo más preocupante es que la cifra, lejos de reducirse, va en aumento. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que en 2021 tenía un 15,9% de población afectada y ahora tiene un 20,1%. Si miramos otro indicador, el de la población con problemas para pagar la factura, vemos que también es un dato elevado: un 14% en el caso de Catalunya.

Los expertos señalan tres variables clave para entender este fenómeno: el precio de la electricidad o el gas, las infraestructuras energéticas y el aislamiento de las viviendas. No es casual que sea en los países del sur, donde la calidad de las viviendas es peor, donde haya mayor pobreza energética. Las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza energética deben actuar en estos tres frentes. En realidad hablamos de un problema de salud grave, puesto que la exposición al frío durante mucho tiempo seguido puede tener consecuencias graves para el organismo, sobre todo si hablamos de personas con patologías previas o niños. No poder calentar la casa por falta de medios también tiene graves efectos emocionales, sobre todo si se trata de padres. Basta con hacer el ejercicio de pensar cómo nos sentiríamos si en nuestro país, en los días de más frío, no pudiéramos encender un radiador o una estufa.

Estos datos deben servir para que la administración se ponga las pilas en este asunto. El Parlament de Catalunya fue pionero en el 2015 a la hora de aprobar una ley para combatir la pobreza energética e impedir el corte del suministro a los hogares vulnerables, pero la ley no ha terminado de desarrollarse con decretos. El departamento de Derechos Sociales tiene un programa específico al que destina 11 millones y que cubre unas 2.000 unidades familiares, pero basta con hacer números para ver que es completamente insuficiente cuando hay un millón y medio de afectados potenciales.

Hay que encontrar una manera, también con la participación de las grandes empresas energéticas, para asegurar que todo el mundo tenga un mínimo bienestar ambiental. La experiencia de los últimos años, con la contención de la subida de precios que supuso el inicio de la invasión rusa de Ucrania con el llamado tope ibérico, demuestra que existen formas eficaces de intervenir en el mercado para que encender la luz no sea ningún lujo. Las bonificaciones para familias vulnerables también han sido una medida que ha aliviado la situación a miles de personas. Pero si se quiere reducir significativamente este 20% de población con problemas habría que ampliar el radio de acción y la intensidad de estas políticas.