Las elecciones del 23-J han dejado un panorama político en España que puede tardar semanas en despejarse. Con una derecha sin posibilidades de conseguir la mayoría necesaria para formar gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tienen la oportunidad de constituir un pacto que rompa con la tendencia imperante en Europa últimamente: la llegada de las fuerzas de extrema derecha a los gobiernos nacionales de la Unión Europea. Es una oportunidad que no puede dejarse pasar, por la propia supervivencia de un proyecto europeo que la extrema derecha quiere reducir, cuando no eliminar. La UE puede cambiar de tendencia a partir de las elecciones españolas y detener la ola reaccionaria que se temía para las europeas del 2024.
Sánchez ha sido el presidente español con mayor proyección internacional de los últimos años, ha tejido alianzas y complicidades en varias familias políticas europeas que han garantizado, por ejemplo, el diseño de un plan de recuperación y resiliencia o la excepción ibérica en los precios de la energía, cosas inimaginables en otro momento. El cambio de gobierno, especialmente con una potencial entrada de Vox, ha preocupado, y mucho, a Bruselas desde la convocatoria electoral. La repetición electoral parece ser un riesgo injustificable que puede romper el dique de contención que se ha creado contra las fuerzas eurofóbicas.
Una de las primeras consecuencias del resultado del domingo es que Pedro Sánchez continuará presidiendo el Consejo Europeo el resto de la presidencia española, que finaliza en el mes de diciembre, independientemente de cuánto se alarguen las negociaciones para la formación de gobierno o de si hay repetición electoral. Aunque la labor de las presidencias de turno del Consejo se desarrolla normalmente con antelación y en cooperación con el llamado trío de presidencia (en el caso español, con Bélgica y Hungría), es cierto que cada país puede dejar su impronta personal durante sus seis meses. Durante la presentación de las prioridades españolas para el semestre, Sánchez destacó entre otras la transición ecológica y la consolidación del pilar social europeo, con, por ejemplo, el establecimiento de unos estándares mínimos y comunes de tributación empresarial en todos los estados miembros y la lucha contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales. No es difícil imaginar que un cambio de gobierno en España con Vox se llevaría por delante el trabajo realizado hasta ahora: basta con recordar que hace dos semanas se aprobó en el Parlamento Europeo, por un margen ínfimo, la ley de restauración de la naturaleza, dentro del Green Deal europeo, con el voto en contra de los partidos de derechas y de extrema derecha.
Asimismo, la Unión Europea está en un momento de definición del papel que juega en el mundo. Aunque no parece que debería haber un cambio importante de la posición de España si hubiera un cambio de gobierno, la guerra en Ucrania por la invasión rusa y la entrada de nuevos países europeos en la OTAN ha tensionado los equilibrios internos dentro de la UE para algunos de los socios europeos de Vox (algunos de los cuales no han escondido sus simpatías por el líder ruso). Mantener un frente unitario en este tema ha sido una prioridad de las instituciones europeas desde el principio, y un moto que ha repetido el gobierno español desde el inicio de la presidencia de turno del Consejo.
Por último, cabe señalar que el batacazo de Vox debilita a Manfred Weber, el líder de los populares europeos, que quería impulsar la convergencia con los partidos ultraconservadores como los de Meloni, Orbán y Abascal de cara a las próximas elecciones europeas en 2024. Esta convergencia habría arrastrado a los conservadores europeos a posiciones más reaccionarias y habría arrasado con la tradicional política de grandes pactos que impera en Bruselas.
El 23-J ha abierto la puerta a un cambio de rumbo en la Unión Europea que hasta ahora parecía imposible. Se había instalado cierta aceptación de inevitabilidad de la llegada de las fuerzas reaccionarias a los gobiernos de la Unión con unas consecuencias preocupantes para los distintos países, pero también para la UE como proyecto político. La obsesión de Abascal con la Agenda 2030 y la constante referencia a la defensa de las naciones soberanas, en contraposición, en su opinión, con lo que representa la UE, van en contra de los principales cimientos del proyecto europeo. Abrir la posibilidad de que las fuerzas reaccionarias gobiernen en un nuevo estado miembro, a través de la repetición electoral, sería indeseable y un escenario a evitar.
