Lamentablemente, la corrupción vuelve a ocupar las portadas de nuestros diarios y se demuestra, una vez más, que España debe afrontar una decidida reforma de la administración para fomentar la integridad pública. Es interesante, en este contexto, echar un vistazo a algunas iniciativas en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) en este ámbito.
Hay que decir que estamos oyendo hablar mucho de inteligencia artificial, pero bajo esta etiqueta a menudo se engloban herramientas muy diversas. Algunas son sofisticadas, básicamente las que utilizan aprendizaje profundo, y otras más sencillas se centran sobre todo en el análisis de grandes cantidades de datos y la detección de patrones mediante algoritmos estáticos. Seguramente muchos expertos cuestionarían si todas estas herramientas tienen las capacidades suficientes para ser consideradas dentro de la IA, pero, en cualquier caso, son parte de desarrollos tecnológicos relativamente recientes que pueden significar cambios importantes en las políticas anticorrupción.
En primer lugar, existen estas herramientas que se centran en el análisis de diversas bases de datos públicas y, a partir de algoritmos, establecen patrones y detectan posibles inconsistencias. Estas herramientas se focalizan en el análisis de riesgos, la idea extendida en la última década de que es necesario sustituir las auditorías y controles públicos basados en muestras aleatorias y basarse en el análisis de actividades públicas o casos que muestren mayor riesgo de corrupción. Una experiencia interesante y pionera a nivel europeo es el Sistema de Alertas Rápidas (SALER) planteado por la Generalitat Valenciana en una ley de 2018, pero que todavía no se ha desarrollado por completo. Esta herramienta prevé la posibilidad de incorporar bases de datos de la Generalitat y externas, por ejemplo, sobre la actividad financiera o mercantil de los contratistas. Al tratarse de una herramienta innovadora, SALER ha mostrado también las dificultades legales, técnicas e incluso en la cultura de la administración para obtener los datos suficientes para cumplir su finalidad.
China desarrolló hace más de diez años la herramienta Zero Trust, que detectó casi 9.000 irregularidades de funcionarios públicos empleando más de 150 bases de datos personales. Este caso abre el debate sobre los riesgos, especialmente en países no democráticos, de que estas herramientas puedan suponer una intrusión desproporcionada en la privacidad de los servidores públicos o incluso convertirse en herramientas para el control de la oposición.
Brasil ha sido seguramente uno de los países que más ha desarrollado la IA contra la corrupción. Entre las numerosas experiencias en este país, es interesante el tuitbot Rosei da Serenata, implementado por la organización Open Knowledge Brasil, que detectaba gastos sospechosos de cargos públicos y lanzaba alertas en Twitter para incentivar la rendición de cuentas y el control ciudadano de la corrupción. En ese mismo país también encontramos varias aplicaciones de aprendizaje automático como el sistema FARO de la sindicatura de agravios, que clasifica las denuncias recibidas según la probabilidad de que requieran una investigación posterior, o el sistema Malha Fina de Convênios, que clasifica los contratos públicos en niveles de riesgo según sus características. Una de las herramientas de IA que más interés han despertado en los últimos tiempos, los modelos de lenguaje extenso como ChatGPT, también empiezan a utilizarse para fomentar la integridad pública. En este sentido, la sindicatura de cuentas brasileña utiliza desde hace poco más de un año la herramienta ChatTCU para mejorar la eficiencia en la escritura de documentos oficiales.
La IA puede conllevar también oportunidades para la implicación ciudadana en la lucha contra la corrupción, como lo demuestran la herramienta Rosei o la aplicación DataCrowd desarrollada en Nigeria. Esta herramienta ganó una hackatón organizada en 2020 en Lagos y se basa en sistemas de geolocalización para revisar informaciones de la ciudadanía sobre el estado de las obras públicas. El proyecto pretende implementar también el procesamiento del lenguaje natural, el tipo de tecnología en la que se basan los modelos de lenguaje extenso, para fomentar esta participación ciudadana en el control de los recursos públicos. Costa Rica ha presentado recientemente un proyecto similar que registraría en tiempo real imágenes de las obras públicas y permitiría su monitorización tanto por parte de la ciudadanía como mediante herramientas de inteligencia artificial.
Tanto en el ámbito académico como entre los expertos y organismos internacionales contra la corrupción se considera que la IA puede significar un salto de escala para el fomento de instituciones públicas íntegras, donde no haya espacio para el desvío de los recursos públicos hacia los intereses privados. Sin embargo, se trata también de unas herramientas con limitaciones y riesgos que habrá que saber afrontar para aprovechar todas sus potencialidades y al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía y a los principios democráticos.
