Estamos en época de destrucción. También de todo lo que han sido avances significativos en la construcción de un mundo menos violento y cruel. Las minas antipersona vivieron su máximo auge durante la segunda mitad del siglo XX. Un arma barata, sencilla de transportar y usar para ejércitos regulares o grupos irregulares. En un contexto de cambio (de grandes guerras entre estados a conflictos dentro de una misma frontera en los que participaban muchos actores armados), las minas estaban pensadas como una forma de aterrorizar a la población civil enemiga. No solo producía muertes sino también muchos malheridos y mutilados. En el paroxismo de la crueldad, se llegaron a diseñar minas con colores llamativos para que niños y niñas se acercaran, pensando que eran una mariposa o un animalillo, y les estallaran.
Las minas antipersona presentaban un grave problema incluso cuando el conflicto ya había terminado. Muchas zonas minadas seguían generando víctimas: nadie recordaba exactamente dónde se habían esparcido y, en todo caso, detectarlas y desactivarlas era un trabajo muy costoso y peligroso. Miles de personas siguieron sufriendo las minas pese a los acuerdos de paz.
La evidencia de que las minas tenían un enorme e indiscriminado impacto sobre la población civil hizo que ONGs humanitarias lanzaran un grito de alarma. Y junto con ONGs de paz y derechos humanos impulsaron en 1992 la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona. Tras vencer muchas resistencias consiguieron la adopción del Tratado de Ottawa. 26 años después, más de 160 países lo han ratificado y han convertido las minas antipersona en un arma estigmatizada y prácticamente erradicada. Incluso los países que se negaron a apoyar el acuerdo (entre otros, Estados Unidos, Rusia y China) acabaron asumiendo, en la práctica, su prohibición.
En las últimas semanas, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia han anunciado la voluntad de salir del Tratado con la justificación de poderlas usar ante un posible ataque de Rusia.
Pero las minas son un arma extremadamente poco fiable, que no distingue entre soldados y civiles. De hecho, según datos del Landmine Monitor, el 85 por ciento de las víctimas de las minas son civiles. Si varios países vuelven a hablar de usar minas con normalidad pueden poner en marcha una nueva cadena global irresponsable y criminal de legitimación de las minas. Y ante esta tendencia, cabe recordar una evidencia: el tratado contra las minas no es solo un gran hito en el desarrollo de las normas humanitarias internacionales y en la historia de logros de la movilización ciudadana por la paz. La prohibición de las minas, sencillamente, ha sido una herramienta que ha ayudado a salvar miles de vidas humanas y evitar mucho sufrimiento humano. Volver a un mundo con minas antipersona campando libremente es todo lo contrario de hacer una aportación a la defensa de las personas y las comunidades y la seguridad global.
