Un 25 de enero de 1284 en Gerona le era reconocida la facultad de autogobernarse. Desde entonces y durante más de siete siglos, Gerona ha tenido un ente institucional permanente gestionando el día a día de sus habitantes. De los cerca de 1.000 hogares contados en los primeros recuentos del siglo XV a los cerca de 110.000 gerundenses y gerundenses de la actualidad. En medio han pasado dinastías, modelos de estado, ideologías y formas de gobierno diversas, pero el Ayuntamiento, en uno u otro formato, ha existido y ha liderado el futuro de sus vecinos y vecinas. Como Girona, cientos de villas y pueblos de nuestro país. Cientos de villas y pueblos que ven como en los últimos años se les ha estrangulado la capacidad de financiación y de inversión desde el Estado, lo que ha afectado claramente a la calidad de los servicios públicos y directamente el día a día de la ciudad y de esos que viven. Unos ayuntamientos que año a año deben ofrecer más servicios con unos costes más elevados pero con una capacidad económica similar.
Los datos publicados por la Asociación Catalana de Municipios este año son demoledores. Cataluña está a la cola en la financiación del Estado a la administración local, con 473 € transferidos por habitante, mientras algunas comunidades autónomas suben a los casi 800 €. Asimismo, vemos la capacidad de endeudamiento reducida al mínimo y, con la reincorporación de la regla de gasto otra vez pasada la covid, los municipios están obligados a cubrir deuda con los remanentes que no han ejecutado y, encima, con una lógica perversa : cuanto menos deuda tenemos, menos capacidad de endeudamiento para inversiones te deja hacer el Estado. Una combinación que estrangula a los municipios ya la que hay que sumar el incremento de la burocracia en cualquier trámite, que lleva a los ayuntamientos a sufrir una situación de bloqueo absoluto donde quien más sufre es la gente de la calle, trabajadores, autónomos y usuarios de los servicios públicos . En Girona cada año subimos contentos los salarios de los trabajadores públicos, tal y como dice el pacto entre sindicatos y gobierno español. Sin embargo, un incremento que tenemos que pagar con dinero de la hacienda municipal. Como nos ocurre también con las leyes a nivel de estado o del Parlamento, que cada vez nos ponen más deberes sin aportar la financiación necesaria.
Los datos hablan por sí solos: a pesar de que la economía formalmente crece, la desigualdad y la pobreza no se reducen en las ciudades catalanas, todo lo contrario. Las clases sociales más humildes viven en una crisis permanente desde hace cerca de veinte años y las llamadas clases medias, es decir, la parte de las clases populares a las que la llegada del estado del bienestar había garantizado un incremento del nivel de vida, ven cómo las generaciones que las sucederán vivirán peor. Las instituciones públicas no son hoy la garantía de que eran hace treinta años. El neoliberalismo desatado las ha resquebrajado. Aquí es donde reside realmente el problema de la "seguridad". En Girona, por ejemplo, hemos multiplicado por ocho la cifra de personas sin hogar en los últimos años, y los servicios sociales llevan un ritmo que todo el mundo sabe que no es sostenible a largo plazo. Si lo colectivo falla, vuelve desgraciadamente la "batalla" de mirar con desconfianza al vecino de al lado.
Y todo mientras los costes de los servicios básicos, ya sean gestionados directamente o de forma externalizada, ascienden a un ritmo infernal. Por poner un par de ejemplos: mientras que el coste de la limpieza de equipamientos ha subido de 4,8 a 5,5 millones de euros en sólo un año (un 13%), el mantenimiento de semáforos ha aumentado un 32%, de 347.000 a 509.000€. Y esto pese a que hemos modificado algunos aspectos para hacerlo más eficiente. La solución parece difícil y al mismo tiempo obvia. Por un lado, la capacidad del país de disponer de todos los recursos que se generan en Cataluña, la soberanía fiscal, y, por otro, evidentemente construir una estructura política más descentralizada donde los municipios podamos asumir con calidad los servicios esenciales también en contexto de crisis.
Sin la llave de la caja, sin la plena independencia, los municipios catalanes divisan un futuro complejo. Sobre todo si el Estado no tiene especial interés. Madrid nos hace dependientes y pequeños.
Llegados aquí, parece evidente que los municipios del país que compartimos diagnosis y soluciones tenemos que alzar la voz de forma coordinada y explícita, poner las cartas sobre la mesa, reivindicar que queremos municipios fuertes, estructurados y con capacidad de hacer políticas públicas. Y debemos hacerlo por el presente y también por el futuro. Toca un acto de país, de los municipios del país. Cada día que nos vemos limitados a ejercer esta potestad es un día más que mucha población vive en situación más precaria, que las villas tienen menos oportunidades de adaptarse y modernizarse para mejorar la vida de sus gentes. Nos van los derechos nacionales y sociales. Nos va el futuro.
