No castigar a los promotores que no cumplen, una mala estrategia

Cuando en 2018 el Ayuntamiento de Barcelona, ​​con Ada Colau a la cabeza, implementó la medida que obligaba a destinar un 30% de las nuevas promociones inmobiliarias y grandes rehabilitaciones a viviendas de protección oficial hubo mucha contestación por parte de los promotores y la oposición política. Decían, como ha terminado ocurriendo, que habría una bajada de las promociones porque no les saldría a cuenta, y que esto supondría menos pisos en el mercado. Ssegún las cifras actuales del Ayuntamiento de Barcelona, ​​hasta la fecha efectivamente están en marcha sólo 156 viviendas de las 1.650 previstas en la medida. Es un decir, sólo un 10% de lo esperado. Por ello, el gobierno municipal está en conversaciones con algunos grupos para cambiar, seguramente antes del verano, la normativa a partir de un informe que redactó Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.

Mientras no se produzca este cambio, sin embargo, sigue vigente la norma anterior, que se había aprobado en un pleno con los votos de Barcelona en Comú, el PSC, ERC y Junts. Por eso resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Barcelona ya no sancione a los promotores que esquivaron su aplicación a lo largo del 2022. Los servicios de inspección habían detectado hasta 17 casos de incumplimiento, pero al poco de llegar a la alcaldía el gobierno del PSC, decayeron los cinco expedientes sancionadores que se habían incoado, así como el resto, que estaban en fases más iniciales y, finalmente y aún más grave, se han dejado de realizar las inspecciones. La razón, según fuentes municipales, es que existían dudas legales sobre la normativa y, además, en previsión del cambio de normativa, no se vio pertinente seguir controlando su aplicación. Desde la alcaldía aseguran que no estaban enterados de que hubieran decaído los expedientes, lo que hace aún más raro esta medida.

Es una estrategia muy discutible porque, además de ser injusta hacia los promotores que sí han cumplido la norma, hace que la administración esté en una posición de debilidad a la hora de negociar en el futuro el replanteamiento de una normativa que obligue a los privados a hacer más vivienda pública en alguna de las modalidades que se decidan. Si desde la administración que debe sancionarlos y controlarlos directamente se asume que no es necesario hacerlo, ¿por qué hay que cumplir la ley? Una cosa es evaluar y negociar el cumplimiento de la norma de forma más laxa, y la otra directamente dejar incluso realizar inspecciones.

De hecho, lo que propone ahora el informe Trilla no es que se deje de hacer vivienda pública sino que diferentes promotores puedan agrupar las viviendas públicas que les corresponden en un mismo bloque, en el mismo barrio pero no dentro de las promociones de mercado libre que hacen. Todavía está en discusión y habrá que ver cómo termina, pero si se hace por imposición de unos promotores que, como señaló recientemente la Asociación de Promotores de Cataluña, ya están pidiendo que en las viviendas mixtas haya entradas para pobres y entradas para ricos, el peligro de crear islas gueto es muy alto. La función de la administración, y se supone que más si está en manos de formaciones de izquierdas, debería pasar por evitar el clasismo, fomentar la integración y, sobre todo, cumplir y hacer cumplir las leyes.