- ¿Ordenó usted el código rojo?
- Hice el trabajo que me encargó.
- ¿Ordenó usted el código rojo?!
- ¡Por supuesto que lo hago hacer, coi!
Jack Nicholson (Coronel Jessup) en Algunos hombres buenos
Me sorprendió –o no– la posición de la portavoz del Gobierno, Silvia Paneque, cuando el pasado martes le preguntaron por el reportaje del 30 minutos sobre las infiltraciones policiales en los movimientos sociales de los Països Catalans. Brevemente, dijo exactamente una cosa y la contraria, contradiciéndose y errando. Cuadrante un círculo imposible sostuvo en falso que aquellas operaciones de Estado se hicieron de acuerdo con la ley y con todas las garantías –y ella, como vecina de Girona, legitimaba así que a Òscar Campos le infiltraran tres años una policía en casa, en la cocina, en la cama. Desgraciadamente, y ya es mucho decir, temo que la portavoz no sabía ni de qué hablaba porque confundía, deliberadamente o no, la figura del agente encubierto –regulada legalmente y con supervisión judicial– con la de agente de inteligencia –opaca, no regulada, fuera de todo control y sin mandamiento judicial alguno, que es lo que denuncia elInfiltrados de Gemma Garcia y Sonia Calvó, sin embargo, reconocía a la vez los "daños psicológicos" producidos. lo dijo que los afectados podían denunciarlo –desconociendo que ya lo han hecho hace tiempo– porque disponen de un marco normativo efectivo de protección de derechos. Otra mentira efectista: chocarán con el muro infranqueable del secreto de Estado. Buenas noches, Marlaska, y buena suerte –podríamos añadir.
Pero si ciertamente me sorprendió es porque el mismo reportaje les facilitaba nítidamente cuál era la mínima brecha democrática, puede ser la única, disponible, exigible y transitable. Una de las resoluciones del escandaloso caso británico SpyCops –140 infiltrados en más de 1.000 organizaciones de izquierdas durante décadas– es la rueda de prensa oficial del portavoz de la Metropolitane Police, Martin Hewit, mirando a cámara en vídeo oficial y afirmando: "Reconozco que estas relaciones fueron una violación de los derechos humanos de las mujeres, un abuso del poder judicial y causaron un trauma significativo Quiero pedir disculpas sin reservas en nombre de la policía. ¿Tanto cuesta? Se ve que en estos lugares sí. Y por eso, honestamente, he de reconocer que en realidad no me sorprendieron ni gota las palabras de la portavoz –el desenlace, al final del artículo.
El reportaje de la televisión pública catalana, empollado tras una larga reconstrucción vinaderiana del equipo de investigación de La Directa, toca el tuétano de todo. Porque se adentra en una de las perversiones que hace demasiado tiempo equipara cualquier forma de disidencia política y social con delitos de terrorismo. La deriva autoritaria no es nueva –ya arrancó después del 11-S del 2001, y antes, con Aznar. La trampa primordial, que los propios diseñadores conocen de primera mano, es que sin esta equiparación terrible de convertir a vecinos comprometidos en potenciales terroristas nunca podrían emplear los utensilios excepcionales de los que disponen los estados para combatir la criminalidad organizada –mafias, terrorismo o tráfico de drogas y personas–. Políticamente, claro, la hipótesis más verosímil es que en otoño del 2019, en un contexto de protesta general contra 100 años de cárcel, los servicios de información no sabían ni entendían nada. Y por eso decidieron entrar en tromba a espiar a espacios políticos. ¿Qué marco legal podía ampararlos? Sostener que luchaban contra el terrorismo –es decir, que éramos terroristas–. Por eso a Òmnium le respondieron, con sello del Ministerio del Interior, que el independentismo estaba dentro de la estrategia nacional de lucha contra el terrorismo. Por eso no ha sido hasta esta semana –2025– que el independentismo catalán ya ha salido de la lista de terrorismos y extremismos de Europol. Ahora bien, ¿quién decidió que ciudadanos activos –y ejemplares– debían ser espiados, controlados e infiltrados? ¿Quién pulsó el botón de la siniestra razón de estado? Qué Jack Nicholson de turno ordenó el código rojo sabiendo a ciencia cierta que perpetraba una infamia? Qué coronel Jessup complica órdenes de trabajo?
Verdad oficial, verdad de oficiales. El silencio de estos días en el corazón del Estado es tan atronador que comporta también un inexpugnable reconocimiento. Cuando se callan, otorgan. Nada que decir. Pillados. El denso silencio político es también oficial y legal: todo lo que concierne a la opaca Comisaría General de Información está declarado secreto desde 1986 y lo ampara la ley de secretos oficiales, que habrá que recordar que es de 1969. Es decir, que sigue siendo franquista. Lo que tampoco tiene nada casual. Dos evidencias categóricas. Uno, que el infiltrado más conocido del franquismo es el infiltrado más conocido de la democracia: Mikel Lejarza, El Lobo. Dos, que los tres primeros responsables –en pretendida democracia– de esa comisaría general de información, entre 1978 y 1992, remiten directamente a tres nombres de funesta memoria y de turbios negocios: Manuel Ballesteros, Roberto Conesa y Jesús Martínez, los tres reconocidos torturadores bajo el franquismo. Para quienes pretenden sostener que en 1975 arrancó la fiesta grande de la democracia.
Ciertamente, se podrá convenir que contradecirse tanto, en tan poco tiempo, diciendo una cosa y la contraria a la vez y en una misma rueda de prensa, se integra plenamente en el descrédito político general, en el cinismo colosal que nos asedia y en la inquietante medida de nuestros tiempos. Desgraciadamente, no es una excepción. Esta misma semana hemos sabido que, finalmente, el gobierno reconocerá Via Laietana, 43 como espacio de memoria democrática. Ya tocaba, porque esto dice la ley que el propio gobierno redactó hace unos años –y que, por tanto, incumplía–. Pero trampa tras trampa, el fraude vuelve a flotar: el gobierno, incumpliendo la ley de nuevo, anuncia que a pesar de convertirse finalmente en un espacio de memoria seguirá siendo una comisaría de policía. Y no: o es una comisaría o es un centro de memoria. La ley hecha por la política dice que es la segunda. La política, contradiciendo la ley que han hecho, que es la primera. Al igual que el agente infiltrado que, por defender la ley según dicen, la vulnera –y todo por nada y para perseguir inocentes: tras tanta infiltración, ninguna de las víctimas ha sido denunciada por ningún hecho delictivo.
Quizá lo preceptivo, necesario e inevitable sería recordar que todo esto, claro, no remite en ningún caso a rémoras del pasado ni evidencian sólo herencias ideológicas inquisitoriales encostradas en la tecnoestructura de Estado. Son hechos del más radical presente, que ponen en entredicho un futuro donde en el altar de la seguridad deïficada se continuarán sacrificando libertades fundamentales, desmenuzando derechos básicos y trinchando garantías jurídicas que había costado décadas alcanzar. El rey va más desnudo que nunca: porque todo esto se ha ordenado, planificado y desplegado bajo las riendas del autobautizado gobierno más progresista de la historia, martillo de herejes también. Y con esto ya estaría dicho todo. Por eso, finalmente, no me sorprenden lo más mínimo las palabras erráticas y confusas, para salir del trance, de la portavoz del gobierno que ya no es de todos –de los espiados, seguro que no. Porque por muchas frases vacías y contradictorias, la portavoz olvidaba que es su gobierno homólogo estatal, es su ministro y es su partido –y todos sus silencios– quienes han ordenado, ejecutado y amparado todo esto. Los mismos que ahora ordenan callar y mirar a otro lado. Y hasta aquí llegamos. Por si quedaba duda alguna. Circulín.
