Volverá septiembre y barnizará los pámpulos de los viñedos y la lista de las obligaciones pendientes volverá a hacerse muy presente sobre la mesa o en la pantalla de inicio del ordenador. Este año no podremos decir que agosto ha sido un desierto de noticias porque las guerras interpelan los límites del sufrimiento soportable; porque la extrema derecha inglesa ha intentado una revuelta racial en las periferias de las ciudades de un Reino Unido que estrenaba gobierno laborista; y porque las elecciones de noviembre en Estados Unidos no parecen trumpistamente e inevitablemente decantadas.
No ha sido un agosto solo de sucesos: el Órgano de Gobierno de la Magistratura ha renovado sus componentes –aunque la elección de la presidencia todavía está pendiente– y en el Parlament de Catalunya se ha investido un nuevo president –y el mapa político catalán y español se ha movido con esta investidura.
El PSC vuelve a reivindicar el periodo Maragall-Montilla e incluso los materiales utilizados para la redacción del Estatut del 2006 se han convertido en referentes para la negociación del acuerdo de investidura. ERC pone mucho interés en explicar que son los materiales del acuerdo en el Parlament del 2005, pero todos saben que si existe alguna posibilidad de que se acuerde un cambio en el sistema de financiación que dé mayor soberanía fiscal será porque los artículos 204 y 205 del Estatuto son ley Orgánica del Estado y es necesario volver a explorar su aplicación.
Que el consorcio tributario o la entidad equivalente puede y debe convertirse en la Administración Tributaria en Catalunya es una exigencia que nunca debería haberse olvidado. Volveremos a escuchar los clamores de ruptura de España que ya oímos durante toda la tramitación de todos los estatutos de autonomía que ha tenido Catalunya, incluso el que no llegó a existir cuando en 1919 se disolvieron Les Corts antes de someterlo a plebiscito, aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad, que también tuvo su Mensaje de Castilla.
Volveremos a debatir en un clima tenso las diversas modalidades de estados descentralizados que existen en las democracias parlamentarias del mundo actual. Ciertamente, los debates en coyunturas electorales y en Parlamentos de fuerte fragmentación no son los ejercicios pedagógicos que los que reclamamos reflexión y pedagogía quisiéramos, pero parece, y es lo que más lamento de la posición socialista, que solo en el pulso ineludible de las correlaciones de fuerzas previas a las investiduras se formulan claramente propuestas de avance político para conseguir mayor soberanía política para Catalunya.
La investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat es un hecho político remarcable. Lo fue su clara victoria en las elecciones y lo ha sido la negociación y acuerdo de investidura, así como la configuración de un gobierno que aporta un núcleo del PSC de la última década, pero también aporta interesantes novedades que confío en que sean capaces de introducir nuevos debates y propuestas diferentes en las políticas llamadas sectoriales –que en este gobierno es lo que marcará su verdadero devenir.
Hablaré poco del jefe de la oposición, figura que Pasqual Maragall reivindicó que fuera reconocida institucionalmente y tuviera un trato equivalente a conseller de la Generalitat y que ahora, por primera vez, recae en un ex president, Carles Puigdemont. El tiempo en la política es un valor estratégico y el calendario de unas elecciones convocadas por otro ex president, Pere Aragonès, que ha decidido no seguir formando parte del Parlament. El calendario no era baladí porque todos sabíamos que la ley de amnistía acabaría en el Tribunal Constitucional y en el TJUE. Por tanto, sabíamos que su aplicación, por estrategia judicial o por estrategia de las partes, sería larga y llena de obstáculos.
Pero durante todos estos años de eurodiputado y de exilio en Waterloo, he hablado rara vez del ex president. He hablado pocas veces porque mi opinión es que su dependencia jurídica y psicológica del abogado, asesor, y estratega Gonzalo Boye hace que a menudo olvide el respeto que partidarios y no partidarios de su persona tenemos en la institución de la presidencia de la Generalitat.
Desde la jornada de investidura y de los propósitos y despropósitos policiales he ratificado mi suposición. No era un presidente que volvía y quería hacer acto de presencia en el edificio lleno de simbolismo histórico de la Ciutadella, no era una intervención pensada y elaborada que congregara el respeto de todos hacia los presidentes que ha tenido esta institución desde su recuperación en etapa de la Segunda República –como una adaptación de la Diputación del General de origen medieval de características diferentes, pero de la que respetamos su numeración–. Ni siquiera era el regreso emotivo de quien ha estado lejos de los paisajes que llamamos casa y que, siendo nuestra tierra, sentimos como patria, cada uno a su manera. Era, una vez más, el cliente de un abogado que ha intentado que la ley de amnistía le condonara su expediente de blanqueo de dinero de narcotraficantes y que es, ante todo, un antisistema, también de las instituciones catalanas.
Desmedida, desmitificación e insensibilización de un día en el que cada uno representaba a las instituciones catalanas como sabía, como podía o como le habían ordenado. El problema de Gonzalo Boye es que no siente ese vínculo y va contra el mundo. La causa catalana necesita desvincularse de personas como él. Y, si Junts per Catalunya quiere volver a representar al empresariado catalán, también tendrá que prescindir de esta dependencia psicológica y reencontrar su espacio ideológico.
