Independencia para vivir

Una de las inquietudes que tengo al criar hijos en Göteborg es pensar si se marcharán de casa según la media sueca, a los 18 años, o la catalana, por encima de los 30. Es injusto comparar países y modelos diferentes, sobre todo cuando están en dos extremos de la clasificación, pero se me hace inevitable pensar cómo puede ser de diferente la vida de personas idénticas si, por los avatares del destino, empiezan su edad adulta en Suecia o en Barcelona.

A pesar de las diferencias, hay elementos comunes entre los dos países. Un mercado de la vivienda con precios prohibitivos en las grandes ciudades, que en lugares como Estocolmo o Göteborg han disparado las listas de espera de los apartamentos bajo control de alquileres alrededor de una década. No es cierto, pues, que todo dependa de la disponibilidad de viviendas en el mercado. Aun así, el porcentaje de personas jóvenes que viven de forma independiente en Suecia no ha variado mucho desde hace 10 años. La divergencia clave entre el Norte y el Sur de Europa no es el “mercado”, sino el “estado”. Por ejemplo, el alquiler social en Suecia cubre alrededor de 8 de cada 100 personas, cuando en España cubre menos de una.

No son muchas las medidas que se han aplicado para facilitar el acceso a la vivienda de la gente joven en nuestro país. Una que puede ayudar es el bono joven estatal. Estos días hemos sabido que, en Catalunya, los 10.000 primeros jóvenes menores de 35 años, empadronados en un piso que alquilen por menos de 600 euros (o 900 si es el área metropolitana de Barcelona), y con ingresos regulares (pero inferiores a 24.300 euros) serán los afortunados, si hacen bien la solicitud –y no se colapsa el sistema–, que podrán tener 250 euros mensuales para ayudarlos a vivir de forma independiente. El alcance de la ayuda es, por lo tanto, bastante limitado.

Además, los adultos menores de 23 años no pueden solicitar ayudas de renta, como son la renta garantizada de ciudadanía (RGC) de Catalunya, o el ingreso mínimo vital (IMV), que los podría ayudar a vivir por su cuenta si no tienen suficientes ingresos. Incluso, en el caso del IMV, se les pide, si son menores de 30 años, que acrediten haber vivido de forma independiente durante al menos dos años. Un requisito que no se aplica a los que tienen más de 30 años. La explicación, del mismo ministerio de Inclusión, es que es una ayuda diseñada para personas vulnerables. Es decir, consideramos que aquellas personas adultas sin ingresos propios suficientes para vivir independientemente menores de 23 o 30 años, son responsabilidad de su familia, y no tienen que recibir ayudas de renta provenientes del sector público. Esta característica es propia de los estados de bienestar familiaristas, como el nuestro o el de Portugal o Italia. Señoras y señores, el peso recae en la familia. Y, como las familias son diferentes, obviamente esto contribuye a tener sociedades más desiguales.

Una ventaja del estado de bienestar nórdico es que busca reducir las desigualdades en el inicio de la vida adulta, tratando de facilitar la creación de un proyecto de vida independiente. Los jóvenes suecos, noruegos o daneses cuentan, además de ayudas a la emancipación, con políticas activas de ocupación y de vivienda diseñadas específicamente para ellos y, en algunos casos, ellos participan también en la formulación de estos programas. En Suecia reciben ayudas, becas y préstamos del estado si deciden seguir estudiando, y ayudas de renta si están en el paro. Sin importar de qué familia provienen. Es decir, se garantiza su independencia para vivir primero, para que puedan buscar después la independencia laboral y de ingresos, o la de formar una familia. Esto hace que los jóvenes no solo se emancipen mejor, sino que lo hagan en mejores condiciones y, principalmente, en una situación de igualdad. Entre clases sociales y entre géneros.

Garantizar primero la independencia para vivir, y crear un proyecto vital después, no es la única diferencia entre estos dos estados del bienestar. En el modelo nórdico hay un marco universalista de las políticas públicas, en que la protección social pasa a ser un derecho de la ciudadanía. Las posibilidades de emancipación dependen de muchos factores, tanto sociales como individuales, pero los países donde las personas jóvenes pueden emprender mejor un proyecto vital tienden a tener políticas de ocupación y de vivienda dirigidas a ellas. Se trata, pues, de ver a la juventud como un recurso estratégico para nuestra sociedad, para su crecimiento económico futuro y para el bienestar social. En la medida que el estado se desentienda del proceso de cambio en la vida adulta, las desigualdades sociales aumentarán. Sin capacidad para emanciparte no puedes ser independiente, ni igual.