El Catalunya Media City o la ley del amianto: los proyectos que Salvador Illa rescata del gobierno Aragonés

Barcelona"No hemos tenido que cambiar ni una coma". La frase es de Salvador Illa del pasado sábado, cuando el presidente de la Generalitat visitó el futuro Catalunya Media City, el hub audiovisual que impulsó el gobierno de Pere Aragonès y que el ejecutivo socialista está decidido a mantener sin hacer demasiados cambios. No es la única iniciativa del ejecutivo republicano a la que Illa ha dado salida, sino que en este primer medio año de legislatura, el Govern ya ha hecho evidente que, pese a la oposición que el PSC ejercía hace sólo un año en el gobierno de Aragonès, ahora está dispuesto a reciclar parte de sus proyectos. La decisión le permite mantener cerca a ERC, uno de sus socios, aunque sea para fiscalizar la ejecución de sus proyectos.

Es evidente que cuando hay un cambio de gobierno, el nuevo equipo intenta poner su propio sello en las políticas que impulsa. Ahora bien, hereda una gestión de la que puede decidir desmarcarse y dar un giro de 180 grados, o darle una cierta continuidad. Este último escenario es el que ha elegido el gobierno de Salvador Illa. Catalunya Media City no ha sido la única evidencia en los últimos días; el ejecutivo socialista también ha anunciado esta semana un plan para reducir los choques frontales en las carreteras, en el que se servirá del programa 2+1 que ideó Pere Aragonès. "Lo normal y lógico es que haya continuidad institucional", apuntan fuentes del ejecutivo socialista. Una continuidad que creen que no está reñida con que el Gobierno ponga "el acento" en su propia agenda legislativa.

"Cuando Illa reconoce el trabajo realizado es positivo para el país", apuntan desde la oficina del expresident Pere Aragonès. En este sentido, existe una batería de proyectos de ley que decayeron el año pasado cuando Aragonés avanzó las elecciones, pero que Salvador Illa ha vuelto a llevar al Parlament. Se trata de la ley de memoria democrática o del estatuto de municipios rurales, que se encontraban en la fase final de su tramitación. También está el caso de la normativa que debe regular la eliminación del amianto, que Salvador Illa también hereda del gobierno republicano, pero cuyo trámite acababa de empezar en el Parlament. El caso es similar al de la ley de la Filmoteca.

Los socialistas también han dado salida a la ley de la economía social y solidaria ya la que regula la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, aunque esta norma ya provenía de gobiernos anteriores. Según fuentes republicanas y también del ejecutivo, el Govern tiene previsto recuperar la ley de derechos culturales del anterior ejecutivo y ha pactado con ERC dar salida a la norma para crear un cuerpo de acción exterior impulsada por la exconsejera Meritxell Serret. En este caso, no ha sido el Govern quien ha llevado la iniciativa a la cámara catalana, sino que lo ha hecho Esquerra a través de una proposición de ley. Esta semana los republicanos también han reclamado públicamente que el ejecutivo se haga suya la ley del audiovisual que impulsó la exvicepresidenta Laura Vilagrà y que pretendía actualizar la norma del 2005.

El tramo final de la legislatura de Aragonès fue especialmente tortuoso al ver cómo varias iniciativas. Fue el caso del decreto para regular el alquiler de temporada y habitaciones. El no de Junts y la abstención de los socialistas tumbó la normativa. El ejecutivo socialista ha recuperado este texto y lo vuelve a negociar con los republicanos después de pactar con los comunes el régimen sancionador. En el ámbito de vivienda, Isla también pactó con ERC y los comunes crear 50.000 pisos hasta el 2030, pero los acuerdos en este ámbito entre republicanos y socialistas se han ido reproduciendo en los últimos años: el gobierno republicano ya había pactado con el PSC en 2022 construir 10.000 pisos nuevos de alquiler social hasta 2026.

Los acuerdos de la última Bilateral

Más allá de la continuidad que haya dado Isla a determinados proyectos del gobierno Aragonés, en la última Comisión Bilateral Generalitat-Estado de febrero, se materializaron también algunos traspasos que ya había acordado el ejecutivo anterior. El incremento de agentes de los Mossos d'Esquadra se había empezado a negociar con Joan Ignasi Elena de conseller, pero los socialistas lo han acabado concretando y han elevado la cifra hasta los 25.000 mossos en el 2030. En esta última Comisión Bilateral también se aprobó sacar adelante un consorcio que ha lla.

De hecho, es este acuerdo el que obliga al Gobierno a impulsar determinadas políticas pactadas con los republicanos. Es el caso de la rebaja del IRPF para las rentas menores de 33.000 euros que hace pocos días también anunció la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, una medida que figuraba en términos similares al acuerdo con ERC –se hablaba de rebajar este impuesto a las rentas menores de 35.000 euros– y que los propios republicanos después reivindicaron como un acuerdo con el Govern. La medida, precisamente, ya la había pactado Esquerra cuando estaba en el gobierno con el PSC. Sea como fuere, desde la cúpula de ERC ven bien que Illa recupere proyectos del ejecutivo republicano porque supone reconocer "el buen trabajo realizado", pero avisan de que esto no les vincula más allá, es decir, que no les "condiciona" para aprobar medidas como los siguientes presupuestos.