El sábado, en Barcelona, habrá una manifestación en la que miles de personas pedirán una reducción de los precios de alquiler. Habrá partidos de izquierdas, miembros "de la sociedad civil" y el Sindicato de Alquiladoras. Como ya hemos constatado en alguna ocasión, las personas de este sindicato se refieren a sí mismas como “inquilinos” pero, en cambio, nunca se refieren a “las propietarias de pisos”, o “las banqueras”, o “las mozas de escuadra” que hacen desahucios de “inquilinos”. El genérico masculino, en el nuevo orden lingüístico, se mantiene si el sujeto no cae bien. Podemos hablar de “los emprendedores y las emprendedoras”, pero nunca hablaremos de los “asesinos y asesinas”. En fin. La portavoz de las “inquilinos” de Madrid dijo que están considerando hacer una huelga (las “inquilinas” dejarían de pagar “a los propietarios”) con el objetivo de “bajar el precio al 50%”.
El precio del alquiler, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, es muy caro y desproporcionado respecto a los sueldos que “los empresarios” pagan a “trabajadores y trabajadoras”. El precio de compra de los pisos (y, por tanto, de las hipotecas), también. La subida del Euribor de los últimos tiempos ha hecho que muchas familias con hipotecas variables no hayan podido aguantarlo. Esta diferencia de precios de la vivienda entre comunidades autónomas nunca se tiene en cuenta a la hora de hablar de “solidaridad” interterritorial.
En cada legislatura nos hablan de cuántos pisos de “protección oficial” construirán. En Barcelona, a no ser que los hagan encima de las Torres Negras de La Caixa, no hay espacio. Sí, hay pisos vacíos. Pero si se incentiva fiscalmente a los propietarios, ¿por qué deberían ellos hacer caridad al Estado si, por ejemplo, los fabricantes de alimentos no los hacen? Es una trampa interesada, y poco resolutiva, querer mostrar “los propietarios” como buitres sin escrúpulos que sólo tienen ganas de joder y explotar “las inquilinos”.
