Las medidas económicas del gobierno del Estado anunciadas martes para contrarrestar los efectos de una guerra y una crisis energética podrían ser valoradas como las peores posibles… si no tuviéramos en cuenta cuáles son las alternativas a no aplicarlas. La bonificación de los carburantes con 20 céntimos por litro, los avales ICO y el resto de propuestas que suman unos 16.000 millones de euros presentan muchos problemas desde el punto de vista económico, pero son necesarias para poder salir de una situación compleja. Dadas las circunstancias, el gobierno tenía que actuar. Repasamos los problemas que tienen algunas de estas medidas y sus virtudes: en qué parece que lo ha acertado el ejecutivo de Sánchez y en qué se ha podido equivocar.
En estos momentos la presión de los carburantes requiere una acción rápida que dé oxígeno a muchas familias y empresas que no pueden asumir una gran subida de precios en un contexto de crisis económica y social. Pero la manera en la que esta rebaja se repartirá entre los productores y los consumidores de carburantes depende de cómo los compradores reaccionen a cambios en los precios, y un estudio para EE.UU. indica que hasta el 30% de estas subvenciones acaban en manos de los productores. A su vez, en un momento en el que los objetivos medioambientales tendrían que ser prioritarios, reducir la carga fiscal sobre los carburantes puede llevar a un aumento de la demanda de combustibles fósiles (cosa que puede derivar, también, en un aumento del precio por parte de los productores). Y finalmente, pero no menos importante, se trata de una medida regresiva.
Pero las medidas del gobierno tienen dos ventajas críticas en estos momento de alta incertidumbre. En primer lugar, en no discriminar a nadie –todos aquellos que necesiten gasolina, independientemente de si tienen una furgoneta de reparto o un 4x4, se verán beneficiados– y son rápidas. En un país con poca tradición de ayudas directas no había tiempo de condicionar las ayudas a la situación socioeconómica de la ciudadanía. De hecho, una crítica que se hizo a la actuación española ante el parón de la economía por la pandemia es que actuó con demasiada lentitud. Se priorizó que las ayudas llegaran a los que más las necesitaban –un objetivo muy valioso– por encima de que llegaran con rapidez. Esta velocidad es la que se consiguió en EE.UU., donde el gobierno dio cheques a todos los ciudadanos de forma inmediata.
La segunda ventaja es que este paquete de ayudas tiene consecuencias económicas, pero también sociales y políticas. Las medidas son señales que el gobierno envía a los ciudadanos. Nos dice “estamos con vosotros y, juntos, saldremos adelante”. Las medidas quieren levantar la moral de la gente, calmarla y evitar que, como ha pasado en muchas democracias de nuestro entorno, los problemas económicos puntuales desencadenen conflictos sociales a gran escala. Pasó en su momento con la subida de los carburantes en Francia, que generó el movimiento de los chalecos amarillos y puso a Macron contra las cuerdas. Tenemos una sociedad muy robusta, que ha mostrado su solidaridad tanto de forma interna –con la pandemia– como externa –con la guerra de Ucrania–. Pero se trata también de una sociedad muy tensionada. Lo muestra el paro de los transportistas, pero también la percepción social de que hay importantes desigualdades. Es un terreno peligroso, donde pequeños descontentos pueden desembocar en grandes crisis sociales. Ya pasó en México o en el Brasil con las subidas de precio de productos básicos.
Precisamente porque la finalidad de estas señales es social, más allá de económica, la manera en la que se toman estas medidas es tanto o más importante que lo que contienen. Y aquí al gobierno de Sánchez le ha faltado mano izquierda. En vez de crear una coalición política con la oposición –el PP–, los socios tradicionales –el PNV, o las izquierdas– o las mismas comunidades autónomas, Sánchez ha trabajado a solas. La decisión es más rápida, y el mérito se lo lleva él. Por ejemplo, el de conseguir de Europa la excepción ibérica en el mercado de la energía. Pero se ha perdido la oportunidad de mostrar que el gobierno del Estado representa unos intereses sociales más amplios que los de su partido. Cualquier alianza política habría dado a las medidas la impronta de que, detrás, hay muchos ciudadanos y ciudadanas, e intereses diversos.
Cuando se tienen que tomar decisiones rápidas se pueden cometer errores. Pero demasiado a menudo van en la misma dirección: el gobierno del Estado decide unilateralmente y lo que exige del resto es lealtad. El excesivo presidencialismo, que afecta a la mayoría de gobiernos democráticos, y no solo al nuestro, ha hecho que la imagen que transmita Sánchez no sea tanto “estamos con vosotros” como “estoy con vosotros”. Y este no es el mensaje que hoy necesitamos oír.
