¿Por qué necesitamos un ministerio de Infancia y Juventud?
Pedro Sánchez ha formado finalmente su gobierno, entre equilibrios políticos y territoriales que explican, en parte, que haya mantenido 22 ministerios y cuatro vicepresidencias. Podríamos discutir lo pertinente que es –o eficiente– tener un ejecutivo de estas dimensiones, pero prefiero poner en valor la creación de una nueva cartera, Infancia y Juventud, dirigida por Sira Rego.
Son muchos los países con instituciones similares, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Escocia o Irlanda. Y aunque es la primera vez que existe en la democracia española, ya en el 2020 Sánchez creó el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, como iniciativa de presidencia. La situación lo requería. Ese año uno de cada tres niños y niñas españoles vivía en riesgo de pobreza o exclusión social, el tercer país en Europa sólo por detrás de Bulgaria y Rumanía, y muy por encima de la media europea de uno de cada cuatro niños y niñas. Si bien las tasas de pobreza de personas en edad de trabajar y –especialmente– jubilados se habían ido reduciendo desde la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión, la pobreza infantil apuntaba como uno de los grandes males de nuestro tiempo. Y, pese a la ligera mejora en estos dos años de algunos indicadores, el riesgo de pobreza persistente en la infancia sigue siendo una señal no sólo del difícil día a día de más de dos millones de niños y niñas en España –y 300.000 en Cataluña– sino también de una economía y una sociedad más pobres en un futuro.
La respuesta que damos hoy a estos niños, niñas y adolescentes es todavía escasa. Faltan no sólo políticas con un enfoque de infancia, sino más inversión en las que les afectan directamente, como la educación, la productividad o la innovación. Y tenemos también una falta de transferencias directas a las familias con niños a cargo.
Son muchos los países europeos que cuentan con prestaciones universales para sus hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad. En contraste, nuestro sistema sólo cuenta con una deducción fiscal por maternidad hasta 3 años y un complemento para familias de bajos ingresos hasta 18 años. Por otra parte, los sistemas de garantía de renta en otros países europeos pueden solicitarse a partir de los 18 años. Nosotros, tanto con el ingreso mínimo vital como con la renta garantizada de ciudadanía, pedimos tener 23 años y cumplir ciertas condiciones.
De los 18 a los 23 años los jóvenes son demasiado mayores para que a sus familias se les apoye para criarlos, pero demasiado pequeños para obtener ayudas del Estado. Un agujero en las prestaciones sociales –y las políticas públicas– de dos décadas que explica una parte importante de nuestras vergonzosas tasas de pobreza infantil y juvenil. La ministra Rego abre un nuevo ministerio con un listado muy largo de tareas a realizar, entre lo que puede implementar directamente y lo que necesita coordinar con otras instituciones. Un ministerio de Infancia y Juventud es esencial para centralizar esfuerzos, cerrar brechas en protección social e invertir en el futuro. Quizá sea un ministerio pequeño, pero tiene una gran misión.
