El acuerdo de la Generalitat y el Ayuntamiento para desbloquear la construcción de 637 pisos sociales en la capital es buena noticia. Quedaron parados con la convocatoria electoral. El ARA alertó de la absurdidad del freno administrativo a la ejecución: el gobierno Aragonés adujo que se había quedado sin presupuestos. Ahora el presidente Isla y el alcalde Collboni, en su primera cita, han dado prioridad a este proyecto, primera fase del convenio que habían firmado el Ayuntamiento y el gobierno de los republicanos para sacar adelante 1.700 pisos sociales.
A nadie se le escapa que el problema de la vivienda es uno de los más graves que tienen los ciudadanos de Barcelona, y de Cataluña en su conjunto, muy especialmente los jóvenes, pero no sólo. La presión turística ha subido los precios y ha reducido la oferta para los autóctonos. Los pisos de temporada y los alquileres turísticos copan el mercado. Su regulación tiene todavía muchas lagunas. De hecho, el propio PSC impidió el pasado mayo, absteniéndose, la aprobación del decreto para limitar los alquileres de temporada. Ahora, sin embargo, los acuerdos de ERC y el PSC para el pacto de investidura incluyen medidas presupuestarias y legislativas al respecto, además de prometer la construcción de "50.000 pisos nuevos en el período 2024-2030". Al gobierno de Isla se le gira trabajo. Para cumplir este compromiso, deberá pisar el acelerador sin dilaciones, con Incasòl como motor, pero también con políticas compartidas con el resto de administraciones, y con la colaboración imprescindible del sector privado.
Si no se actúa con decisión, la situación de excepcionalidad que sufrimos es susceptible de empeorar aún más. En Menorca, por ejemplo, en el mercado actualmente no existe ninguna oferta de pisos para vivir todo el año: absolutamente todo está enfocado al turismo. Si no se ponen frenos claros, aquí puede ocurrir lo mismo. La cuestión, pues, debe abordarse desde la conciencia de que es necesario limitar la oferta turística. En poco tiempo ha cuajado la idea de que hemos sobrepasado los umbrales razonables de visitantes: los perjuicios (con la crisis habitacional a la cabeza) son ya peores que los beneficios. La gente no encuentra lugar en el que vivir y sufre, además, las molestias de la masificación, desde la inseguridad hasta la suciedad y el ruido. En este sentido, también resulta relevante que Collboni e Isla hayan pactado incrementar la tasa turística a los cruceristas de corta duración, sin concretar cuál será el aumento. Es una medida de urgencia bienvenida, pero ni mucho menos suficiente. Es necesario ir más allá en la reorientación y limitación de la oferta turística. También es importante que Isla haya decidido mantener el decreto aprobado por el gobierno de Pere Aragonès que permitirá al Ayuntamiento de Barcelona eliminar en cinco años los más de 10.000 pisos turísticos que ahora existen en la ciudad. La concreción de esta medida tampoco es sencilla. Las administraciones tendrán que ser rigurosas y activas para evitar subterfugios o directamente ilegalidades.
El sector público puede y debe ser un motor que lidere la solución. Pero todo el mundo debe arremangarse. La vivienda es un derecho básico. Y la situación es de urgencia social.
