Si se dividen las políticas de desarrollo por riesgo y retorno, las de bajo riesgo y bajo retorno son las ligadas a la mejora. Lo llamaremos área roja. La mejora no tiene riesgo, es simplemente hacer mejor lo que ya se hace: el Kaizen de los japoneses en los 60 y 70. La diferencia entre la mejora y la innovación es el riesgo. La innovación la tiene –algo puede salir mal–, la mejora no. Las de alto riesgo y alto retorno –área azul– son las rompedoras y transformadoras. Un ejemplo de área roja en fabricantes de coches es Volkswagen; de área azul, Tesla.
Las de alto riesgo y bajo retorno –área blanca– están ligadas a la ciencia más que a la tecnología, requieren financiación pública por su bajo retorno económico inmediato, pero si se desarrollan pueden ser la base de nuevas tecnologías eficientes, es decir, de área azul. Las políticas de área blanca, la ciencia básica, son las que han traído la aviación, la tecnología del espacio, la biotecnología, el internet, la energía nuclear... Los grandes avances de la humanidad en ciencia y tecnología. Siempre han necesitado la contribución del estado, y esta contribución ha hecho la diferencia entre el siglo XX y los anteriores –con la excepción de las tecnologías militares, que han contado con el apoyo estatal a lo largo de los siglos.
Las de bajo riesgo y alto retorno, área dorada, tienen vida corta porque las barreras en la copia son inexistentes. Pueden ser ejemplos las empresas Glovo o Telepizza. Ideas brillantes de vida efímera. Vender pizzas a domicilio o transportar bienes de consumo hasta el cliente con rapidez son ideas sencillas y copiables.
El valor del gasto e inversión en investigación respecto al PIB de un estado mide el esfuerzo en política de innovación. Hace treinta años, ese valor era de un 1% a nivel mundial; ahora, vistos los límites de la globalización y convencidos de todos los estados de la necesidad de mejorar por sí mismos, este valor ha pasado a ser del 2% en 2013 y del 2,6% en 2020.
Estados como Corea del Sur o Israel, que han hecho de esta política la base de su desarrollo, superan el 4,5% gracias a una fuerte colaboración entre el sector público y el privado, unida, en estados medios y pequeños como éstos, a una especialización que el Estado define e impulsa a través de incentivos económicos en el sector privado e inversiones directas al público. Para ser efectivos es necesario concentrarse. Corea ha logrado ser la primera potencia mundial en la fabricación de chips de altas prestaciones e Israel es líder en tecnologías militares y paramilitares. China, a pesar de las limitaciones del capitalismo de estado y la falta de mercado y competencia, basa el crecimiento económico en la investigación y desarrollo financiado con fondos públicos.
Los capitales públicos movilizados en los próximos años en EE.UU. y China para la investigación y el desarrollo están cerca de los 800.000 millones de dólares, conjuntamente. Esto llevará esta inversión, sumando la pública y la que ésta generará en el sector privado, a valores superiores al 3% del PIB. España está en el vagón de cola del tren de la investigación, con un 1,4% y un crecimiento en los últimos años inferior al 0,01% anual. Ni estamos donde deberíamos estar ni hay esperanza de que lleguemos si seguimos así.
Europa, siempre a remolque, ha definido un plan, New Generation, con unos fondos públicos de 352.000 millones de dólares (unos 300.000 millones de euros) orientados a tecnologías del medio ambiente y de la digitalización como sectores prioritarios. Estos fondos concedidos por la Comisión Europea se reparten entre los Estados miembros, que los redistribuyen. El problema para que estos fondos lleguen a la ciencia y la industria con rapidez es la falta de recursos de la administración pública para vehicularlos y las trabas administrativas a las que están sometidos. No existen canales suficientes para distribuir tanto dinero en tan poco tiempo, y el miedo a incentivar la corrupción no ha facilitado las cosas.
España y Cataluña deben salir de este estancamiento. Hay sectores industriales y tecnológicos grandes y punteros –alimentación, textil, automóvil, electricidad, construcción civil, salud, digitalización, energías renovables, farmacia y ciencias bio– en los que tenemos probada capacidad de crecimiento. Los catalanes hemos demostrado capacidad para la investigación, asimilación y desarrollo de tecnología.
Para realizar esta transformación es necesaria colaboración público-privada y focalización en ciertos sectores definidos como estratégicos. En España esta política nunca se ha practicado, y hacerlo en Cataluña es difícil si no existe la contribución del Estado, porque nuestro déficit dificulta la necesaria participación del sector público en la política de desarrollo industrial. Se deben movilizar los recursos necesarios para impulsar un plan que parta de una investigación suficientemente focalizada y concreta para que sea efectiva. Es necesario, simultáneamente, movilizar una fiscalidad adecuada a escala estatal, no computar como deuda pública la inversión en I+D, reducir más intensamente el impuesto de sociedades e incrementar en Cataluña las ayudas directas a los sectores definidos como estratégicos.
