El presidente valenciano, Carlos Mazón, en una reciente comparecencia. CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS
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Se han cumplido tres meses de la DANA que arrasó la Huerta Sur de Valencia y Carlos Mazón sigue agarrado a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Es donde piensa quedarse: en estos momentos, Mazón ya se ha impuesto el reto de agotar la legislatura y, redoblando la apuesta, de salir reelegido, y ya puestos a pedir, por mayoría absoluta, a las autonómicas de 2027. Si los partidos que le hacen oposición a las Corts Valencianes no hacen manos y mangas para evitarlo, es posible que lo consiga.

Las protestas callejeras exigiendo la dimisión de Mazón (este próximo sábado, día 1, tendrá lugar la cuarta) son masivas, son ejemplares en cuanto a civismo y relevancia social, y deberían ser motivo más que suficiente para obligar a cualquiera gobernando mínimamente responsable en replantearse la propia situación. No es el caso de Mazón, alguien que todavía no sólo sigue sin dar ninguna explicación satisfactoria, ni siquiera coherente, a su desaparición durante las horas clave del 29 de octubre, sino que va encadenando mentiras flagrantes a la vista de todos y es capaz de descender a la bajeza de cuestionar las ayudas a las víctimas de Gaza como si supusieran un agravio para los ciudadanos valencianos. Tras un momento inicial en el que quiso mostrar buena disposición, e incluso agradecimiento, a la colaboración entre administraciones, Mazón se ha dedicado a utilizar groseramente la tragedia que supuestamente debía gestionar para sacar rédito político.

La protesta ciudadana inevitablemente se irá amortizando, porque lo que llamamos "normalidad" tiene unos ritmos que se imponen, y hace que las personas tengan otro trabajo: la primera de todas, recuperarse de los estragos emocionales, psicológicos, económicos, estructurales... causados ​​por la catástrofe. En eso precisamente, en la calma que paulatinamente impone el tiempo, confían Mazón y los suyos para mantenerse en el poder. Y pilotar, por supuesto, los ambiciosos proyectos de reconstrucción y recuperación de la zona devastada, con suculentos contratos y comisiones en perspectiva. Mazón ya ha asignado digitalmente varios proyectos a empresarios vinculados al Partido Popular ya algunos de sus escándalos de corrupción.

La política valenciana y sus problemas caen bastante lejos del centralismo y el nacionalismo de la política española, que es un fenómeno que se produce en Madrid y no ve más allá de Madrid. La Comunidad Valenciana (como Baleares, como Cataluña) arrastra siempre el lastre del total desconocimiento de su realidad por parte de los centros de poder. El PP se ha resignado a dejar a Mazón como su marido en Valencia, aunque sea por no claudicar ante el PSOE, que por otra parte también ha sido incapaz de ofrecer ninguna respuesta a los valencianos más allá de una fría, burocrática gestión de las ayudas para afrontar las urgencias del desastre. Por tanto, los partidos que hacen oposición a Mazón en las Corts Valencianes deberían no sólo secundar las protestas ciudadanas, sino liderarlas y canalizarlas políticamente para expulsar a Mazón de la presidencia y llevarlo ante los juzgados.

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