El verano comienza, y aunque las lluvias recientes nos permiten olvidarnos (por unos segundos) de la grave sequía que estamos sufriendo, las altas temperaturas y los incendios nos recordarán en breve que el calentamiento global no es un fantasma del futuro, sino una realidad actual. Pero no son pocos los políticos que oímos, un día tras otro, haciendo declaraciones sobre el negacionismo climático. Hace décadas que desde la comunidad científica se alerta de los peligros de no tomar medidas para mitigar el cambio climático, desde el impacto en las temperaturas hasta las muertes que puede provocar. Si la ciencia y la política hubieran hablado más probablemente hoy no estaríamos donde estamos.
Esto es lo que pretenden hacer quienes abogan por el science for policy, es decir, hacer uso de conocimientos y métodos científicos para informar y guiar la toma de decisiones políticas. Básicamente, consiste en integrar evidencias científicas mientras se diseñan las políticas públicas para garantizar que se basen en datos fiables y análisis rigurosos, con el objetivo de mejorar la eficacia y sostenibilidad de las decisiones gubernamentales. Son muchos los gobiernos en todo el mundo que buscan en la comunidad científica consejo y asesoramiento, pero hace más de una década entidades como la OCDE nos reclamaban la necesidad de reforzar la colaboración entre el sector público, el privado y las instituciones académicas , con el objetivo de mejorar las políticas y aumentar el bienestar de la ciudadanía. Y desde entonces muchas cosas han cambiado.
La pandemia nos enseñó que la ciencia era imprescindible para tomar medidas de protección y comunicarlas a la población. Sin embargo, el uso de la evidencia no se restringe a las políticas sanitarias o al cambio climático. Este lunes se presentaban los resultados del Laboratorio de Políticas del Ministerio de Inclusión, con la presencia de Abhijit Banerjee, premio Nobel de economía por el uso que ha hecho de la experimentación de políticas para reducir la pobreza. El objetivo era aprender del gran plan de experimentación que se ha creado en torno al ingreso mínimo vital (IMV), en el que se han definido y evaluado 34 programas piloto, y han participado más de 70.000 personas beneficiarias, para saber lo que funciona y lo que no funciona en las políticas de inclusión social y laboral. Es un programa ambicioso financiado con fondos europeos, pero que se suma a iniciativas ya existentes a nivel estatal, como el CSIC, o la Oficina C del Congreso de los Diputados. O también la recién estrenada Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), que busca, entre otros objetivos, que cada uno de los 22 ministerios tenga un/a asesor/a científico/a, quieran o no.
Ciencia y política hablan lenguajes diferentes, y no van a igual velocidad, pero en un contexto de desinformación y retos globales sin precedentes, necesitamos más que nunca el conocimiento experto. Nunca podremos hacer políticas completamente científicas, pero sí evitar las políticas supersticiosas.
