Las movilizaciones campesinas han logrado sensibilizar a la población europea, mayoritariamente urbana. Durante las protestas la opinión pública se puso en gran parte a su lado. Y la ultraderecha se intentó apropiar de ello, con mayor o menor éxito según los países. Con esta suma de factores sobre la mesa, y sobre todo con la perspectiva de las elecciones de junio en la Eurocámara, Bruselas, en un gesto inédito por su celeridad, ha decidido tomar medidas: básicamente, reducir la burocracia ligada a las ayudas de la política agraria comunia (PAC), sobre todo para los pequeños agricultores. Y hacerlo a expensas de la política verde, pero minimizando su afectación.
Es sin duda una victoria del clamor campesino. La UE se ha movido con rapidez, luchando de algún modo contra su misma tendencia a la lentitud en la toma de decisiones. La propuesta inicial de la Comisión data del 15 de marzo y este martes, sólo diez días después, los Estados miembros han dado su visto bueno. Ahora faltará el acuerdo del Parlamento Europeo, que no está previsto problemático. Esta vez se ha actuado por vía de urgencia, lo que, más allá del horizonte electoral, responde a una toma de conciencia inédita. Pese a que la PAC se remonta a 1962 y supone una parte relevante de los presupuestos comunitarios, en los últimos tiempos ha visto cómo la lucha climática le pasaba por delante. La ultraderecha, negacionista o relativista climática, ha querido aprovecharse de ella. Pero al margen de esto y de la preocupación ecologista –Greenpeace ya ha hecho constar su oposición al freno a las políticas verdes–, existen problemas reales de supervivencia para un sector clave en muchos aspectos.
El malestar del campo, junto a la lucha climática, serán previsiblemente dos de los temas estrella de la contienda electoral europea. Aunque hay particularidades diferenciales en cada territorio, nadie escapa al doble problema: tanto la despoblación del campo como su explotación climáticamente responsable son cuestiones paneuropeas con implicaciones alimentarias, sociales y económicas que van mucho más allá del peso demográfico de un sector que tiene 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan allí habitualmente.
Una de las medidas clave que ha adoptado la UE es la exención para los pequeños agricultores –los que trabajan menos de diez hectáreas de tierra– de algunos controles y condicionantes que hasta ahora se les requerían para beneficiarse de las subvenciones. Esta iniciativa afectará al 65% de los propietarios de la tierra de la Unión Europea, quienes, sin embargo, sólo suponen el 10% de todas las tierras cultivadas en el espacio comunitario. De esta forma se quiere cuadrar el círculo: reducir el papeleo destinado a garantizar la ambición ambiental y, al mismo tiempo, afectar a poco territorio para no perjudicar los objetivos climáticos. En la misma línea, se flexibilizan los condicionantes relativos al barbecho (descanso de tierras) a cambio de ir cambiando los tipos de cultivos para variar los nutrientes que se extraen de la tierra. Excepcionalmente, también se podrá evitar el barbecho por temporales o sequía. Un difícil y delicado equilibrio.
