¿Tenemos derecho a saber el nombre de los asesinos adolescentes?

Éste es el dilema al que se enfrentan los británicos estos días. Un grupo de medios pidió a la jueza que se puedan hacer públicos los nombres de los dos chicos de doce años que, armados con machetes, están acusados ​​de matar a un joven de diecinueve. La magistrada se ha negado, argumentando que el presunto beneficio en nombre del interés informativo no justifica poner en riesgo el bienestar de los dos presuntos asesinos, que pese a su edad se enfrentan a una probable cadena perpetua. Los diarios que han reclamado poder identificarlos argumentan, por el contrario, que saber sus nombres podría permitir detectar si se han producido errores sistémicos de la administración en relación a los dos menores.

La justicia debe regirse por el principio de máxima transparencia, pero realmente aquí cuesta justificar que en aras de un principio general se pueda causar un perjuicio tan evidente a dos personas concretas y palpables, por mucho que hayan cometido una atrocidad. ¿Que si ha fallado el sistema? Pues claro: algo fundamentalmente equivocado estamos haciendo como sociedad si chavales que apenas comienzan la pubertad empuñan machetes y sienten vidas. Publicar los nombres de los dos chicos sólo puede servir para atizar una campaña de persecución mediática para satisfacer el morbo de la audiencia (y también para aplicar un castigo extra). Que la familia de la víctima se posicione a favor de llamarles públicamente refuerza la idea de la identificación como pena de Telediario añadida. Entendiendo el dolor del círculo íntimo del fallecido, la reparación, si es que resulta posible, debe venir de otros canales. Vivimos tiempos extremos, de odio encendido. Ambos chicos han quitado una vida, pero han arruinado la suya. Pagarán con su libertad. Es suficiente castigo, y escribir dos nombres desviaría el foco de atención. Lo importante no es desvelar nombres, sino señalar el clima social.