Si nos preguntaran por las características de nuestro estado de bienestar seguramente no tardaríamos en hablar del carácter universal, y gratuito, de servicios públicos como la educación o la sanidad. Y si bien alguna vez la universalidad de la sanidad pública se ha puesto en duda, no ocurre lo mismo con su gratuidad. Lideramos los rankings internacionales de esperanza de vida al nacer y, en comparación con otros países, no existen grandes diferencias en el acceso a la salud en función de la renta. Pero este sistema no está garantizado, presenta importantes señales de colapso –como las largas listas de espera, o la falta de profesionales– y tiene carencias históricas en las dotaciones de ciertos servicios sanitarios. Sin embargo, parece, por las declaraciones de la nueva ministra de sanidad Mónica García, que alguna de estas carencias están en proceso de solucionarse.
Aunque la cartera básica de servicios sea muy amplia, sigue habiendo problemas de acceso a diferentes servicios como el bucodental, el visual, o el auditivo, que requieren pagos extra por parte de aquellas personas que los necesitan. Es el Sistema Nacional de Salud (SNS) español quien define los servicios básicos existentes en este catálogo, ya partir de ahí las comunidades autónomas pueden elaborar sus propios programas sanitarios.
Que algunos servicios deban financiarse de forma privada es especialmente problemático para aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad económica, así como para muchas familias con hijos a cargo. A diferencia de otros programas preventivos para la infancia y adolescencia, la atención óptica, y las gafas o lentillas, quedan exentas de cobertura y financiadas totalmente por los bolsillos de los padres y madres. Sólo tres de cada diez niños menores de siete años se han revisado la visión alguna vez, lo que es especialmente preocupante, ya que a menudo no son capaces de expresar o darse cuenta de la existencia de este problema visual. Este problema está aún más acentuado en las familias en situación de pobreza y/o exclusión social, lo que conlleva importantes consecuencias a corto, medio y largo plazo. Los problemas visuales pueden generar dificultades en las capacidades lectoras de las niñas y los niños, repercutiendo negativamente en su aprendizaje en general así como en el fracaso escolar.
El Ministerio de Salud ha anunciado el pago del coste de las gafas y lentillas por colectivos específicos –aún no identificados–, para incorporar así la salud visual en la cartera de servicios. Se trata de una iniciativa ambiciosa, pero necesaria. Actualmente, existen importantes diferencias de acceso a la salud visual en función de la renta de las familias. Y aunque ahora se corrija una de las grandes carencias históricas de nuestro sistema, todavía quedará una gran pendiente: la salud bucodental. Se trata de dos especialidades clave en el normal desarrollo de los niños y niñas, así como la calidad de vida futura. Tener servicios de prevención y tratamiento sin barreras de acceso es indispensable para garantizar la buena salud de la infancia y adolescencia.
