MadridLa resolución del Supremo asumiendo la competencia para investigar a los aforados Puigdemont y Wagensberg era previsible, tras el conflicto registrado en la Fiscalía sobre la posibilidad de sostener o no la acusación de terrorismo en el caso Tsunami Democrático. Cuando un juez se dirige a la Sala de lo Penal con una exposición razonada contra aforados –como ha hecho el magistrado García-Castellón–, el tribunal mira con mucho cuidado el informe del fiscal, y habitualmente sigue su criterio, aunque éstos dictámenes no son vinculantes. Sin embargo, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no ordenó que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se ocupara del caso desde el principio, y cuando lo hizo ya era para apagar un incendio, lo que había empezado entre los fiscales de la sala penal del Supremo, que en una junta consideraron, por 12 votos contra 3, que sí podría sostenerse que en el caso Tsunami Democrático se cometieron delitos de terrorismo.
El hecho de que el primer fiscal que tocó el asunto, Álvaro Redondo, hubiera opinado que había terrorismo, para corregirse después –habiendo hablado antes de esta segunda decisión con el fiscal general– no hizo más que complicar las cosas, porque facilitó que se diera por supuesto que le habían presionado para cambiar de criterio. Esto estimuló el 12 a 3 mencionado, y obligó a que la teniente fiscal del Supremo fuera la última en intervenir, cuando por razón del cargo es quien habitualmente informa sobre los casos que afectan aforados. Pero la número dos de la Fiscalía actuó como vagón de cola del tren, en lugar de aparecer al mando del convoy.
Este hecho no es anecdótico, porque ir detrás de los acontecimientos dificulta dar explicaciones convincentes y ganar la batalla de opinión pública. Dicho esto, es altamente probable que el Supremo hubiera asumido el caso Tsunami en cualquier circunstancia, estimando la existencia de delitos de terrorismo por parte de Puigdemont, dijera lo que dijera la Fiscalía. El conflicto que ha habido entre los fiscales es periférico, pero ha sido muy importante para reforzar la posición de quienes rechazan la aprobación de la ley de amnistía. Ahora bien, el tuétano, la cuestión principal que hay que plantearse para analizar lo que está ocurriendo en España en este inicio de legislatura es si los recientes movimientos judiciales responden a un supuesto propósito de higiene democrática oa la reaparición del fenómeno descrito como el "gobierno de los jueces".
Esta irrupción del poder judicial en el primer plano de la política ha pasado otras veces, sobre todo en momentos de crisis del sistema. En un artículo editado por el Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Edoardo Frosini describía el caso italiano diciendo que "el poder judicial ha operado como un instrumento de moralización de la vida civil, reemplazando, de hecho, a la clase política gobernante y tratando de imponer una nueva forma de administrar los asuntos públicos". Y añadía que el "intervencionismo" de la justicia italiana provocó que "el juez se convirtiera también en legislador, en una clara vulneración del principio de separación de poderes". Reflexione. ¿Nos está pasando lo mismo?
