La reciente detención de Pavel Durov, cofundador y CEO de Telegram, ha generado una amplia cobertura mediática y encendido un intenso debate, especialmente en torno a los derechos digitales, un tema sobre el cual la población en general sigue estando, en gran medida, desinformada.
Primero, debemos reconocer que, por el momento, no contamos con todos los hechos sobre este caso. No obstante, resulta curioso que Durov sea detenido ahora, considerando la obtención acelerada de la ciudadanía francesa, concedida a pesar de la clara conciencia sobre los problemas asociados a Telegram. Parece que en su momento el gobierno francés pasó por alto estas preocupaciones, lo que sugiere que su detención podría estar vinculada a cuestiones geopolíticos, particularmente en relación con el papel de Rusia y Francia en África. Lo que sí sabemos con certeza es que tanto la plataforma como su fundador son altamente controvertidos. Durante años, Durov ha sido cortejado y atacado por diferentes gobiernos, lo que subraya el papel central que las plataformas en línea han adquirido, no solo en nuestra vida diaria, sino también en la geopolítica global.
Es importante aclarar que este debate no se reduce a una cuestión de blanco o negro. Defender a Telegram como empresa es difícil, especialmente si consideramos sus prácticas de moderación de contenido, que son altamente problemáticas, si no inexistentes, y que van de la mano con una alarmante falta de responsabilidad y transparencia corporativa. Esto ha convertido a Telegram en la aplicación preferida de extremistas de extrema derecha y otros grupos peligrosos. Es probable que Telegram esté violando la Ley de Servicios Digitales de la UE, que regula el contenido que se puede compartir en las plataformas en línea. Sin embargo, esto no significa que su Consejero Delegado, o cualquier empleado, deba ser coaccionado mediante cargos penales para cumplir con las leyes de gobernanza de contenido.
A pesar de presentarse como una "aplicación de mensajería con un enfoque en la velocidad y la seguridad", dejemos claro que Telegram no es una aplicación de mensajería verdaderamente segura. Expertos en seguridad digital han advertido durante años sobre las deficiencias, poniendo énfasis en que no utiliza cifrado de extremo a extremo (E2EE) por defecto, lo que significa que no ofrece más seguridad que Facebook Messenger o WhatsApp. En última instancia, Telegram funciona más como una red social que como un servicio de mensajería seguro. No está bien preparada para resistir las prácticas de vigilancia de Francia o las leyes de registro de criptomonedas. Sin embargo, esto no significa que los estados miembros de la UE no aprovecharán este caso para intensificar su campaña contra el cifrado, presentando engañosamente el cifrado como el problema.
Y es que este debate está estrechamente vinculado a la lucha pública en curso contra el anonimato en lugares como España. No debería sorprender que España haya apoyado la prohibición del cifrado de extremo a extremo, argumentando la necesidad de acceder a la información en internet en respuesta a una propuesta de la UE para escanear mensajes privados en busca de material ilegal en el contexto de la lucha contra el material de abuso sexual infantil. Sin embargo, ni en este ni en otros contextos, no existe experto alguno que certifique que limitar la disponibilidad del cifrado es necesario o una solución viable para acabar con la criminalidad. Los estados miembros de la UE y otros actores han invocado durante mucho tiempo la necesidad de "proteger a los niños", al igual que han justificado medidas anteriores bajo el pretexto de "proteger nuestra seguridad". Estos argumentos se están utilizando cada vez más para justificar acciones que ponen en peligro, si no violan abiertamente, nuestras libertades fundamentales, en un contexto de creciente securitización de varios aspectos de la vida pública y privada.
Finalmente, y estrechamente relacionado con los puntos anteriores, estos desarrollos resaltan el peligro de que los estados se acostumbren a adoptar medidas desproporcionadas para obligar a las plataformas a cumplir con sus reglas o solicitudes de actuación. Ejemplos de ello son la suspensión de X/Twitter en Brasil o la orden fallida del juez Santiago Pedraz de suspender Telegram en 2023. Acciones como estas suelen pasar por alto los distintos derechos fundamentales que están en juego. Si realmente desean proteger nuestros derechos, nuestras autoridades deberían hacer un esfuerzo por proteger nuestros derechos digitales. Pero ello obligaría a abandonar un discurso tecnosolucionista según el cual muchos problemas extremadamente complejos podrán solucionarse mediante el uso -en sus manos, claro está- de la tecnología. Los abusos de poder, claro está, no existen en ese relato utópico.
