Desde que el expresidente español José María Aznar lanzó su famosa instrucción hace un año, coincidiendo con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, porque "lo que pueda hablar de que hable, lo que pueda hacer que haga, lo que pueda aportar que aporte, lo que pueda moverse que se mueva", los frentes judiciales contra Pedro Sánchez se han multiplicado. El instrumento más efectivo para vehicular querellas contra el presidente español y su entorno ha sido la asociación ultraderechista Manos Limpias, quien presentó escritos contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y también contra su hermano, David Sánchez, un músico contratado por la Diputación de Badajoz para hacerse cargo de los conservatorios y orquesta de la provincia. El caso contra Begoña Gómez ha ido avanzando de la mano del juez Juan Carlos Peinado pese a que la Guardia Civil no vio delito. Este miércoles, la jueza ha llamado a declarar como imputado a David Sánchez y al líder del PSOE extremeño, ya que en este caso la UCO de la Guardia Civil sí ha detectado indicios de irregularidades. Se investiga si realmente David Sánchez realizaba sus funciones y si hubo tráfico de influencias, es decir, favoritismo, en la contratación.
Hay que decir que el contrato de David Sánchez en Badajoz había sido cuestionado incluso por Podemos, y ahora todo puede convertirse en un quebradero de cabeza para un presidente español que tiene múltiples frentes abiertos y que una parte muy importante de 'establishment español querría fuera de la Moncloa (no el catalán, curiosamente). Este miércoles también se ha producido algo que demuestra que esta guerra políticojudicial es sin cuartel y no se hacen prisioneros. El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha dimitido después de que trascendiera que había registrado ante notario unos mensajes de un cargo de la Moncloa (la mano derecha de Óscar López, director de gabinete de Sánchez) en la que se le facilitaba información sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Moncloa no ha entendido ese movimiento, destapado por el diario Abc, y lo ha interpretado como una forma de cubrirse si la jugada salía mal. Por eso le ha obligado a dimitir.
El caso es que Lobato está citado a declarar el viernes al Supremo en caso de que investiga la filtración de los correos de la defensa del novio de Ayuso en el que admitía el fraude fiscal y se abría a un pacto con la Fiscalía. Si Lobato involucra a la Moncloa en la filtración, los problemas para Sánchez se multiplicarán. Y es que el ámbito judicial es un coto de los conservadores, tal y como demuestra el hecho de que un caso que debería acorralar a la presidenta madrileña, que es pareja de un defraudador fiscal y vive en un piso que habría sido pagado presuntamente con éstos dinero defraudado, ahora ha derivado en un caso que podría derribar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que la Guardia Civil atribuye la filtración, y podría salpicar incluso a la Moncloa. No cabe duda de que mucha gente está siguiendo las instrucciones de Aznar, y esto, sumado a la impericia de unos (el fiscal general) ya la posible corrupción de otros (caso Koldo, etc.), puede hacer temblar la silla de Sánchez.
