La indignación por la nefasta gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la catástrofe de la DANA ha desbordado a Valencia. El clamor de miles de personas –130.000, según la Delegación del gobierno español–, que le señalan por no haber actuado para disminuir las consecuencias evitables de esta tragedia que ha costado 215 vidas –y todavía hay 41 personas desaparecidas–, ha estallado en forma de una movilización contundente. El mensaje para Mazón está claro: que se pliegue. Por si el balance trágico no fuera suficiente para poner bajo sospecha su gestión, las informaciones que se han confirmado en los últimos días (como su almuerzo con una periodista que se alargó hasta las seis de la tarde el día de la catástrofe, cuando el operativo de emergencias ya estaba reunido), así como las falsedades difundidas por algunos miembros de su gobierno, han desatado aún más las críticas. Los manifestantes no tienen suficiente con que se aparte y branden el camino judicial para que pueda depurarse su responsabilidad en las muertes que ha dejado la DANA.
Todo ello, en medio de una destrucción que tardará en borrarse en miles de calles impracticables, hogares devorados por el barro y empresas y negocios destruidos. En el ARA publicamos las primeras estimaciones que los técnicos y expertos han hecho del alcance material de las inundaciones. Las viviendas afectadas podrían superar los 270.000, según la Universidad de Valencia. Y, cuando se baja al por menor, se observa en buena parte de la zona afectada la huella de los booms constructivos de las últimas décadas, que se han ido zampando la huerta para edificar de manera desordenada y sin planificaciones, obviando los riesgos a los que se exponían estos nuevos barrios. Son errores que cada vez pueden costar más caros, a la vista de la creciente violencia de episodios climáticos como éste, y por mucho que algunos (el propio Mazón entre ellos) se empeñen en cuestionar los efectos de la crisis climática.
Todas las lecciones urbanísticas y de planificación que tocará extraer de esta DANA al País Valenciano son fácilmente trasladables a Cataluña. Las construcciones en terrenos inundables han sido una constante en muchos puntos del país, como demuestra que el 15% de las zonas urbanas y cerca de un 10% de la población catalana deben convivir con estos riesgos. ¿Estamos preparados? En el ARA hemos consultado a expertos técnicos y ambientalistas sobre cómo debemos afrontar un futuro en el que no sólo toca planificar diferente, sino también estar preparados para defender lo que tenemos construido y minimizar los daños de posibles catástrofes. Están en juego viviendas, equipamientos básicos y grandes infraestructuras y comunicaciones como líneas de tren o el propio aeropuerto de El Prat. Por eso se necesitan planes e inversiones que sobrepasan las legislaturas y que llaman a los gobiernos a tener una mirada larga porque, como se ha hecho evidente con la destrucción de la DANA, prevenir es el único camino si no se quiere tener que asumir costes de reparación cada vez más estratosféricos.
