La economía catalana está pidiendo a gritos un impulso renovador. La crisis financiera de 2008 a 2014 y la crisis sanitaria han sido más graves aquí que al norte de los Pirineos. Es evidente que algo falla cuando las cosas nos van peor sea cual sea la naturaleza de la crisis. Por otro lado, demasiado jóvenes bien formados se ven obligados a irse. A estas alturas meparece que todas las personas medianamente informadas saben que nos hace falta reindustrializarnos, y que esta reindustrialización pasa por una mejor educación básica, más investigación, más transferencia de tecnología y, sobre todo, por la voluntad colectiva de impulsar proyectos económicos innovadores.
Nos jugamos mucho, porque sin una renovación que aumente significativamente la productividad por hora trabajada, nuestro estado del bienestar -la sanidad, la educación y las pensiones públicas, entro otros servicios- está condenado a la inanición. La oportunidad, por otro lado, es clara: aprovechar los fondos Next Generation, que están diseñados precisamente para reindustrializarnos, y que tienen un volumen extraordinariamente elevado. Solo los recursos a los que tiene derecho España entre 2021 y 2023 -73.000 millones de euros- equivalen a más de dos Planes Marshall y medio (el Plan Marshall consistió en un donativo de los EE.UU. igual al 2% del PIB de los países beneficiarios, y 73.000 M€ equivalen al 5,6% del PIB español).
El gobierno de la Generalitat ha empezado a hacer los deberes aprobando un plan (Catalonia Next Generation) en que ha establecido las prioridades que pretende conseguir. Digo que ha empezado a hacer los deberes porque la mayor parte de los proyectos se tienen que concretar para que sean operativos, y no está claro que todos lo puedan ser.
Sin embargo, los principales problemas a los que nos enfrentamos para que los fondos nos sean eficaces raen en su gestor, que es el gobierno español.
El primer problema es que el gobierno está más preocupado en no fracasar que en triunfar. Me explicaré. España es un estado miembro de la Unión Europea que tradicionalmente tiene dificultades para ejecutar los fondos que esta le asigna. A menudo porque no es capaz de encontrar suficientes proyectos que cumplan los requisitos y siempre porque la tramitación administrativa es demasiado lenta. Como constituiría un fracaso político descomunal llegar a finales de 2023 sin haber ejecutado una proporción muy elevada de los 73.000 millones, las decisiones que se están tomando priorizan la facilidad del gasto por encima de su valor estratégico. A la práctica, esto significa que los fondos disponibles se están fragmentando en una miríada de partidas y subpartidas presupuestarias administradas por órganos administrativos diversos, que no siempre tienen ni la vocación ni la obligación de perseguir la transformación de nuestra economía.
En segundo lugar, porque, aunque se ha anunciado que las comunidades autónomas y los entes locales gestionarán la mitad de los recursos, el gobierno español pretende que todas las decisiones sean tomadas de forma centralizada. Esto significa que el ministerio X ejecutará directamente una parte de los recursos que le sean asignados (convocando licitaciones y subvenciones competitivas), y el resto la transferirá a los entes territoriales con instrucciones precisas de qué tienen que hacer.
Ninguna de estas dos decisiones es irracional. En cuanto a la primera, es muy difícil invertir bien tantos recursos en tan poco tiempo; en cuanto a la segunda, quien tendrá que justificar ante la Unión Europea el destino de los recursos será el gobierno español. Además, en algunos casos nos pueden beneficiar. Por ejemplo, a la hora de asignar los recursos españoles en ciencia, industria o salud nos resulta mejor, en principio, un proceso centralizado competitivo (en el que ganen los mejores proyectos, vengan de donde vengan) que un reparto proporcional en función de la población.
Ahora bien, todo esto es tanto como decir que nuestras necesidades estratégicas serán abordadas si coinciden con las decisiones que tome el gobierno central. En el caso de la electrificación de Seat podemos respirar tranquilos, porque parece claro que el gobierno central la considera, como nosotros, una prioridad. En el caso de la fabricación de baterías, en cambio, no podemos confiar en que el gobierno central no considere con mucha simpatía lugares alternativos a Catalunya.
Si el nuevo gobierno de la Generalitat quiere que sus prioridades reciban el oportuno impulso, tendrá que negociar de lo lindo con el gobierno español para canalizar sus acciones en la dirección adecuada. Esto tiene que significar, entre otras cosas, movilizar todos sus diputados en las Cortes. Que tienen que ser todos me parece que es una cosa que tendría que estar clara en el pacto de investidura, porque la alternativa es aceptar -por bien o por mal- lo que se nos asigne.
Miquel Puig es economista.
