Las pruebas PISA han provocado una sacudida educativa. El debate siempre debe ser bienvenido y en ese caso es más necesario que nunca. Hay un amplio consenso en que los peores resultados de la historia en Cataluña responden a causas multifactoriales y, por tanto, que es necesario abordar la situación a la vez con valentía e inteligencia. Uno de los elementos a tener en cuenta es, sin duda alguna, el presupuestario. Pero aquí tampoco cae en la simplificación. Con los números en la mano, resulta evidente que sufrimos un déficit. A la hora de hacer la radiografía de los países y comunidades del Estado participantes en las pruebas PISA, Cataluña sale perdiendo se mire como se mire. Castilla y León, la comunidad española con mejores resultados, invierte en educación un tanto por ciento de su producto interior bruto (PIB) que es casi el doble que Cataluña: un 4,49% frente al 2,52%. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, en la relación entre los presupuestos educativos y el PIB también quedamos lejos de Estonia, Alemania, Francia o Japón.
Pero, ¡atención!, más recursos no es automáticamente garantía de mejores resultados. En este sentido, es muy importante ver a qué se destina el dinero. Por tanto, sí: toca incrementar el gasto público en educación en Cataluña. De hecho, es una reclamación histórica, en la que en los últimos años, superadas la crisis financiera y la crisis pandémica, se han hecho fuertes los sindicatos, que han liderado un ciclo de huelgas y han marcado el discurso de los docentes, muy focalizado en condiciones laborales.
Entonces, ¿dónde se debe invertir el dinero? Aparte de estar por debajo de su entorno en términos presupuestarios, un hecho diferencial claro de Cataluña es la realidad social estructural, que se refleja en los centros, con un alto porcentaje de familias vulnerables y recién llegadas. Un 24%, según PISA, mientras que en Japón, que ha obtenido los terceros mejores resultados en PISA, representan un 1%. Alemania, que como Cataluña ha experimentado un gran bajón y ha alcanzado también sus peores resultados, tiene un 26% de alumnos vulnerables. Queda claro dónde hay una parte relevante del problema.
Así pues, si en un sitio hay que verter recursos extras, es en las escuelas e institutos que concentran esta pobreza social, que acaba teniendo una traducción directa en los resultados educativos. El dinero que debería ponerse debe servir para crear más aulas de acogida, para hacer grupos más reducidos, para dar acompañamiento extraescolar a los que no se lo pueden pagar, para proporcionar los centros de bonos y más profesionales. Y a los buenos maestros, además de formarlos bien, de evaluarlos de forma continua y de elegirlos con mayor exigencia, se les debe poder retribuir mejor: los que asuman el trabajo de remontar centros de alta complejidad deberían ver compensado económicamente su compromiso. Sería una forma, también, de atraer talento a los destinos más difíciles. Además de todo ello, resultaría decisivo conseguir evitar la segregación escolar, es decir, distribuir de forma más equilibrada a los alumnos de entornos vulnerables, sea por pobreza o por origen, con el objetivo de evitar guetos educativos.
