El problema del acceso a una vivienda digna es uno de los elementos que más precariedad social generan. La liberalización de los precios del alquiler, que ahora se quiere mitigar, sumada a la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008 y a la crisis pandémica, han extremado su gravedad. Solo la moratoria de los desahucios durante la actual crisis del covid ha conseguido frenar el descalabro social. Pero el problema, acentuado también por un gran déficit de vivienda social, está lejos de resolverse. Para una persona sola, con un sueldo medio, resulta imposible acceder hoy a una vivienda en una área metropolitana, sea de compra o de alquiler. Los jóvenes, en especial, lo tienen muy complicado para emanciparse, para ser autónomos.
El anteproyecto de ley de vivienda española, que tiene que dar pie a la primera norma estatal en 40 años, había generado muchas expectativas. El hecho de que en el gobierno de coalición haya una formación, Podemos, que ha hecho caballo de batalla ideológico y programático de ello hacía pensar que se podía dar un paso adelante importante. Pero al parecer el acuerdo final al que se ha llegado con el PSOE ha rebajado los objetivos. En todo caso, los ha rebajado respecto, por ejemplo, a la ley catalana, que, por otro lado, ya fue llevada ante el Tribunal Constitucional por el propio ejecutivo de la Moncloa. En unos cuantos puntos más osada que el anteproyecto de ley español, la norma catalana cuelga de un hilo. Ciertamente, todavía hay margen para que el Congreso de Diputados enmiende un texto que, por otro lado, solo podrá salir adelante con el apoyo del soberanismo catalán y vasco. De hecho, las comunidades gobernadas por el PP ya han dicho que no tienen ninguna intención de aplicar el futuro texto estatal: con las competencias traspasadas, lo pueden ignorar siempre que no dispongan de ley propia. Si hay ley autonómica propia, como es el caso catalán, hay que adaptarla a la estatal.
El anteproyecto del gobierno español llega, pues, con once meses de retraso sobre el calendario anunciado y con algunas decepciones. La regulación de los precios, que ha sido el principal punto de fricción entre socialistas y podemistas, se ha resuelto haciendo énfasis en la vía de los incentivos fiscales. Finalmente, se recoge una reducción del IRPF de hasta el 90% si el propietario rebaja un 5% el alquiler en comparación con el contrato anterior (al principio, para bonificarse esta reducción, el alquiler tenía que caer un 10%, como marca la ley catalana, que ahora se puede ver rebajada). Otro punto de conflicto es el de las llamadas "zonas tensionadas", donde los grandes tenedores (los que tienen más de 10 viviendas) estarán obligados a bajar el alquiler, y los pequeños (los que tienen menos de 10), a congelarlo. Esta rebaja o congelación se tendrá que hacer en relación con un índice de referencia de los precios, una estadística sobre la cual la normativa no concreta nada y que, además, tiene un margen de 18 meses para ser negociada a partir del momento en el que se apruebe la norma. Teniendo en cuenta que el trámite en el Congreso se puede alargar bastantes meses, la intervención efectiva sobre el gran problema social que tienen España y Catalunya todavía tardará mucho. Demasiado. Como mínimo, cuando llegue, estaría bien que no se quedara a medias.
