¿Los campesinos están en contra de la lucha climática?

BarcelonaEl campesinado europeo está en pie de guerra, y la extrema derecha saca rédito político para poner bastones en las ruedas de la lucha contra la emergencia climática. Las consignas contra el pacto verde (green deal) de la Unión Europea se repiten en las manifestaciones campesinas de Francia, Alemania, Bélgica, Italia y España. En toda Europa, parece que las reivindicaciones de los agricultores chocan con el proceso de descarbonización y transición ecológica impulsado por el Acuerdo de París. ¿Pero son realmente contradictorios los reclamos del campesinado y la lucha contra el cambio climático?

La agricultura (y, dentro de ésta, sobre todo la ganadería) es responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. Si se mide todo el sistema de producción de alimentos, incluida la distribución, transporte y venta, asciende al 26%. La transformación del sector es ineludible para poder cumplir el Acuerdo de París, pero esta transformación "no se puede realizar a través de la tecnología o de imponer un sistema más burocrático de control fitosanitario y ecológico" que ahoga a las explotaciones pequeñas, " sino que requiere una revisión completa de la actual modelo de producción del sistema agroalimentario", remarca Federica Ravera, ambientóloga, experta en economía ecológica e investigadora de la Universidad de Girona. De hecho, tal y como apunta Ravera, "el impacto que tiene la agricultura sobre el cambio climático está relacionado con el sistema industrial", y no el del pequeño y medio campesinado, que es el que mayoritariamente ha salido a la calle.

Algunos discursos de la protesta campesina dan a entender que la agricultura está en contra de la protección de la naturaleza. Algunos colectivos sublevados piden incluso la eliminación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Pero, al igual que ocurre con el cambio climático, el impacto negativo de la agricultura en la biodiversidad viene principalmente de las explotaciones agrarias intensivas o de prácticas de monocultivo extensivo impulsadas por las grandes empresas. El problema es que tanto la Agenda 2030 como la política climática de la UE se están aplicando de una forma que penaliza al campesinado familiar y de pequeña escala, dicen los expertos, cuando debería poner el foco en la agroindustria.

"El Pacto Verde Europeo ha planteado unos objetivos que no son realistas y ha provocado mucha tensión en el campo", asegura el investigador del Centro de Economía, Geografía y Demografía del CSIC Tomás García Azcárate, que habla incluso del "despotismo científico ilustrado" del ex vicepresidente europeo y responsable del pacto verde, Frans Timmermans.

"Nadie puede negar la necesidad de adaptación y mitigación del cambio climático", remarca el experto, pero critica que esta lucha climática ha tenido dos grandes problemas en la UE. "Primero, llegó tarde, cuando la nueva política agraria común (PAC) ya se había lanzado dos años antes [sin tener en cuenta estos preceptos], y, segundo, la Comisión fijó unos objetivos cuantitativos sin ningún análisis de su factibilidad o impacto", afirma. "Todo esto ha hecho que los defensores de la transición agroecológica, del pacto verde y de la política de la granja a la mesa, como yo mismo, tengamos problemas para defenderla", añade.

Un diálogo imprescindible, pero que hace tarde

El pacto verde prevé medidas como elevar al 25% la agricultura ecológica para 2030 –en España ronda el 8%, mientras que países como Austria ya están al 22%–, regenerar el 20% de los ecosistemas dañados –que incluye indicadores de biodiversidad obligatorios para las zonas de cultivo–, además de la reducción del 55% de las emisiones de CO₂ para 2030, lo que obliga a abandonar combustibles fósiles como el diesel (del que el campesinado es todavía demasiado dependiente) ). Bruselas ya ha dado marcha atrás del objetivo de reducir en un 50% el uso de pesticidas más peligrosos en 2030. Aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo vendió como una concesión a los campesinos en febrero, en pleno pico de tractoradas en toda Europa, esta norma ya había quedado estancada en el Parlamento Europeo en diciembre y probablemente no habría salido adelante igualmente.

Ahora, Von der Leyen ha decidido impulsar un "diálogo estratégico para el futuro de la agricultura en la UE", en el que sentará a la misma mesa a campesinos, ecologistas, consumidores, empresas y otros sectores implicados, una iniciativa que "demuestra buen criterio, pero es lo que debería haberse hecho dos años antes", remarca García Azcárate. "No hay agricultura verde en números rojos: cuando los agricultores se manifiestan pidiendo precios justos, los ecologistas deberían estar allí con ellos llevando la pancarta", insiste. "Hay un divorcio cultural entre el mundo ecológico y el mundo agrario que es necesario solucionar", concluye.

El gran reclamo del campesinado en la Unión Europea, dice el investigador, no es que detenga la agenda climática sino que la aplique "con acompañamiento, asesoramiento, formación y ayudas para que a la clase media del campesinado" pueda adaptarlo las nuevas normativas medioambientales. Y pueda adaptarse también a "la gran revolución tecnológica" que está viviendo el sector agrícola, y que beneficia sobre todo a las grandes empresas que sí pueden asumirla. Aunque algunos colectivos agrarios europeos sí piden directamente derogar el pacto verde (a menudo con el apoyo de la extrema derecha), hay otros, como el del campesinado catalán, que han querido dejar claro que su oposición no está en la lucha climática sino en la forma en que se está aplicando.

Ravera afirma incluso que "el Pacto Verde Europeo es poco ambicioso, porque debería rediseñar todo el sistema agroalimentario y proteger todos los escalones de la cadena alimentaria para hacerla de proximidad". Un sector primario ecológico y de proximidad resolvería la crisis ecológica y climática y al mismo tiempo ayudaría al campesinado local. Además, resolvería otro grave problema de los agricultores, que es la competencia que representan los productos importados de fuera de la Unión Europea, cultivados con unas normativas medioambientales mucho más laxas que permiten un precio mucho más barato.

"En la agricultura convencional el productor recibe el 25% del precio final. En la ecológica la cuota es mayor y también genera más empleo", explica Daniel López García, también del CSIC y especializado en agroecología. Según el investigador, elevar la cuota de agricultura ecológica como pide la UE puede beneficiar a los propios agricultores, pero necesitan ayuda para ello. "Hemos hecho estudios que demuestran que la renta agraria de las mayores explotaciones, las de grandes empresas que contratan temporeros y no les importa la sostenibilidad, está creciendo mucho, mientras que la agricultura familiar, mayoritaria en España por ejemplo, solo ve cómo va bajando la suya", apunta López. "En las movilizaciones del campesinado no hay una sola voz, pero el lobi del sector agroquímico o de la gran agroindustria sí tiene una sola voz", añade.