De la ley de amnistía al caso Pegasus: 'eppur si muove'

Ya advertimos que el proceso para aprobar la ley de amnistía sería tortuoso, y el capítulo de la presentación de las enmiendas así lo demuestra. Por último, Junts ha aceptado la tesis de que era mejor retirar de la ley la excepción de los delitos de terrorismo, tanto para proteger a los CDR que pueden acabar siendo condenados por este delito como porque podía ser la excusa para declarar la norma inconstitucional. Pero el PSOE, que ya había pactado el grueso del redactado, no ve claro ese punto y se ha negado a ello. Eso sí, en enmiendas pactadas con ERC y con otros grupos, los socialistas se abren a introducir cambios menores de carácter técnico. Pero sólo eso.

El tiempo dirá quién tiene razón desde el punto de vista jurídico y si se logra de verdad incluir todos los casos, incluso el de los CDR. Pero hay que recordar que el juez García-Castellón también intenta imputar por un delito de terrorismo a los responsables del Tsunami Democrático por la muerte de un turista francés por un infarto durante la ocupación del aeropuerto. Por tanto, son lógicos los temores de los partidos independentistas, ya que es evidente que los jueces intentarán buscar cualquier subterfugio legal para evitar aplicar la ley de amnistía en todos los casos que ahora están en los juzgados.

En todo caso, el trámite parlamentario sigue adelante y las negociaciones siguen abiertas. Como diría Galileo, eppur si muove. Esta máxima también es aplicable a la aclaración del llamado Catalangate, el espionaje a líderes independentistas por parte del CNI con el programa Pegasus. El consejo de ministros ha desclasificado de forma parcial, a petición del juez de Barcelona que lleva el caso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la documentación que afecta al jefe del Gobierno. Aún no se sabe cuál es el alcance de la desclasificación y, por tanto, qué información relativa al espionaje se hará público, pero sería imprescindible al menos saber los motivos del CNI para intervenir el teléfono del que entonces era un vicepresidente de la Generalitat inmerso en negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Y si se demuestra que Aragonés no estaba cometiendo ningún delito, entonces tomar las medidas necesarias contra los responsables del espionaje.

La tercera pata de este nuevo escenario debe ser la voluntad de llegar hasta el final en el esclarecimiento de la guerra sucia contra el independentismo. En un gesto inusual, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha revelado este martes que el consejo de ministros debatió y analizó las últimas revelaciones sobre el caso, que calificó de "extremadamente graves". Sin embargo, la tentación del PSOE puede ser utilizar este caso sólo como ariete para desgastar al PP y no querer realmente llegar hasta el fondo. La documentación y las grabaciones que hay sobre la mesa son suficientes y de sobra para que la Fiscalía General del Estado actúe. En cambio, el PSOE prefiere poner el foco en sí Mariano Rajoy comparece en la comisión de investigación del Congreso. Pero sólo cuando haya una investigación judicial con cara y ojos podrá decirse que realmente se quiere llegar hasta el fondo.