BarcelonaLa deriva antiinmigración de la Unión Europea es general. No se limita a los dirigentes de extrema derecha como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ni a la última medida polémica de Bruselas, que se plantea reproducir el pacto de Italia con Albania e instalar campos fuera del territorio comunitario para deportar a los recién llegados. El giro en materia migratoria hace tiempo que se está cociendo: va desde la izquierda hasta la derecha, y de Italia hasta Dinamarca, pasando por la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen. En casi todas partes gana bastante el clamor de endurecer las políticas contra los inmigrantes, aunque sea a costa de poner en cuestión los valores fundacionales de la propia UE y del derecho internacional.
El máximo exponente es Meloni. La líder italiana, que en un primer momento generaba recelos en Bruselas y en el resto de socios europeos, ha conseguido que el global de la UE haya adoptado su discurso contra la inmigración. Incluso la presidenta de la Comisión Europea ha reivindicado sus políticas como el ejemplo a seguir. Ahora bien, no es la primera ni la única en defender la externalización de la gestión del reto migratorio.
Dinamarca, por ejemplo, que está gobernada por los socialdemócratas, hace tiempo que propone medidas similares a las de Meloni. Entre otros, en el 2018 anunció que enviaría a los solicitantes de asilo a una isla deshabitada. En la misma línea, aunque fuera de la UE, Londres también se adelantó a Roma y el ex primer ministro Rishi Sunak se planteó un plan similar para deportar a migrantes a Ruanda.
De hecho, la propia Comisión Europea, que debería ser la garante de los tratados de la UE, ha sido pionera en este sentido. Lleva años firmando contratos millonarios con terceros países para que frenen las oleadas migratorias que se dirigen hacia Europa o para que, entre otros, gestionen los campos de refugiados y de inmigrantes que los Estados miembros no quieren en su territorio. Es decir, aunque el tono contra los recién llegados está llegando a decibelios inéditos, el giro en materia migratoria de la UE hace tiempo que se está produciendo.
La crisis del espacio Schengen y los derechos fundamentales
Uno de los países que más ha virado en materia migratoria ha sido precisamente el mayor e influyente de la UE: Alemania; y bajo un gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas. El canciller germano, Olaf Scholz, ha hecho instalar controles en todas sus fronteras por teóricamente luchar contra la entrada de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Esta medida, que atenta directamente contra la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen, contrasta, por ejemplo, con las políticas de acogida de refugiados que desplegó su predecesora, la conservadora Angela Merkel.
Otro de los socios comunitarios que desea tomar una medida inédita es Polonia. Ya no gobierna la extrema derecha y, para gran alegría de Bruselas y la gran mayoría de Estados miembros, ha vuelto al frente del gobierno polaco el conservador Donald Tusk. Sin embargo, el expresidente del Consejo Europeo pretende suspender de forma temporal el derecho de asilo en su país para, teóricamente, evitar la "instrumentalización de la inmigración" que hace Rusia y Bielorrusia, que la utilizan para realizar una "guerra híbrida" contra la UE.
Las grandes dudas del plan Meloni
El plan Meloni y el reto migratorio vuelve a acaparar el debate político de la UE, aunque el número de inmigrantes que han entrado de forma irregular en el blog ha disminuido respecto al año pasado. La agencia europea de fronteras, Frontex, ha registrado una caída de un 42% desde inicios de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Así, en estos momentos han accedido a la UE unas 166.000 personas de forma irregular y se prevé que las cifras globales de 2024 sean similares a las de 2021, si bien en 2022 y 2023 se detectó un ligero pico de entradas. En cualquier caso, las cifras son incomparables con las de la crisis de refugiados del 2015, cuando se superó el millón de entradas.
Evolució de les rutes migratòries mediterrànies cap a la UE i el total d'entrades d'immigrants irregulars
Sin embargo, a pesar de estos datos, la UE está centrada ahora en incrementar el porcentaje de recién llegados en situación irregular que consigue deportar, que actualmente sólo es de entre el 20% y el 30%. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿dónde los va a deportar? "El pacto migratorio europeo se basa en una ficción. Parte de la base de que el retorno es posible, pero los países terceros están reacios a ellos porque tienen un coste político muy elevado", responde al ARA la experta en inmigración del Cidob, Blanca Garcés.
Por eso la gran mayoría de estados miembros y la propia Comisión Europea ahora estudian emular a Meloni y crear campos fuera de la UE para deportar a migrantes. Sin embargo, tal y como explica la experta Garcés, es una iniciativa que presenta los mismos problemas que el pacto migratorio vigente: en los casos en que se deniegue el derecho de asilo, los países europeos tampoco podrán devolverlos a un tercer país. Además, plantea muchas dudas, tanto legales como logísticas y económicas.
Cabe recordar que en 2018, cuando Dinamarca propuso lo mismo que Meloni, Bruselas aseguró sin ambigüedades que era una medida que contravenía las normativas comunitarias y el derecho internacional y humanitario. Y, a principios de este mes, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, descartó aplicar una medida similar al plan de Reino Unido con Ruanda, porque "es una medida política que no es digna ni humana".
En cuanto a cuestiones de eficacia, Alemania y Francia, entre otros países, también han mostrado sus dudas. "No son la verdadera solución para un país tan grande como Alemania. El pasado año nos llegaron 300.000 inmigrantes en situación irregular. Conseguir que no lleguen unos 2.000 es muy poco", dijo Scholz en el Consejo Europeo de la semana pasada. También existen varios países comunitarios que remarcan que los costes del plan Meloni son demasiado elevados.
La prensa italiana y diferentes ONG estiman que Roma tendrá que pagar 18.000 euros por cada deportación al centro que ha construido en Albania, una cifra a la que hay que añadir todos los gastos relativos a la gestión de los campos. En total se calcula que cada inmigrante puede costar entre 250.000 y 290.000 euros en el estado italiano.
Sea como fuere, el conjunto de la UE está endureciendo su discurso contra la inmigración mientras la extrema derecha gana fuerza. El consenso en Bruselas y los Estados miembros sobre el reto migratorio ha ido cambiando en los últimos años, especialmente en los últimos meses. Ningún país quiere parecer demasiado blando ante la entrada irregular de inmigrantes. Ahora les relacionan sin pesar con la inseguridad y les atribuyen casi todos los males de la UE. "Los consensos están cambiando y se abraza una medida que es un despropósito. Hay una voluntad de cambiar el paradigma", resume Blanca Garcés.
![Vista de un drone muestra un campo de acogida para migrantes ilegales a la espera de viajar a Italia, a Shengjin, Albania, el 15 de octubre de 2024.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
