Portugal: un problema ibérico

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Antonio Costa el 7 de noviembre en el palacio de Sao Bento, en Lisboa, en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión.

El historiador Fidelino de Figueiredo afirmaba en su libro Pirene (1935) que entre España y Portugal existían unas relaciones históricas y culturales de “paralelismo y asincronía”, es decir, que sucedían hechos similares en tiempos diferentes. Todo lo que está ocurriendo en torno al primer ministro portugués, el socialista António Costa, me ha hecho pensar que en este caso nos encontramos ante una situación paralela y sincrónica de inestabilidad política en ambos estados ibéricos, si bien repentina en el caso portugués y casi crónica en el español.

Los hechos son bastante conocidos. António Costa presentó su dimisión porque será investigado, que no acusado, en un caso de presunta corrupción. De entrada, el hecho de que el primer ministro Costa, que ganó por tercera vez las elecciones legislativas en el 2022 con mayoría absoluta, tomara esta decisión, le honra. Sería el primer jefe de gobierno portugués investigado durante su mandato y creo que hizo bien intentando ahorrar una tensión extra al sistema.

Sin embargo, esta dimisión abría un camino político complicado y que no puede ser interpretado desde la idea de que sistema político español y el portugués son idénticos. No lo son, ni mucho menos. Portugal es una república semipresidencialista en la que el presidente tiene muchas atribuciones como jefe de estado. Es así desde la Constitución de 1976 y especialmente desde la revisión constitucional de 1982, porque Portugal no tiene una Constitución inmutable y la ha revisado en siete ocasiones, modificando artículos importantes y algunos redactados demasiado fechados. Una de las diferencias más importantes entre España y Portugal en las funciones del jefe de estado es que el presidente puede interpelar a la Asamblea de la República sobre cualquier tema, es decir, tiene voz pública para opinar sobre las acciones del gobierno . Puede también disolver la Asamblea, previa consulta a los partidos y al Consejo de Estado o, incluso, puede hacer dimitir al gobierno. Por eso la decisión estaba en manos de Marcelo Rebelo de Sousa, del PSD (Partido Socialdemócrata), una formación de centroderecha. El presidente Rebelo de Sousa ha elegido convocar nuevas elecciones para el 10 de marzo, todo manteniendo en su cargo António Costa, un hombre difícil de sustituir. El PS podrá seguir disfrutando de su mayoría absoluta, pero el resultado de los comicios de marzo es incierto: el PS podría perder esa mayoría y quizás incluso las elecciones.

Como conclusión quisiera destacar un hecho: los conflictos entre poderes, concretamente entre el judicial y el ejecutivo, parecen ser un problema ibérico y no sólo nostrat, como creemos. ¿Qué pasará si los tribunales no logran construir un caso suficientemente sólido contra Costa? Un gobierno se habrá caído y se habrá entrado en una situación de inestabilidad de alcance imprevisible. ¿Quién pedirá entonces explicaciones y responsabilidades? Obviamente, los tribunales deben hacer lo que consideran adecuado y no pueden estar pendientes de las circunstancias del ejecutivo, pero creo que tenemos un problema de encaje entre los dos poderes que alguien tendrá que estudiar a fondo.

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